Desde hace unos años me viene con frecuencia a la memoria el comienzo de Conversación en La Catedral, la novela de Vargas Llosa, y en particular la frase de uno de sus protagonistas, que yo adapto a mi país: «¿En qué momento —se pregunta Santiago— se había jodido el Perú?».

Además de esta pregunta hay otra que me vengo haciendo desde el final de la era Zapatero, cuando Rajoy empezaba a vender su crecepelo. ¿Qué interés puede tener alguien en presidir un país malogrado?

A estas dos, he añadido últimamente alguna más: ¿proporcionará el poder una satisfacción tan potente que merezca la pena pasar a la historia como el sátrapa que terminó de hundir al país? Entiendo que ser presidente de los Estados Unidos o canciller de la República Federal de Alemania te ponga cachondo. Pero... ¿presidente del Gobierno de España? Por mucho que mandes, por mucho dinero que ganes con sobresueldos, no dejas de ser el presidente de un viejo país ineficiente. Dinero se puede ganar sin necesidad de estar tan expuesto. ¿Compensa entonces provocar tanto desprecio, tanta náusea, tanto odio y tanto deseo de venganza? A ver si es que Rajoy —he llegado a pensar en mi desconcierto— es un hombre honrado y generoso, un mártir dispuesto a inmolarse...

El pasado día 2 de mayo Roger Senserrich publicó en este diario un artículo titulado "Bangladesh, fábricas y pobrezas", que causó cierto revuelo entre algunos lectores, y que provocó la desaprobación no sólo de la defensora del lector, sino del mismo director, que reconoció haber cometido un error autorizando su publicación.

Yo lo leí ayer, diez días después del alboroto, cuando ya se habían apagado los ecos de la polémica. El artículo dice algo que indignó a muchos lectores:

Emilio Botín aprovechó la junta general de accionistas de Universia que se celebró el viernes pasado en Málaga para dejar claro que el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda que acaba de aprobar la Junta de Andalucía le parece "muy mal, fatal". Según el banquero, "ese tipo de medidas no ayuda en absoluto a la economía española". Se refiere Botín a la intención que tiene la Junta de expropiar durante tres años los pisos ocupados por familias que vayan a ser desahuciadas en un intento de rebajar los cerca de 45 lanzamientos diarios que se están produciendo en Andalucía.

Pero si hacemos caso a Botín, todo esto son exageraciones: en el drama de los desahucios la intervención del Estado sobra. Sobra como sobraba la supervisión estatal en las operaciones financieras. Según él, para resolver el problema basta la regulación de los propios bancos. El Santander sin ir más lejos ha aplazado el crédito de casi 20.000 familias por un importe de 2.000 millones de euros, y ha modificado las condiciones a muchas de ellas.

Hay que agradecer a don Emilio su solidaridad, pero es evidente que la seráfica voluntad de las entidades bancarias no basta por sí misma para solucionar un problema, que sigue ahí. El código de buenas prácticas, o como diablos se llame esa promesa de los bancos al Niño Jesús comprometiéndose a ser excelentes boy-scouts, no está dando resultados. Y en estas circunstancias la obligación del Estado es actuar. Ya hemos visto a dónde nos lleva la vista gorda. El decreto de la Junta no pretende mejorar la economía española; su encomiable iniciativa es un torniquete de emergencia para detener una hemorragia.

Corre la idea de que el Gobierno del PP utiliza lo entretenido de esta crisis económica para colarnos de matute unas cuantas leyes que podríamos llamar blandas, normas de carácter moral, elaboradas por los integristas católicos del partido, que molestan mucho pero que no pueden compararse en dureza a la reforma laboral.

Sin embargo, estas leyes que parecen adornar el núcleo duro de la política del PP no son un simple aprovechamiento de la coyuntura ni un agradecimiento a Rouco por su trabajo de desgaste la pasada legislatura. La liquidación de la Educación para la Ciudadanía, las maniobras de Ana Mato para restringir al máximo la píldora del día después, o la reforma de la ley del aborto que está preparando Gallardón son tan agresivas como la ley hipotecaria. En la agenda del PP estas iniciativas tienen el mismo rango y la misma función que los recortes de sueldos y derechos: quedarse con todo, un viejo sueño de la montaraz derecha española, una antigua aspiración de esas doscientas familias que provienen de la casta cristiana de la Reconquista y que todavía se consideran dueñas del país y sus habitantes.

Todo lo que estamos viviendo desde el comienzo de la legislatura forma parte de un gigantesco plan de expropiación, que consiste en dejar sin trabajo, sin dinero, sin cobertura médica, sin casa, sin enseñanza de calidad, sin vejez asegurada y sin derechos laborales a buena parte de la población. Las exigencias de Bruselas han servido de coartada, pero hubiesen hecho lo mismo sin crisis económica.

La anulación de los acuerdos con el Vaticano, que Marcelino Oreja firmó como ministro de Asuntos Exteriores cuando el cadáver de Franco estaba todavía caliente, no acabará con la crisis económica, pero sí con muchos de los males que arrastramos desde el final de la Guerra Civil.

En primer lugar se recuperarían las horas lectivas que ahora se malgastan teniendo que enseñar catequesis en las escuelas. Los jefes de estudios no tendrían que montar los horarios del instituto en función de las clases de religión, y los niños que optan por la alternativa a la catequesis —vacía de contenido por voluntad de los obispos— aprovecharían también su tiempo.

Denunciar el Concordato traería aparejada una reforma de la financiación de la Iglesia católica, que como cualquier secta o club privado debería sustentarse con la cuotas de sus asociados y no con exenciones fiscales ni con los miles de millones opacos que ahora se sustraen de nuestros paupérrimos presupuestos.

No sé si María Dolores de Cospedal habrá visto el sobrecogedor vídeo de unos nazis de Almería preparándose los muy cabrones para ser desalojados de su casa, y tener así la excusa perfecta para hacer un escrache.

El vídeo es muy elocuente: en él se ve a una madre y a su hijo de 8 años. El niño se parece mucho a los niños de 8 años que sufren en sus carnes la violencia brutal de los escraches, pero afortunadamente no es uno de ellos. Este niño del vídeo es un niño de otra clase, se le ve.

"La Filosofía hace magnánimo al arquitecto, y que no sea arrogante, antes flexible, leal y justo, sin avaricia, que es lo principal; pues no puede haber obra bien hecha sin fidelidad y entereza. No será codicioso, ni amigo de recibir regalos; antes procure mantener su reputación con gravedad y buena fama".

Vitruvio, De Architectura.

Querido Juan Carlos:

Leo en la prensa que todos los partidos políticos están preocupados por el deterioro de las instituciones. No les hagas mucho caso. La mayoría de las instituciones funcionan bien. Las únicas que están fallado últimamente son precisamente las que dirigen ellos, los preocupados. Y la tuya, claro, por eso te escribo. Por lo demás, las cosas funcionan razonablemente bien, incluso muy bien. La sociedad civil ha despertado tras varias décadas de letargo y participa de manera activa, con manifestaciones y protestas, en la vida política. Por su parte, los jueces van cumpliendo con su obligación, siempre que los dejan, y aplican la ley a todos por igual. Qué te voy a contar a ti.

Pero vayamos a lo que nos interesa, que es el vertiginoso declive que está sufriendo la Monarquía en general y tu persona en particular. Estarás de acuerdo conmigo en que hemos llegado a esta situación no por el odio del pueblo español a los Borbones, ni por la acción de ningún partido republicano, sino por tus errores, por tu modo de vida y por el comportamiento poco ejemplar de algunos miembros de tu familia. Al menos, de tu familia política.

Distinguir lo verdadero de lo falso o la historia de la ficción es más difícil de lo que parece. El idioma castellano por ejemplo no tiene dos palabras distintas para designar estos dos conceptos contrarios.

Nosotros llamamos historia a nuestro pasado real, a la sucesión de hechos comprobados empíricamente.

'Breve historia de España en el siglo XX' Julián Casanova y Carlos Gil Andrés. Ariel Quintaesencia

La resurrección de ETA el martes pasado ha sido una excelente noticia para el PP. Nunca diré, como Mayor Oreja a sus adversarios, que el PP es cómplice de ETA, ni se me pasa por la cabeza que los diputados del PP se alegren con los asesinatos de la organización terrorista.

Pero sí creo que la inesperada irrupción de la banda en la reducida política nacional ha despertado algunas esperanzas en las filas del PP. Esperanzas de que la prensa deje de hablar por unos días de los timos —preferentes, Bankia, sobresueldos, Bárcenas o hipotecas— para ocuparse del terrorismo, como hacía en los buenos tiempos. En los buenos tiempos económicos, digo.

No es la primera vez que la estrategia de la banda terrorista sirve de apoyo para las tesis de la extrema derecha ni la primera vez que el PP utiliza en su propio beneficio la violencia de los etarras o el dolor de las víctimas.