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Eduardo Garzón Espinosa

Licenciado en Economía y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga. Cursó el último año de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Windesheim, en los Países Bajos. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Fundación Europa de los Ciudadanos (IU).

Aclarando dudas y confusiones sobre el Impuesto de Sucesiones

Recientemente ha cobrado especial trascendencia en el debate público las virtudes y vilezas del Impuesto de Sucesiones. Esto sería una excelente noticia si formara parte de una discusión rigurosa participada por personas adecuadamente informadas y formadas, sin ningún tipo de interés económico o político velado y cuyo objetivo fuese extraer conclusiones para mejorar el impuesto y lograr así mayores cotas de justicia fiscal y social. Sin embargo, el auge de esta polémica se debe fundamentalmente a la campaña que ha impulsado el PP andaluz con el propósito de deteriorar la imagen de la Junta de Andalucía del PSOE. Y ese es el motivo por el que el debate está plagado de demagogia y de mensajes absolutamente sesgados e inexactos cuando no directamente falsos. Con la idea de arrojar luz sobre la naturaleza y aplicación de este controvertido impuesto escribo este artículo.

Hemos de empezar recordando que este impuesto fue ideado por los liberales clásicos del siglo XVIII para combatir la enorme injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Con la creación del impuesto se perseguía reducir las asimetrías de riqueza que se daban por el mero hecho de nacer, para fomentar así la igualdad de oportunidades: el nivel económico de cada persona debía aproximarse lo más posible a sus méritos propios y distanciarse lo máximo posible del mérito de personas ajenas, por mucho que compartiesen la misma sangre.

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La tasa de paro oficial está maquillada: debería ser 9 puntos más elevada

Cuando vemos u oímos en las noticias que la tasa de paro española sube o baja, raramente solemos preguntarnos qué significa exactamente el dato que nos están ofreciendo. Los datos oficiales de tasa de paro son ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y están expresados de la siguiente forma: porcentaje de personas que llevan un mes buscando activamente empleo sobre el total de activos (personas que trabajan + personas que llevan buscando empleo un mes). Como se puede apreciar, este indicador no refleja fielmente la situación de desempleo que existe en nuestro país, ya que no está contando como parados a muchas personas que quieren trabajar pero no pueden. 

Es el caso de las personas que llevan buscando empleo menos de un mes, personas que no buscan empleo aunque quieran trabajar (no lo hacen porque han perdido la esperanza), personas que hayan trabajado aunque sea una hora en el último mes, personas que quieren trabajar a tiempo completo pero sólo encuentran empleos a tiempo parcial, personas que han comenzado a estudiar porque no encuentran un trabajo, etc. Todas estas personas están descontentas con su situación laboral porque o no trabajan o trabajan muy pocas horas y el mercado laboral existente no satisface sus necesidades y, a pesar de ello, en las estadísticas oficiales no aparecen como parados. Esto provoca una minimización del número de parados y por lo tanto una tasa de paro más baja de lo que realmente es.

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El decreto acordado por el PP, PSOE y Ciudadanos sobre las cláusulas suelo es otra ayuda a la banca

El pasado viernes 20 de enero el Gobierno aprobó, con la colaboración de PSOE y Ciudadanos, un real decreto para crear un procedimiento extrajudicial que permita agilizar la devolución del dinero que muchos bancos cobraron de más a los hipotecados afectados por las cláusulas suelo abusivas. Aunque el objetivo declarado es facilitar y acelerar la devolución de este dinero y reducir carga de trabajo a los tribunales, lo cierto es que esta medida beneficia claramente a los bancos al, de una parte, exonerarlos de pagar las costas judiciales que se derivarían de todos los litigios en los que perdieran (que serían casi todos) y, de otra, dejar en sus manos la determinación, extrajudicial, de si ha existido o no un cobro abusivo e indebido.

Como es sabido, el pasado 27 de diciembre el Tribunal de la Unión Europea dictaminó que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado indebidamente como aplicación de cláusulas suelo ilegales y abusivas. Unas cláusulas que permitían a los bancos cobrar más intereses de lo que les correspondería en un entorno de tipos de interés reducidos, sin que los hipotecados hubiesen sido convenientemente informados de ello. En definitiva, uno de los mayores fraudes a los consumidores que se ha realizado en nuestro país.

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El PP no gobierna en ninguno de los ayuntamientos con mayor inversión social

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha publicado recientemente los resultados de un análisis detallado de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a 'Servicios Sociales y Promoción Social'. Para ello ha utilizado datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los ha cotejado con los propios datos que ofrece cada una de las corporaciones locales.

Los resultados son los siguientes: sólo 12 ayuntamientos de los 350 analizados destacan por su elevado presupuesto en inversión social, estableciendo como requisitos para destacar que el gasto por habitante fuese superior a los 100€ en el año 2015, que esa cantidad no se hubiese reducido en los presupuestos de 2016, y que representase más del 10% del presupuesto total. Entre estos 12 ayuntamientos no hay ninguno que esté gobernado por el Partido Popular, hay dos gobernados por los llamados “gobiernos del cambio”, 8 del PSOE, 1 de CDC y otro de CIU. De entre todos ellos, sobresale el Ayuntamiento de Baza que mantiene un presupuesto superior a los 165 euros por habitante (la media de todos los ayuntamientos analizados es de 78,91 euros) y también el Ayuntamiento de Madrid al presentar un incremento de la inversión social del 43,2% entre 2015 y 2016 (mientras que ningún otro lo hace a un ritmo superior al 16%) lo que acaba situándole en segundo lugar con una inversión de 144,36 euros por habitante.

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El señor Montoro nos quiere gobernar

Por primera vez en este periodo de nuestra democracia se ha leído en titulares de prensa que un ministro –recién renombrado, por cierto– pretende llegar a deponer a un concejal legítimamente elegido por las urnas y que gobierna el área económica del Ayuntamiento de Madrid. Uno podría llegar a imaginar que, al gobernar el país un partido procesado por corrupción, los titulares se referirían a algún sinvergüenza que se encargó de cobrar sobres en su despacho, romper discos duros con información valiosa o, incluso, alguien que tuviera unas cuentas opacas en Panamá. Sin embargo, a veces la Historia se ríe de nosotros y convierte en farsa lo que debería haber sido una tragedia.

No hablamos de que nuestro nuevo Gobierno se haya encargado de alertar a un chorizo por sus formas no respetables de operar con el dinero público sino que han amenazado a nuestro Ayuntamiento y, en concreto, al concejal de Economía por haber superado el techo de gasto. Es decir, por haber gastado unos 17 millones de euros más (en un presupuesto de casi 5.000 millones) de lo que nos permite gastar el Ministerio. Esa cantidad fue utilizada para devolver la paga extra de los funcionarios, una medida necesaria tras el injusto castigo al que se vieron sometidos estos trabajadores por la falta de previsión y eficacia de sus gobernantes.

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Unámonos contra la Ley Montoro

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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En España necesitamos que se cree más dinero y se ponga a disposición de familias y empresas

Existe una idea terriblemente extendida entre economistas y no economistas que consiste en lo siguiente: crear dinero provoca inflación. O lo que es lo mismo: crear dinero hace que éste pierda valor y que cueste más comprar productos. A muchos incluso les viene a la cabeza fenómenos hiperinflacionarios en los que se cargan carretillas llenas de fajos de billetes que apenas sirven para comprar una barra de pan. Es impresionante lo extendida que está esta idea, y también la falta de crítica que tiene. Porque poner en cuestión este axioma, por poco que sea, supone inmediatamente ser tachado de ignorante o de loco.

Pero lo cierto es que esa famosa idea es parcialmente falsa o, cuanto menos, profundamente imprecisa. Crear dinero puede provocar inflación, pero puede que no lo haga. La clave reside en la cantidad de dinero que se cree y también el momento en el que se haga. Estaremos todos de acuerdo en que la creación de un único euro no provocará inflación y en que la creación de billones de euros sí lo hará. Por lo tanto, existirá un punto intermedio entre esos dos extremos en el que la creación de dinero pasará de ser irrelevante para los precios a provocar efectos sobre los mismos. Veamos cuál es ese punto intermedio.

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Análisis crítico de la EPA del segundo trimestre de 2016

La característica más llamativa de la última EPA es el brusco freno en la creación de empleo . En este segundo trimestre de 2016 se han creado 271.400 empleos, cuando en los mismos trimestres de 2014 y 2015 esta cantidad fue de 411.800 y 402.400 , respectivamente . La tasa de creación de empleo anual ha sido del 2,43%, la más baja desde el tercer trimestre de   2014.

Utilizando series desestacionalizadas para omitir el efecto distorsionador de las épocas estivales, también obtenemos que la tasa anual ha sido muy reducida: un 0,29%, la más baja desde el primer trimestre de 2014. Estos resultados pueden estar señalando un cambio de tendencia importante en la evolución del empleo que no presagia nada bueno.

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Cuantificación de los recortes de gasto público desde 2010

Muchas personas han notado un deterioro palpable en servicios públicos como los de educación y sanidad, así como en otros ámbitos dependientes de la inversión y gasto público, pero nunca han tenido a su disposición un estudio que les sirviese para confirmar científicamente esa sensación. De hecho, algunos economistas se atreven a afirmar que en realidad en el Estado español ha habido muy pocos recortes y otros dicen incluso que lo que ha habido ha sido una expansión del gasto público. A pesar de los enormes impactos económicos, sociales, políticos, institucionales, ecológicos, humanitarios, culturales, etc, que provocan los recortes de gasto público, llama la atención que muy pocos analistas se hayan animado a recopilar y cuantificar el volumen total de gasto público recortado desde 2010, así como su distribución por partidas. Y ya no hablemos de los que lo han hecho de una forma rigurosa. Afortunadamente hace poco conocimos un informe de Manuel Lago en el que se lleva a cabo un extenso análisis a todo detalle de todos los recortes de gasto público acometidos desde que el gobierno de Zapatero cumpliese a rajatabla las exigencias de la Unión Europea en 2010. Este artículo pretende recoger de una forma breve y asequible los principales resultados del citado informe.

El informe se centra en los recortes aplicados desde 2009 hasta 2014 utilizando datos de la Intervención General de la Administración del Estado, que es el máximo organismo fiscalizador de las cuentas públicas. El año 2015 no forma parte del análisis porque los datos definitivos (los referidos al gasto verdaderamente ejecutado y no presupuestado) tardan en ser publicados, aunque de todas formas bien es sabido que por ser un año inusualmente electoral (elecciones andaluzas en marzo, municipales y autonómicas en mayo, catalanas en septiembre y estatales en diciembre) no ha habido apenas recortes de gasto público (en determinadas materias incluso hubo aumentos), por lo que esta ausencia de información no distorsiona el análisis.

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¿Insostenibilidad? La de Montoro

El pasado 31 de marzo el gobierno en funciones reconoció que en el año 2015 el conjunto de las administraciones públicas había vuelto a quebrantar –por enésima vez– el objetivo de déficit público impuesto por Bruselas, y en esta ocasión por una cuantía bastante superior a lo previsto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, culpó a las comunidades autónomas de ser las administraciones que más han incumplido los objetivos de déficit público. Sin embargo, esta declaración integra un argumento enormemente tramposo, ya que fue precisamente el gobierno estatal quien le puso muy difícil a las comunidades respetar el tope de déficit. Es la historia de un fracaso político.

Bruselas impone cada año un objetivo de déficit al conjunto del sector público español, pero luego es el gobierno estatal el que decide cómo se va a distribuir por administraciones públicas (Administración central, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entidades Locales). Pues bien, el recorte impuesto por Bruselas fue de 1,6% sobre el PIB en 2015 (desde el 5,8% registrado en 2014 a un objetivo de 4,2%). El gobierno distribuyó este objetivo de recorte de la siguiente forma: la Administración Central debía recortar sólo 0,04%; las Comunidades 0,94%, y el resto (0,62%) debía conformarlo el superávit de las Corporaciones Locales y la reducción de déficit de la Seguridad Social.

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