Aragón pagará 3,3 millones de euros a Acciona tras rescindir el PP, en funciones, el contrato del hospital de Teruel
No hay ni una sola piedra levantada del proyectado hospital de Teruel y al gasto destinado a proyectos, estudios y movimientos de tierras hay que sumar 3,3 millones de euros. Este “quebranto económico”, como lo calificó el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, el socialista turolense Vicente Guillén, es el dinero que el Ejecutivo autonómico va a tener que pagar a Acciona, la empresa adjudicataria del proyecto de construcción, como indemnización por haber rescindido el contrato.
Así lo recoge una sentencia que acaba de dictar el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, que estima en su totalidad el recurso de Acciona que reclama una indemnización millonaria.
La sentencia da la razón a la empresa por “no haberse hecho el replanteo en el plazo legalmente previsto” y establece cantidades concretas: 1,2 millones de euros por el 2 % de la contrata más los intereses legales; 1,1 millones por el pago de impuesto de construcción, además de las tasas y licencias de obras que cobró el Ayutamiento de Teruel, gobernado entonces y ahora por el PP, y que ahora deberá pronunciarse también, avisó el consejero.
El fallo recoge que se estima el recurso contra la orden del exconsejero de Sanidad de Aragón, Ricardo Oliván (PP), de 29 de junio de 2015, en la que confirma en alzada la resolución de 18 de marzo de ese mismo año de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud por la que se rescindía el contrato.
La fecha adquiere también significado, dijo Guillén, puesto que la orden se firmó en un gobierno en funciones, a apenas una semana de que el equipo socialista de Javier Lambán tomara posesión. El Gobierno de Aragón recurrirá la sentencia porque es su “obligación”, dijo el consejero que, reconoció, no confía en conseguir nada por esta vía.
Además, recordó que como secretario de los socialistas turolenses, y antes de llegar al Gobierno de Aragón, ya avisó de que la rescisión del contrato les costaría a los turolenses, no solo quedarse sin un nuevo hospital que sustituya al actual, pequeño y obsoleto, sino también un “quebranto económico sustancioso”.
Y la cantidad podría ser mayor, como recoge la sentencia, si la empresa hubiera solicitado el 6 % de la contrata como indemnización.
La decisión del Tribunal demuestra la gestión “nefasta” del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi para Teruel, cuyo única misión fue “cumplir el objetivo de déficit” y, por ello, puso “excusas” para no llevar a cabo un proyecto que estaba adjudicado. De ahí que haya pedido “responsabilidades políticas”, que no concretó, porque “la gravedad del asunto”, resaltó, “no puede quedar impune”.
