Con la corrupción no hay tutía

Se acaba de publicar el informe de cumplimiento de la quinta ronda de evaluación del GRECO (Grupo de estados contra la corrupción, del Consejo de Europa y otros invitados) sobre aspectos relativos a la corrupción en España. Se analizan las respuestas al informe de esa misma quinta ronda, puesta en marcha el 1 de enero de 2017. En esta ocasión, la temática sobre la que versaba la verificación del GRECO era, como suele ser habitual, sobre dos ramas diversas, sin especial relación entre sí, lo que, de hecho, hace que estemos ante dos informes. 

En efecto, la temática era Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En junio de 2019 se remitió a las autoridades españolas para que realizaran sus observaciones y en noviembre del pasado año se efectuaron por el GRECO las consideraciones sobre implementación de las recomendaciones, informe que ve la luz ahora. Todo ello de acuerdo a unas pautas que, mejoradas, rigen desde la primera ronda en 2001.

Obviamente, no podemos entrar aquí en el análisis pormenorizado del estado de la cuestión, a la vista de los resultados del informe, que queda meridianamente claro. Me centraré solo en tres aspectos. 

En primer lugar, llama la atención la prevención que efectúa el Gobierno. Así, la excusa de mal pagador que ofrece al GRECO, a saber, que en 2019, en España se celebraron dos elecciones generales y, apenas unas semanas después de la toma de posesión del nuevo gobierno, debido a la crisis del COVID-19, se declaró el estado de alarma. Se oculta que, de hecho, el mismo liderazgo gubernamental venía actuando, como pone de relieve el mismo informe, desde junio de 2018, en razón a la moción de censura motivada por la corrupción del anterior partido dominante, el Partido Popular. 

En alguna medida, ciertamente, la función legislativa estuvo ralentizada en el interregno electoral -por clara voluntad de los sujetos políticos- y durante la primera fase de la pandemia. En ningún caso, sin embargo, lo podía estar el área de estudios sobre las políticas anticorruptivas a aplicar, algunos ya bastante antiguos y eternamente postpuestos. Por si fuera poco, ni el Parlamento se cerró ni dejó el Gobierno de tener en su mano la herramienta de los Decretos-Ley, de la que hizo, cuando le fue necesario, uso, no siempre acertado. 

La pandemia no puede ser excusa para dejar de hacer lo que hay que hacer, dado que es de dominio público lo que hay que hacer. Una vez más es la falta de voluntad política para poner freno a una corrupción que no cesa y que dentro de poco, ante la prácticamente ausencia de políticas preventivas, volverán a ser reactivas, en manos de la Justicia, es decir, tardías y lentas, ante los desafueros que ya apuntan durante la pandemia al socaire de la laxitud necesaria en materia de contratación, no en materia de buenas prácticas ni de derogación de las leyes básicas de la buena administración. 

La segunda cuestión que llama la atención es una renuencia rayana en la vergüenza ajena. De las 19 medidas propuestas, 12 no se han cumplido: el casillero ha quedado en blanco. Solo 7 recomendaciones se han cumplimentado parcialmente, en una muestra, visto el histórico de España con el GRECO, de benevolencia por parte de este organismo. Se trata de medidas apenas iniciadas y tímidas para poner en marcha los remedios propuestos. Pese a la suavidad del lenguaje de los evaluadores se palpa una dureza especial en materia de lobbies, puertas giratorias, con la creación de una débil OCI (Oficina de Conflictos de interés), por una parte. 

O, por otra, la falta de transparencia en lo que en sentido amplio podría denominarse accesos, recompensas, ascensos y promociones, así como los diseños de los riesgos y su subsiguiente control en materia de corrupción en las fuerzas de seguridad. Todo ello sin olvidar su sistema sancionador, en especial, pero no solo, en materia de las faltas leves. Cabe resaltar que, en líneas generales, pese a las nimias mejoras, son más significativa en la Guardia civil que en la Policía Nacional

Como digo, en algunos casos, como pone de relieve el propio GRECO, puede leer una observación que bien pudiera extenderse a todo el informe. En efecto, se lee en el punto 111 “GRECO subraya que el alcance del procedimiento de cumplimiento es evaluar la aplicación de las recomendaciones, no reconsiderar la situación ya descrita en el momento de la evaluación”.

Por último, the last but not the least, ha de resaltarse un aspecto que pone de manifiesto los sistémico y transversal que es la corrupción en cuanto a los partidos y gobiernos. La ronda evaluadora se inició, como queda dicho, el 1-1-2017 y se cierra en junio de 2019. Dos gobiernos estaban al frente en esos periodos. La ocasión del gobierno PSOE-Unidas Podemos y su mayoría de investidura la pintaban calva para poner en entredicho la devastación llevada a cabo por parte del Partido Popular de los servicios públicos, de la transparencia administrativa y del derecho fundamental europeo al buen gobierno.

La necesaria regeneración de la gobernanza con políticas preventivas, identificando los riesgos -los mapas de riesgos- y diseñando estrategias para su contención y, en última instancia, su represión, ya sea penal o disciplinaria, ha brillado por su ausencia. Se diría que entre bomberos no hay que pisarse las mangueras. O en términos más de Derecho público: que la lucha contra la corrupción, dada la sistémica penetración de las malas praxis públicas, es el dragón de las siete cabezas contra el que, cuando menos, no hay valor, para luchar. Eso, en el mejor de los casos. O en una aproximación más realista: como mínimo, la corrupción ya les está bien a los que mandan.