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Iker Rioja Andueza

Soy periodista por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y experto profesional en Seguridad Ciudadana y Criminología por la UNED.. Desde 2009 (y antes en prácticas) he trabajado desde Vitoria en la edición vasca de El Mundo realizando temas de sociedad, política, investigación y lo que surgiera. Colaboro también con Faktoria de Euskadi Irratia.

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La letra pequeña del pacto con el PP incluye ayudas para su fundación y para sus tres ayuntamientos

La letra pequeña del  pacto presupuestario entre el Gobierno vasco de PNV y PSE-EE y el PP ya se conoce después de que este viernes se hayan registrado las correcciones que introducirán los 'populares' al proyecto original a cambio de darle luz verde en las votaciones que se producirán en las próximas semanas. Como ya se conocía, el PP ha distribuido 29 millones (el 0,26% de un total de 11.059 millones). El dinero va a políticas industriales, a educación o a inversiones en centros sanitarios, pero también a la fundadación del PP (Fundación Popular de Estudios Vascos) y a los únicos tres municipios liderados por el partido de Alfonso Alonso, Laguardia, Navaridas y Baños de Ebro.

Del  extenso documento que recoge las enmiendas del PP, una de las primeras en aparecer es una propuesta de conceder 60.000 euros a la Fundación Popular de Estudios Vascos, lo mismo que el año pasado el PSE-EE se acordó de la Mario Onaindia y la Juan de los Toyos en su pacto con el Gobierno. La partida se justifica para "inventariar, catalogar y difundir" 250.000 documentos del siglo XIX y del siglo XX que han sido digitalizados "con la colaboración del Archivo Histórico de Euskadi". Poco después aparecen ayudas para los únicos tres feudos del PP vasco: Laguardia (1,3 millones), Navaridas (0,95 millones) y Baños de Ebro (1,05 millones). Se llevan también una pedrea la plaza de abastos de Vitoria, dirigida por el 'popular' Eloy López de Foronda, y la entidad Derecho Colaborativo, de la que forma parte la exdiputada Alicia Ruiz de Infante.

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¿Actuará el Gobierno vasco contra la planta de purines tras perder 3,2 millones?

Un “conflicto de intereses” ha forzado al Gobierno vasco a personarse como “perjudicado” en la investigación penal abierta por un juzgado de Balmaseda (Bizkaia) en torno al fallido proyecto de construcción de una planta de purines en el valle de Carranza, que se ha tragado del orden de 10 millones de euros en ayudas públicas, 3,2 de ellos procedentes de la propia Administración autonómica. Los servicios jurídicos del Ejecutivo ejercían hasta hace unas semanas la defensa del funcionario Valentín Terés pero, tras haber sido imputado formalmente por la presunta falsificación de los documentos oficiales que posibilitaron que la planta de purines lograra esas subvenciones públicas, los letrados del Gobierno han pasado a ser parte acusadora, aunque eso no presupone que vayan a reclamar formalmente responsabilidades penales como sí hacen muy activamente la Fiscalía, el Ayuntamiento de Carranza y la Abogacía del Estado. ¿Qué papel jugará?

La causa abierta en un juzgado de Balmaseda en torno a la fallida planta de tratamiento de purines, que ha tomado impulso con la imputación de once personas, tiene su origen en una querella de EH Bildu, a la que luego se le unió una denuncia de la Fiscalía de Bizkaia cuando la dirigía la actual fiscal superior, Carmen Adán. El proyecto, que se gestó en 2003, recibió cuantiosas subvenciones públicas con una inversión privada mínima (3.000 euros) y ha puesto en tela de juicio el papel de exdirector del Departamento de Agricultura, Martín Ascacibar (PNV).

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El Gobierno trata de desmontar en el juicio el fraude en las dietas de la Ertzaintza

El Tribunal de Cuentas del Estado ha celebrado este jueves en Madrid el juicio contable contra dos altos cargos del Departamento de Seguridad, Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino –que no ha comparecido-, que afrontan la posible devolución de 2,2 millones de euros por pagos aparentemente indebidos de dietas de viajes y comidas a los mandos de la Ertzaintza. Los letrados del Ejecutivo, que actúan como defensa de las demandadas y no como acusación, han entregado un informe de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco que rebate otro de la Intervención General del Estado y que sostiene que las dos directoras han abonado las dietas de acuerdo a la normativa vigente y que estima ue aunque existen deficiencias en ese sistema de indemnizaciones por razón de servicio, éstas ya se están corrigiendo.

El escándalo de las dietas percibidas por los mandos de la Ertzaintza es una auténtica bomba de relojería en el seno de la institución. El caso fue denunciado por el sindicato Sipe tanto ante el Tribunal de Cuentas como en la justicia ordinaria, que mantiene abierta una investigación penal en la que está imputada Arias y, desde hace unos días, otro director del Gobierno y más de dos docenas de mandos policiales que cobraron las dietas, según informó ‘El Correo’.

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Una panda muy solidaria

“Tienes menos detalles que el salpicadero de un Panda”, solían bromear los jóvenes de hace algunas décadas en referencia a la simpleza de un vehículo utilitario icónico como fue el Fiat o Seat Panda. Ahora, muchos años después y con la colonia de ‘pandas’ en peligro de extinción, varios locos del motor se han prometido demostrar que estos clásicos populares no sólo son detallistas, sino también solidarios. El 26 de marzo arrancará la sexta edición del rali Pandemonium, que recorrerá durante una semana varios cientos de kilómetros por la Marruecos más profunda y que compaginará la velocidad (moderada) con el reparto de material de todo tipo por las aldeas que cruza la carrera.

Detrás del Pandemonium está Joseba, un hombre de Zamudio que ama Marruecos y coordina un “club deportivo de amigos” que prepara al milímetro el viaje, la competición y la búsqueda de fondos y material para llevar a cabo las iniciativas sociales. Se entrevista con eldiarionorte.es en Vitoria, una de sus muchas paradas en las semanas previas a la aventura. En su agenda se agolpan las reuniones de última hora para que la edición de 2017 vaya sobre ruedas.

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Campus vacíos por los piquetes, incidentes aislados y fuerte presencia policial en la huelga universitaria

La jornada de huelga en la Universidad pública vasca se ha desarrollado con las facultades vacías por la acción de los piquetes, con un amplísimo despliegue policial (tanto con agentes de paisano como con uniformados, helicóptero incluido) y con incidentes aislados y algunas identificaciones. A mediodía, en Vitoria, se han vivido momentos de tensión entre manifestantes y antidisturbios, si bien la situación no ha pasado a mayores.

La movilización está capitaneada por Ikasle Abertzaleak, que también ha llamado a la movilización en los institutos. El sindicato de estudiantes protesta contra la Lomce y el plan educativo del Gobierno vasco, Heziberri 2020, y a la par lamenta la "sumisión de la Universidad ante el sistema capitalista". Durante la jornada, las consignas anticapitalistas han sido mucho más numerosas que las protestas propiamente educativas, aunque se han 'marcado' con pintura y carteles tanto la delegación de Educación de Vitoria, por ejemplo, como algunos comercios y entidades bancarias.

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Interior accede a reunir la Junta de Seguridad antes del verano

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, han mantenido esta miércoles por la tarde en Madrid, en una jornada marcada por el atentado de Londres, una reunión de la que la parte vasca ha salido con buenas sensaciones. El sustituto de Jorge Fernández Díaz, en medio del 'deshielo' entre el PP y el PNV en Vitoria y en Madrid, ha atendido a una de las peticiones de Beltrán de Heredia y ha accedido a la celebración de una Junta de Seguridad antes del verano.

Este órgano, que sienta a los representantes de la seguridad del Estado y de la comunidad autónoma, no se reúne desde hace cuatro años y medio. Entre sus funciones está la de fijar el despliegue de la Ertzaintza y de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Gobierno autonómico ha venido reclamando una reunión de este foro para valorar un posible ajuste de la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional en Euskadi tras el final de ETA, ahora más consolidado tras el anuncio de desarme definitivo para el 8 de abril. Según las fuentes consultadas, el orden del día de la cita aún no se ha determinado, aunque sí hay un compromiso expreso de celebración.

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El Parlamento pagará 6.000 euros al Basque Culinary Center para mejorar su cocina

La Mesa del Parlamento Vasco, a propuesta del socialista Txarli Prieto, aficionado a la alta gastronomía, ha decidido esta semana contratar a la Universidad de la cocina, al Basque Culinary Center (BCC), para que sus expertos impartan doce cursos a los responsables del servicio de bar y restaurante de la Cámara con el objetivo de que se mejore el servicio que se presta. Las clases costarán 6.000 euros, 500 por sesión, y han generado un profundo malestar entre los usuarios habituales del establecimiento, que se muestran satisfechos con el servicio actual.

La propuesta de Prieto, que recibió el apoyo de los dos representantes del PNV en la Mesa, incluida la presidenta, Bakartxo Tejeria, contó con el rechazo de Eva Blanco (EH Bildu), mientras que Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) se abstuvo. Según fuentes parlamentarias, sería el primer paso para reformular de cara al futuro el servicio de restauración del Parlamento, que ahora ofrece menús del día y pintxos a los trabajadores de la casa y a los propios políticos.

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El exdirector de Agricultura del Gobierno vasco, imputado por apropiación indebida

La juez de Balmaseda Patricia Navas ha citado a declarar en calidad de investigados (la nueva denominación procesal para los imputados) a un total de 11 personas más en la causa penal abierta por las irregularidades económicas en la construcción de una planta de Purines en el valle de Carranza (Bizkaia), un proyecto inacabado que se ha tragado del orden de 10 millones de euros en subvenciones públicas estatales, autonómicas y locales. Entre los citados, a los que se les acusa inicialmente de “apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y malversación”, se halla Martín Ascacibar, el impulsor de esta planta primero como director de Agricultura del Gobierno vasco y comisionado “exclusivo” del Ejecutivo para el seguimiento del proyecto y después como consejero delegado de la sociedad detrás del plan, Karrantzako Minda; el exalcalde de Carranza, José Luis Portillo, y el exedil de la localidad José Ignacio Muro, todos ellos del PNV.

El proyecto de construcción de una planta para el tratamiento de purines animales en Bizkaia se ideó en 2003 y se empezó a desarrollar en 2006, con Ascacibar como director en el Departamento de Agricultura que dirigía el nacionalista Gonzalo Sáenz de Samaniego. Ascacibar se convirtió en representante “exclusivo” del Gobierno en la comisión de seguimiento de este plan.

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El tráfico y la mala atención en comisarías por "falta de personal" concentran las quejas contra la Ertzaintza

El buzón Ekinbide, diseñado por el Departamento de Seguridad para recoger quejas, agradecimientos, solicitudes o sugerencias ciudadanas sobre la Ertzaintza y el resto de servicios de emergencias, recibió en 2016 220 denuncias ciudadanas, según la memoria estadística enviada por la consejera Estefanía Beltrán de Heredia al Parlamento. Son casi un 20% menos que las recibidas en 2015 (272), mientras que los agradecimientos han pasado de 10 a 35.

El área en la que más han incidido los ciudadanos es la unidad de Tráfico de la Ertzaintza, que acumula 63 quejas. En su mayor parte, subraya la memoria de Ekinbide, “se trata de situaciones en las que la intervención viene motivada por el incumplimiento de alguna normativa de tráfico y en las que las personas afectadas manifiestan su disconformidad con la denuncia y/o el trato recibido en ese momento”.

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Urkullu se comprometió a informar "cumplida y lealmente" a Rajoy del proceso de desarme

El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha ofrecido este martes algunas pinceladas del papel que se ha autoasignado el Ejecutivo autonómico como "puente" entre el Gobierno central y los interlocutores del desarme de ETA, un proceso que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, calificó de "histórico". Aunque ha apelado a la "discreción", Erkoreka ha confirmado que el pasado martes Urkullu se desplazó a La Moncloa con carácter urgente para avanzar a Mariano Rajoy el anuncio que se iba a conocer el viernes y que pone plazo a la entrega de armas para el 8 de abril y ha adelantado que el "compromiso" es el de "informar cumplida y lealmente" de los datos que los "colaboradores" del Gobierno vasco obtengan de sus contactos tanto con el grupo social que impulsa el desarme como con el comité internacional de verificadores liderado por Ram Manikkalingam.

El papel del Gobierno vasco, que en 2014 lanzó ya una propuesta de desarme como respuesta a una situación que apreciaba de bloqueo, será el de "ofrecer la cobertura institucional" que corresponde para llevar a buen puerto el proceso. Ha habido "numerosos contactos" con los "grupos sociales implicados en el desarme" por parte de "colaboradores" del Ejecutivo que han mantenido al tanto a Urkullu. Con esa información, el lehendakari ha hecho "de puente" con Rajoy -con quien no se reunía formalmente desde hace tres años- y le trasladó su voluntad de mantener ese canal de comunicación abierto permanentemente. Euskadi entiende que para completar el desarme es necesario "garantizar la presencia de una institución pública", entre otros aspectos para dotar de una barniz de legalidad a una entrega de armas que constituyen pruebas de acciones terroristas.

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