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Jesús Rodríguez

Periodista de sevillareport.com

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El Caso Marismas en ocho claves

En 2004, la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir recibió una subvención de la Junta de Andalucía para modernizar el sistema de riego de casi 13.000 hectáreas en los municipios de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca.

El proyecto, en principio, estaba dotado con 70,4 millones de euros, aunque finalmente se adjudicó por 66 millones. La obra tenía un plazo inicial de ejecución de 42 meses, por lo que debería haber estado concluida en 2008.

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La constructora Ayesa, juez y parte en un presunto caso de malversación en el Bajo Guadalquivir

El contrato firmado entre la ingeniería Ayesa y la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, al que ha tenido acceso este diario, pone en cuestión la validez pericial de uno de los pilares fundamentales en la instrucción judicial del Caso Marismas, el conocido como "Iinforme Ayesa".

En este caso, uno de los de más calado en la actualidad, se investiga la presunta malversación de una subvención de la Junta de Andalucía y la Unión Europea de 40 millones de euros para la modernización del regadío del Bajo Guadalquivir. En él están implicados altos cargos de la propia Junta de Andalucía y de la anterior Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, así como las empresas Befesa y Construcciones ALPI.

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El presidente de la Confederación del Guadalquivir acumula 24 millones en contratos a dedo

Manuel Romero Ortiz, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha adjudicado casi 24 millones de euros en contratos por el procedimiento negociado sin publicidad desde que tomó posesión del cargo en marzo de 2012. Esta forma de contratación (en román paladino, a dedo) consiste en invitar a empresas elegidas por la entidad que adjudica, sin concurso previo ni transparencia en el proceso.

Algunos contratos superan ampliamente el límite legal establecido para este procedimiento. La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 177.2, establece que para las adjudicaciones por el procedimiento negociado "deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos", como los de servicios.

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La consejería de Granados adjudicó más de 600.000 euros a Cofely, principal empresa de la Púnica

La sombra de la Operación Púnica, la trama de corrupción presuntamente encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, va más allá de las instituciones públicas salpicadas hasta el momento. La presencia de Cofely España —principal beneficiada de la red— y sus filiales Cofely Contracting, Crespo y Blasco S.A. y Europea de Mantenimiento y Gestión se extiende a lo largo del territorio español gracias a numerosas contrataciones que en los últimos siete años les granjearon más de 135 millones de euros en adjudicaciones.

El nexo común entre estas sociedades —hoy propiedad del grupo energético francés GDF Suez— es Gaspar Crespo García, que ejercía cargos de alta dirección en ellas antes de ser vicepresidente y consejero delegado de la energética francesa en España.

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Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi

Para José María Aznar, Muamar el Gadafi era "un hombre extravagante, un hombre raro", pero también "un amigo". La buena relación entre el expresidente del Gobierno con el dirigente libio era algo conocido; incluso cenaron juntos en Sevilla, en 2007, cuando Aznar ya había dejado La Moncloa. El presidente de la fundación FAES y presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que, en marzo de 2011, se opuso a la intervención militar en Libia contra Gadafi, argumentando que era "muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder". Lo que no se sabía es que José María Aznar, al mismo tiempo que intercedía en público a favor de Gadafi, hacía negocios en privado con empresas españolas que querían conseguir contratos con el Gobierno libio.

El 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la guerra civil y posterior intervención militar internacional que acabó con Gadafi, José María Aznar firmó un contrato de intermediación con Befesa, una filial del grupo sevillano Abengoa dedicada a la construcción de desaladoras, depuradoras y otras obras públicas medioambientales. 

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