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Joan J. Queralt

Catedrático de Derecho de la UB. Sus investigaciones se centran en el tratamiento de los delitos y en las garantías jurídicas que deben presidir el castigo penal, en todas las fases. En la actualidad es investigador principal del Proyecto “Estrategias preventivas y reactivas contra la corrupción”. Es Conferenciante en universidades y centros profesionales españoles y extranjeros, es director del Instituto de Investigación Jurídica, TransJus, y dirige el Máster oficial en Criminología, Política criminal y Sociología jurídico-penal, ambos de la UB. Colabora habitualmente en medios de comunicación.

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La independencia de Catalunya en el banquillo: agujeros negros (II)

Acabamos de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha remitido al Tribunal Supremo (TS) las causas que tenía abiertas contra los aforados, concretamente, contra los miembros soberanistas de la mesa del Parlament. Parece que está al caer idéntica decisión de la Audiencia Nacional. En consecuencia, el único Tribunal que instruirá y juzgará el ya considerable haz de casos derivados de la vía independentista catalana va a ser el TS: todas las causas abiertas en Barcelona (con excepción, quizás, de la seguida en el Juzgado de Instrucción nº 13) y en el juzgado central de instrucción nº 3.

Esta asunción universal de competencias penales antisecesionistas parece estribar, tal como reza el auto de admisión de la querella del Ministerio fiscal contra los integrantes de la mesa del Parlament, de 31 de octubre pasado, en el art. 57. 2 del Estatut. En efecto, tal precepto establece que: “En las causas contra los Diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.”

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La independencia de Catalunya en el banquillo: agujeros negros

El primer derecho fundamental cuando alguien se ve involucrado en un proceso es el de la tutela judicial. Forma parte del haz de derechos que, bajo la denominación anglosajona de due process of law , permiten a un ciudadano tener la certidumbre que el juez le oirá, que será imparcial, que le garantizará el equilibrio entre las partes y que no tendrá prejuicios a la hora de aplicar las leyes y el Derecho. La primera manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva es elemental: el juez que ha de ver un caso, ha de ser el juez predeterminado por la ley.

En el caso del enjuiciamiento de los Jordis y de parte del Govern de la Generalitat, esta introducción viene a cuento de que la jueza central nº 3 de la Audiencia Nacional (AN), en contra del art. 65 de la Ley Orgánica del Poder judicial (LOPJ) y contra precedentes de la Sala de lo Penal de la AN y del Tribunal Supremo (TS), se ha arrogado una competencia de la que carece: investigar y juzgar delitos de rebelión, sedición y malversación. Lo ha venido haciendo desde que adoptó la primera resolución al admitir la querella por sedición contra los Jordis y el intendente de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en su auto de 15-10-2017, en las actuaciones subsiguientes al rechazar sus recursos y al admitir también la querella del fiscal General del Estado por auto de 31-10-2017. Lamentablemente, desdiciéndose de sus planteamientos anteriores, la Sala de lo Penal de la AN, por auto de 6-11-2017 decidió ratificar la peculiar interpretación de la Juez de Instrucción central. Todo sea dicho, lo hizo por mayoría y no por unanimidad.

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La imputación penal

Qué es la imputación, cuándo un sujeto está imputado, qué consecuencias tiene es algo que no está claro ni para legos ni para juristas. La ley no menciona la expresión y en cada caso ha de extraerse su sentido, requisitos o efectos.

Pese al garantismo liberal y quizás porque, según la ley, la instrucción, en principio ni siquiera tras la reforma de 2009, no debía de durar más de un mes, el legislador decimonónico no prestó excesiva atención a esta figura. Por otra parte, el legislador, que ha zurcido hasta la extenuación la venerable ley, no ha sido especialmente cuidadoso en su redactado.

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Los cobrones de CajaMadrid/Bankia

Pese a que las diligencias sobre la descapitalización de Bankia y demás  medios para defraudar a la clientela y acreedores llevan más de dos años abiertas en el Juzgado Central de Instrucción nº 4, ha saltado ahora el tema de las llamadas tarjetas en negro o black cards: la retribución de 85 consejeros, primero de CajaMadrid, luego de Bankia, mediante esos plásticos en dinero y/o en especie fuera de todo control societario, de supervisión y/o fiscal.

La celeridad con que ha llegado esta información al Juzgado llama la atención por lo inusitado. Solo cabe explicarla por el interés de parte de los nuevos rectores de la entidad nacionalizada en limpiar su tarado pasivo. Tarea que no va a ser fácil y será jurídicamente inútil si los mandos actuales no consiguen de los anteriores (o de sus aseguradoras) recuperar el dinero, esos 15 millones de euros gastados en picantes lencerías, mejores caldos y destilados, opíparas  cuchipandas, relajantes asuetos vacacionales y atenciones varias al cuerpo más que al alma, sin olvidar el líquido metal para el peculio propio.

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La comparecencia de Pujol o la casta sigue cabalgando

Ayer viernes Pujol compareció , recalcando que voluntariamente como hizo en su inconcebible carta a la Presidenta del Parlament de 2 de septiembre, ante la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana, como consecuencia de lo que algunos siguen llamando confesión de 25 de julio pasado. Todo estaba diseñado para que acabara como acabó: irritación ciudadana, Pujol crecido, ERC suave en el inicio e incisiva en la réplica, PSC institucional y con sordina, IC como ariete, CUP como un tornado, PP y C’s mal tono y mentando la soga en la casa del ahorcado. Mención aparte merece CiU que, estado   a punto de irse a pique, pide salvar el legado político de su ex jefe de filas. Eso lo dirá, acaso, la historia, pero la actualidad lo quiere bien lejos y muchos de los dirigentes de CDC también; no en vano, una hija de Pujol, Mireia, se ha dado de baja del partido, devolviendo públicamente su carnet de militante.

1. Primero el diseño de la comparecencia. Demuestra que la casta, inconsciente de que es casta y de que no vive ni siquiera al día, diseñó para Pujol, más que un flotador, un refugio: 30’ para el President Pujol para exponer historias de cuya verosimilitud y adecuación a los hechos cabe dudar; 10' para que los grupos hicieran preguntas (muchas, lógicamente reiteradas) que sabían que no se iban a responder; 30’ para que Pujol replicara, sin prácticamente haber tomado apuntes, a lo que le diera la gana y … como le diera la gana; y 2,5' de nuevo a los grupos (la CUP, indignada, se ausentó en este tramo) para que formularan sus lamentos ante la riña y desdén de un Pujol autoritario y fantasioso como pocas veces. Y a las 18, 30, apenas dos horas y media de iniciado este trámite, a casa. En fin, un acto parlamentario –como son a los que el Parlamento español y catalán nos tienen acostumbrados- encorsetado, en el que el compareciente lleva la voz cantante y alejado de la realidad y de la política que reclama la ciudadanía. Respuesta del siglo XIX al siglo XXI.

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¿Indulto a la carta? Fabra espera en casa

Carlos Fabra fue, tras un largo proceso lleno de incidencias, condenado por la Audiencia Provincial de Castellón a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales. Esta condena, que fue recurrida solo por el interesado, fue ratificada por el Tribunal Supremo. Como viene siendo ya habitual entre los poderosos, el condenado en firme solicitó su indulto al gobierno y simultáneamente pidió a la Audiencia que suspendiera su ingreso en prisión mientras se tramitara aquél.

Una cuestión previa nada baladí: el Gobierno no tiene plazo alguno para resolver las peticiones de indulto. Pudiera suceder ante su actual acertada política de no conceder el indulto a delincuentes económicos y provenientes de la corrupción, que, sin otorgarlo en el presente caso, dilatara sine dia el expediente de modo que la pena prescribiera. Sería escandaloso, pero podría suceder. Aunque para ello debería transcurrir más de 10 años, según el art. 133 CP. No parece, sin embargo, plausible que las amistades gubernamentales que Carlos Fabra pueda tener se extiendan tanto en el tiempo.

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Las cuatro claves del juicio a Esperanza Aguirre por desobediencia

El auto de 5 de septiembre de la Audiencia Provincial de Madrid por el que se ordena seguir las actuaciones contra Esperanza Aguirre por un presunto delito de desobediencia, y no por una simple falta, entraña alguna claves de interés. En síntesis, ahí van algunas.

Primera.- El citado auto acepta el recurso contra la resolución del Juez de Instrucción que acordaba seguir el procedimiento por juicio de faltas, consecuencia del famoso incidente en la Granvía madrileña. Aguirre se opuso al citado recurso, alegando, entre otros puntos, que la ASOCIACIÓN TRANSPARENCIA Y JUSTICIA y D. Antonio Rafael Alarcón Morales carecían de legitimidad como acusación popular.

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Todo puede empeorar o la confesión de Jordi Pujol

La carta hecha pública por Jordi Pujol el viernes pasado, al estilo del exmonarca, en la que se pedía perdón y se asumía la culpa por el fraude fiscal del que, según él, solo es un intermediario o depositario, adolece, cuestiones de bochorno político aparte, de una serie de contradicciones internas y sugiere alguna consecuencia jurídica de relieve.

Desde mi punto de vista, tres son las contradicciones flagrantes que una retórica muy deficiente pretende enmascarar. La primera: ninguna regularización de una herencia o legado (interesada confusión), no cuantificada, percibida hace más de 30 años puede tener ahora lugar. Como es de conocimiento para el lego menos avezado en testamentarías, la deuda fiscal, también las derivadas de una herencia, prescribe a los 5 años, y desde 1998, a los cuatro. O sea que en 2014 nada había que regularizar de un caudal recibido en 1980.

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¿No habrá más indultos para los corruptos?

Todos los viernes, desde la llegada al poder del nuevo gobierno, son viernes de dolor en consonancia con el mensaje que emitió en su día el Ministro de Justicia. Pese a todo, el último viernes el dolor tuvo un paliativo que, si se confirma como política de futuro, no será menor: la denegación de siete indultos. Eso lo sabemos por las referencias periodísticas, no porque figure en la referencia oficial del Consejo de Ministros.

Quienes, como quien suscribe, estamos en contra de los indultos debemos alegrarnos. Permítame el lector introducir unas breves consideraciones sobre mi posición contra el indulto y mi disenso sobre algunas propuestas de reforma. En efecto, el Grupo de Estudios de Política Criminal, al que pertenezco desde su fundación, ha efectuado una propuesta alternativa a la actual ley del indulto, que excepcionalmente no he suscrito.

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La mala fama de la justicia

La ínfima valoración de la Justicia por la opinión pública es un hecho. Mala fama aventada por tirios y troyanos.

Sin embargo, la Justicia no es un problema ni mucho menos esencial para los ciudadanos. En junio de 2011, tenía una puntuación problemática del 1,4% mientras que el paro era del 81,1%. En marzo de 2014 ha evolucionado hasta el 2,3%, mientras que el paro sigue en todo lo alto centrando con 82,3% las preocupaciones. Echando la vista atrás, en enero de 2006 los porcentajes eran respectivamente del 1,5 y del 48,9%. En este barómetro de hace una década, el paro era seguido de la inmigración (32,4%), el terrorismo de ETA (28,4%) y la inseguridad ciudadana (23.2%). Puede contemplarse toda la serie histórica desde junio de 1988 en que oscila en torno al 1,5%. Estos guarismos permiten sostener que, sea cual sea la situación del país, la Justicia no es un problema ni mucho menos importante para la ciudadanía; de ahí quizás algunos males seculares.

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