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Iker Rioja Andueza

Soy periodista por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y experto profesional en Seguridad Ciudadana y Criminología por la UNED.. Desde 2009 (y antes en prácticas) he trabajado desde Vitoria en la edición vasca de El Mundo realizando temas de sociedad, política, investigación y lo que surgiera. Colaboro también con Faktoria de Euskadi Irratia.

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Procesado un maestro del Opus Dei por abusos sexuales a un alumno de 13 años

El juez de Getxo Emilio Lamo de Espinosa ha dictado un durísimo auto de procesamiento contra un numerario del Opus Dei y profesor del colegio católico masculino Gaztelueta, ubicado en Leioa (Bizkaia), al considerar suficientemente acreditados no sólo graves episodios de abusos sexuales de este docente a un menor, que en el momento de los hechos tenía 12 y 13 años, sino también que aquello provocó al hoy adulto, que denunció el caso ante los tribunales al cumplir la mayoría de edad, un aislamiento total de su entorno. Ese aislamiento propició, según el auto judicial, episodios de acoso por parte de sus compañeros de aula, estrés postraumático, pensamientos suicidas e incluso de fracaso escolar. El magistrado tomará el 14 de febrero declaración al profesor, J.M.M.S, familiar de una alta autoridad política del Estado, y fija para él una fianza de 40.000 euros como medida cautelar, aunque no decreta su ingreso en prisión preventiva.

El caso Gaztelueta, destapado en 2012, motivó una investigación inicial de la Fiscalía del País Vasco que sí dio credibilidad al testimonio del entonces adolescente, apoyado en informes psiquiátricos de prestigiosos profesionales como Iñaki Viar. Aquellas diligencias, sin embargo, no prosperaron al no hallarse más indicios de criminalidad contra el profesor que la palabra de un joven y de una familia absolutamente ninguneados por el colegio, por sus compañeros y por el Opus Dei, que activó todos sus mecanismos de presión.

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Una mezquita de Vitoria mantiene a un imam acusado de abusos sexuales a dos menores

La juez de Vitoria María Eneida Arbaizar mantiene abierta una investigación contra un imam de la mezquita más antigua de Vitoria, ubicada en el Casco Viejo, tras haber sido denunciado por dos adolescentes menores de edad, que le acusan de abusos sexuales. Fuentes de la comunidad islámica de Vitoria han explicado a eldiarionorte.es que no dan ninguna credibilidad a estas acusaciones –a pesar de que se ha decretado una orden de alejamiento como medida de protección para las mujeres- y que en ningún caso se ha planteado la posibilidad de apartar al predicador de sus funciones, en las que no ha cesado en ningún momento.

Los hechos ocurrieron el pasado año, según el diario ‘El Correo’. La investigación, no obstante, no comenzó hasta la pasada primavera. A tenor de la denuncia, el presunto agresor, que conocía a las menores de clases de Corán y escritura tradicional árabe, intentó “toquetear” a una de ellas en la vía pública. Acto seguido,  está pidió auxilio a la Policía Local. La investigación abierta tras esa actuación policial permitió descubrir una segunda víctima, también menor. Ambas han ratificado en sede judicial su denuncia de haber sufrido abusos sexuales.

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Calparsoro afronta una complicada reelección con los fiscales de Álava y Bizkaia como rivales

Los fiscales-jefe de Álava y Bizkaia, Josu Izaguirre y Carmén Adán, competirán contra el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en el proceso de reelección que se inició el pasado 9 de enero y que abre hoy una nueva etapa tras el final, a medianoche de este jueves, del plazo de presentación de candidaturas para la plaza más codiciada de la Fiscalía en la comunidad autónoma. Calparsoro, en el puesto desde 2010 y ‘en funciones’ desde 2015 por la ausencia de Gobierno en España, que ha frenado la renovación de medio centenar de cargos en toda España, cuenta con pocas opciones de continuar un segundo quinquenio, a tenor de la opinión manifestada a eldiarionorte.es por distintos operadores jurídicos.

Calparsoro, donostiarra de nacimiento y de sentimiento, fue máximo responsable de la Fiscalía en La Rioja antes de ocupar esa misma posición en Euskadi. Durante estos años, ha hecho gala de una gran cercanía con los medios de comunicación y ha acercado la institución a la ciudadanía. Sin embargo, esa misma exposición pública le ha jugado también malas pasadas, como la polémica cuando consideró que Inés del Río, una histórica de ETA beneficiada por la derogación de la ‘doctrina Parot’, ya no era una terrorista al salir de la cárcel o cuando manifestó que eran “legítimos” los argumentos de Arnaldo Otegi para no ser inhabilitado como candidato de EH Bildu a lehendakari a pesar de su condena que luego se hizo efectiva.

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Los retrasos en una denuncia de ErNE contra el Gobierno ponen en evidencia a los juzgados de Vitoria

Una denuncia penal del principal sindicato de la Ertzaintza (ErNE) contra altos cargos del Departamento de Seguridad, incluido el ‘número dos’ de Estefanía Beltrán de Heredia, Josu Zubiaga, ha terminado por poner al desnudo los retrasos en los juzgados de instrucción de Vitoria, ya en el punto de mira de los operadores jurídicos desde hace varios meses. El próximo 3 de febrero se cumplirán seis meses desde que Erne registró la querella, el plazo máximo que marca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar cualquier delito, y el asunto ni siquiera se ha sometido a consideración, según han confirmado fuentes judiciales y sindicales a eldiarionorte.es.

En pleno verano, Erne se querelló contra Zubiaga y también contra el entonces viceconsejero de Administración y Servicios, Iñaki Gurtubai, y contra la directora de Recursos Humanos, Miren Karmele Arias. La central entiende que promovían el “enchufismo” en la Ertzaintza al asignar ‘a dedo’ determinadas plazas a personal de confianza. Estos funcionarios pasaban a estar adscritos directamente al viceconsejero de Seguridad con un código específico. “Son nombramientos ilegales”, remarcó en su día el sindicato en la primera iniciativa penal que había abierto en su historia contra el Gobierno.

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Mano tendida, pero sin concreciones en la primera reunión entre Gobierno y sindicatos sobre funcionarios

El Gobierno vasco y los sindicatos se han reunido este jueves por vez primera en lo que va de legislatura en la mesa general de la función pública, el foro de negociación de las condiciones laborales de los alrededor de 70.000 empleados públicos autonómicos. El encuentro, presidido por el viceconsejero Andrés Zearreta, se ha saldado sin que se hayan constatado avances concretos y con la sensación por parte de las centrales sindicales de que no va a ser posible que las nóminas de los funcionarios crezcan en 2017 tanto como el IPC, un 1,5%.

El Ejecutivo, en palabras de Zearreta, encaraba la cita con el acuerdo para desbloquear los convenios alcanzado hace unos días entre la patronal Confebask y los sindicatos como “referente” de diálogo y concertación. De hecho, el responsable de Función Pública ha mostrado la disposición del Gobierno de PNV y PSE-EE para “dialogar y negociar” en cuestiones como la jornada laboral de 35 horas, recurrida recientemente por el Estado.

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Euskadi quiere una Ertzaintza en primera división para luchar contra el yihadismo

La nueva legislatura ha empezado con bronca política en la comisión de Seguridad del Parlamento Vasco, en la que ha comparecido la consejera Estefanía Beltrán de Heredia para presentar las líneas maestras de la legislatura. El durísimo cruce de acusaciones entre PNV y PP a cuenta de las OPE de la Ertzaintza y entre EH Bildu con PNV y PSE-EE por la muerte de Íñigo Cabacas en 2012 ha eclipsado las ideas-fuerza de la comparecencia de Beltrán de Heredia, que entre otras cuestiones ha reclamado al Ministerio del Interior la incorporación de la Policía vasca al CITCO como “miembro de pleno derecho”, no sólo como oyente más o menos regular. Este órgano es la mesa técnica que sienta a todos los cuerpos de España para analizar  los niveles de alerta terrorista en un contexto de amenaza yihadista global.

“Queremos una integración en igualdad de condiciones con el resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado para participar y compartir nuestra información estratégica, que se tomen en consideración nuestras valoraciones de Inteligencia en la definición de los niveles de riesgo”, ha planteado Beltrán de Heredia sobre el principal problema de seguridad pública en Euskadi, “un país seguro” por lo demás. En la misma línea, la titular de Seguridad ha solicitado “vías operativas de integración de la Ertzaintza en las bases de datos europeas y normalizar su presencia en foros y reuniones internacionales que afectan a Euskadi”, entre los que ha citado Europol e Interpol.

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Artolazabal aviva la polémica: "No hemos recortado la RGI"

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha formulado este miércoles desde el interior del Parlamento Vasco una enmienda de totalidad a los mensajes que sindicatos y colectivos sociales han querido trasladar tras una pancarta en el exterior de la Cámara. "No hemos recortado la renta de garantía de ingresos (RGI), la hemos actualizado", ha zanjado. Artolazabal, que ha presentado en la Cámara las líneas generales de su programa para la legislatura, ha defendido en nombre de la "sostenibilidad" del sistema de ayudas sociales la decisión de no aplicar a la RGI la subida del 8% en el salario mínimo interprofesional (SMI), al que esta prestación está vinculada desde 2009. La consejera ha avivado su confrontación con la oposición de izquierdas al sugerir también que la cuantía básica de la RGI, fijada en 625 euros, pueda ser demasiado elevada: "No se diferencia mucho de la de otros países más avanzados que tienen el salario mínimo mucho más alto".

Artolazabal ha aportado también algunos datos confusos para argumentar que una RGI próxima al SMI (la ley que la configuró en 2008 fijó su cuantía básica en un 88% de este indicador y rechazó expresamente una equiparación) desincentiva la búsqueda de trabajo. Ha señalado que en 2017 el SMI mensual será de 707 y que la diferencia entre quien trabaja por el mínimo y el perceptor de subsidios "no llega a 100 euros", cuando el SMI se abona en 14 pagas y la RGI en 12. La diferencia real es de 200 euros, ya que son 625 de RGI y  824 de SMI.

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El Gobierno vasco se agarra a “nueve procesos judiciales” favorables para evitar acusar en el ‘caso Margüello’

La Fiscalía de Bizkaia se quedará sola como acusación en el juicio del ‘caso Margüello’, de presuntas irregularidades en la externalización de servicios sanitarios durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero del ramo. Donde el ministerio público ve “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos” que sumarían un quebranto económico de 6,8 millones, los servicios jurídicos del Ejecutivo no aprecian delitos porque es “absolutamente imprescindible tomar en consideración los nueve pronunciamientos judiciales que se han producido en los últimos diez años” y que no aprecian irregularidades. Según el portavoz del Gobierno y responsable político de los servicios jurídicos como consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, los letrados autonómicos, eso sí, reclamarán “hasta el último céntimo” de los 6,8 millones que la Fiscalía plantea restituir si “hipotéticamente” la sentencia estima que se han producido delitos.

El ‘caso Margüello’ fue denunciado en 2009 por el entonces consejero de Sanidad del PSE-EE, Rafael Bengoa. Tras varios años de investigación, el procedimiento se cerró en 2016 con tres ex altos cargos de Inclán acusados: el viceconsejero Rafael Cerdán, el director territorial de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y el principal protagonista de la trama, el director de calidad de Cruces, José Carlos Margüello. Según la Fiscalía, los dos primeros cargos beneficiaron a sabiendas a dos empresas vinculadas con Margüello y en las que la cuarta imputada, María Nieves Fernández, ejercía como testaferro.

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Erkoreka: "No hay garantías de que el Estado no siga mermando las competencias de Euskadi"

El ‘número dos’ y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ya sin competencias en Justicia, ha sido reorientado en la segunda legislatura de Iñigo Urkullu como consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno. Sobre esa cartera recae el peso de negociar las aún importantes transferencias pendientes del Estatuto de 1979, la resolución de contenciosos judiciales con el Estado y la gestión del proceso de actualización estatutaria que han pactado para la legislatura los dos socios del Ejecutivo, PNV y PSE-EE. En este terreno, Erkoreka encara la legislatura desde una doble constatación que mantiene las espadas en alto con el Gobierno central: que “es falso” que Euskadi sea la región infraestatal del mundo con más competencias y que no existe “la más mínima garantía” de que cuatro décadas después se vaya a completar el Estatuto o de que, incluso, no se vayan a restar poderes a la comunidad autónoma vasca.

Erkoreka, arropado por sus cuatro viceconsejeros y el resto de sus asesores, ha abierto este lunes en el Parlamento Vasco la ronda que en las dos próximas semanas realizarán todos los consejeros del gabinete de Urkullu para esbozar su programa de Gobierno. En el caso de Erkoreka, que ha consumido bastante más tiempo que el lehendakari en su investidura (casi cuatro horas), ha presentado un documento de 25 folios dividido en dos apartados, el relativo a la reforma de la Administración (informatización, transparencia o la renovación de una plantilla envejecida que verá cómo en 2030 se habrá jubilado el 68% de los funcionarios) y otro de mayor calado político centrado exclusivamente en materia de autogobierno. Han sido muchas reflexiones y numerosas propuestas (hasta cuatro proyectos de ley cuya fecha se conocerá el 23 de febrero y un código ético para los funcionarios y no sólo para los altos cargos). Pero también ha habido algunas omisiones. ¿Qué pasará con los salarios de los funcionarios en los próximos años?

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Querejeta choca con la frialdad de las instituciones para pagar un nuevo estadio al Alavés

Vitoria debate desde hace unas semanas la propuesta del influyente dueño de Baskonia y Deportivo Alavés, Josean Querejeta, de dotar a la ciudad de un nuevo estadio de fútbol, una ampliación de Mendizorroza desde las 20.000 butacas actuales hasta 32.000 y que costaría, según algunas estimaciones, unos 50 millones de euros. Querejeta ha activado ya su labor de ‘lobby’ para lograr que el proyecto sea cofinanciado por las instituciones públicas, las mismas que pusieron su dinero para el nuevo San Mamés y para la reforma de Anoeta… y que aún siguen pagándole a Querejeta la ampliación del Fernando Buesa Arena, como le ha recordado esta semana el diputado general de Álava, Ramiro González.

El globo sonda de Querejeta, que tomó con sus socios del Baskonia control del Deportivo Alavés tras la decadencia y quiebra derivada de los oscuros años de Piterman, fue lanzado en una entrevista en 'El Correo'. Semanas después, el nuevo Mendizorroza tomó cuerpo e incluso se ha abierto un local en la mejor calle de Vitoria, Eduardo Dato, para mostrar la maqueta y las bondades de la obra. Allí se proyecta un fotomontaje de cómo sería el nuevo estadio y que incluye en su marcador virtual una victoria del equipo albiazul contra el mismísimo Real Madrid por 1 a 0 en la Champions League y con las gradas a rebosar.

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