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Manuel Romero Hernández

Instituto TIDES. Departamento de Análisis Económico Aplicado. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

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Sólo hay democracia si hay igualdad de oportunidades

El bienestar lo vinculamos, principalmente, con el acceso a la riqueza, la educación, la sanidad, o la justicia. Lo esperado en una democracia es que todos los ciudadanos pudiéramos acceder en igualdad de condiciones a cualquiera de ellas, pero indiscutiblemente no es así en la sociedad en la que vivimos actualmente. Es lo que John Wallis ha acuñado como La Paradoja del Privilegio: su argumento es que en la sociedad actual las reglas no son impuestas de la misma manera para todos. El concepto de democracia implica que el poder de decisión reside en los ciudadanos, y esto va mas allá de la posibilidad de votar de manera periódica la formación de un parlamento. (Texto extraído del prefacio del libro Democracia e Igualdad. El Papel de un Gobierno en la economía).

El crecimiento del PIB no es igual a bienestar social porque puede pasar que se concentre en manos de unos pocos, decía uno de mis alumnos en clase esta semana. Efectivamente el crecimiento económico se traduce en bienestar social sólo cuando las instituciones de un estado son inclusivas y la riqueza permea en la sociedad. En su artículo, Democracy and Economic Growth. A Historical Perspective , Gerring, Barndt y Moreno, relacionan el crecimiento económico con la formación de capital y la calidad democrática. Es la acumulación de capital político proporcionado por la persistencia de años de alta representatividad democrática y buenas políticas públicas lo que permite acelerar el crecimiento económico y aumentar el capital físico, humano y social. Las instituciones inclusivas permiten aumentar el stock de capital político, logrando cambios sistemáticos que permean en la sociedad gracias al rendimiento creciente del proceso de institucionalización. Conforman lo que se conoce como La Sabiduría de Masas: la sociedad en su conjunto evoluciona hacia una situación en la que se favorece la igualdad de oportunidades de ciudadanos y empresas, la defensa del interés común, y en definitiva el bienestar social. El crecimiento económico se hace más sostenible dando lugar a una sociedad más igualitaria también en la distribución de la renta.

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Incendios y Democracia

Hace unas semanas se dieron una serie de circunstancias naturales en Galicia, fuertes vientos y temperaturas altas que dieron lugar a que los conatos de incendios, aún no se sabe si intencionados o consecuencia del cambio climático, se transformaran en grandes incendios que escaparon a la capacidad de los medios de extinción. La declaración de una gallega del pueblo quitándose la máscara para hablar a la cámara de televisión ha sido una lección de lucha, unión y solidaridad, como pasó con el Prestige: “no podemos esperar a que lleguen los medios de extinción, tenemos que organizarnos y luchar entre todos contra el fuego para salvar nuestras vidas y nuestras casas”, dijo. Y así fue, el pueblo se organizó en cadenas humanas para pasarse cubos de agua, enganchar mangueras a las tomas de agua pública, y algunos incluso abrieron los grifos de sus casas para apagar el fuego de la casa de su vecino.

El pueblo gallego tenía un interés común, salvarse todos del incendio, salvar sus casas, salvar en la medida de lo posible también el ecosistema de la comunidad. Se comportaban con el objetivo de procurar lo mejor para la sociedad, nadie escatimó en poner su esfuerzo físico y económico para que así fuera. Si se hubieran comportado de manera individual, cada uno con su cubo, cada uno intentando apagar de manera individual el fuego de su casa, el incendio hubiera sido mucho mayor y todos en conjunto habrían perdido.

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¿Puede el sistema electoral en Canarias perjudicar a los habitantes de las islas no capitalinas?

El aumento de representatividad de los ciudadanos de las islas pequeñas en el Parlamento de Canarias se justificó en su momento para compensar el coste de la doble insularidad que soportan los habitantes de las islas pequeñas. El Centro de Estudios Económicos Tomillo 1 cuantificó en 2008 el coste de la ultraperiferia de Canarias respecto al continente europeo para las empresas no agrarias en algo más de 5.988 millones de euros. Como cita el informe el sobrecoste de la ultraperiferia recae principalmente sobre la actividad empresarial de las islas capitalinas, aproximadamente en un 82%, debido a la concentración de la actividad empresarial. El resto, en torno a 907,8 millones, corresponde a las islas no capitalinas. La partida principal identificada fue el sobrecoste del transporte de las mercancías que representan el 48,8% del total.

Por tanto, en la medida en que se consiga reducir los tiempos de desplazamientos y las tarifas que pagan los ciudadanos y empresas para moverse y mover sus mercancías, se acortan las distancias entre las islas y se reduce la doble insularidad como consecuencia de la disminución del coste de transporte. El resto de dificultades que puede tener un habitante de una isla periférica son los mismos que puede tener cualquier otro ciudadano canario que vive en los principales núcleos de población, o los particulares de núcleos menos poblados dentro de las islas capitalinas.

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El Sistema Electoral en Canarias: un sistema que favorece el insularismo y empobrece a la población

El viernes pasado en un acto presidido por el Rector de la Universidad de las Palmas y donde estuvo presente también la presidenta del Parlamento de Canarias se presentó el libro Textos para la Reforma Electoral de Canarias. La obra ha sido coordinada por Vicente Mújica, presidente del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, y Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Como citó el profesor Gerardo Pérez, la obra es un trabajo científico en el que han participado profesores de varias universidades españolas entre los que me encuentro. La pregunta con la que comienzo mi reflexión en el capítulo Efectos del Sistema Electoral en Canarias sobre la Economía y el Bienestar es si ¿rigen en Canarias los principios básicos de unión, libertad, solidaridad, e igualdad de oportunidades? La respuesta es que el sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad y la barreras electorales del treinta por ciento insular y del seis por ciento autonómico parece que lo impiden.

La circunscripción insular convierte en la práctica el Parlamento de Canarias en una cámara de representación territorial que favorece el insularismo desde su concepción, ya que induce a los ciudadanos a pensar que el representante electo de su isla tendrá como prioridad defender sus derechos antes que los de otra isla, lo que va en contra de la unión de todos los canarios, fomenta la división y la lucha territorial por el poder. Por otro lado, el artificial e hipotético equilibrio en el número de diputados entre provincias impuesto con la triple paridad refuerza aún más la división entre los canarios. Los diputados tienen además un objetivo de segundo orden, después de defender los intereses de su isla deberán defender también los intereses de su provincia.

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¿Deben gobernar en España las listas más votadas?

Esta semana he tenido la gran oportunidad de participar en la novena liga de debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria coordinando a mis alumnos de tercer curso del Grado de Economía. Como dijo uno de los miembros de la organización, nuestra universidad es pionera en España de un modelo heredado directamente de las universidades americanas y siempre ha tenido participaciones destacadas en la liga nacional. La pregunta sobre la que giraba el debate fue: ¿deben gobernar en España las listas más votadas?

Dentro de la sala donde se celebraban los debates, el sorteo definía la postura a defender por cada uno de los dos equipo que se enfrentaban. En los pasillos, el debate continuaba, y todos dábamos nuestros argumentos a nivel individual, sin desvelar, claro, los argumentos secretos de nuestro equipo. Lo cierto es que fuera de los debates sólo coincidí con personas que defendían el no a la pregunta planteada por los organizadores. Todos estábamos de acuerdo además que esa era la postura más cómoda. Afortunadamente a nuestro equipo, Economistas con derecho, a opinar se supone, le tocó defender el no en más de una ocasión, y éstos fueron los argumentos basados en la Economía del Bienestar con los que arrancaban en esos casos nuestras intervenciones:

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El Caramelo del Estado del Bienestar y las Malas Políticas Públicas

El “caramelo” de Estado del Bienestar que algunos políticos venden  se relaciona con prestaciones sociales, servicios públicos, financiación de políticas sanitarias, educativas, pensiones. Muchos gobiernos hacen depender este tipo de políticas y el bienestar de los ciudadanos del crecimiento económico y muchos se apoyan en la realidad económica internacional para ocultar las limitaciones de su capacidad de gestión.

En esta línea las políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico han tenido en España efectos importantes en la distribución de la riqueza y el bienestar. En pleno período de crisis económica, el impacto más fuerte lo ha recibido el mercado laboral que soporta una de las tasas más altas del mundo de cuota de la seguridad social, lo que ha arrastrado al resto de cifras de desigualdad y bienestar social. No hay que olvidar que la tasa de desempleo evolucionó hasta situarse en el 25% en 2014, la segunda peor de la Unión Europea, muy alejada de la media situada en el 10,3%.

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Propuestas para un Sistema de Pensiones que garantice la equidad

E staba previsto que el sistema de pensiones en España sustentado sobre las rentas del trabajo quedara obsoleto y cayera en una situación de déficit conforme aumentara el número de personas dependientes. La crisis económica ha acelerado este proceso y en los últimos cuatro años el gobierno ya ha dispuesto de 34.000 millones de euros del Fondo de Reserva de Pensiones y reducido sustancialmente su saldo hasta dejarlo en sólo 41.634 millones a final de 2014. La previsión del gobierno es que hasta al menos 2020 los ingresos sigan siendo insuficientes para cubrir el pago de las pensiones en nuestro país, lo que requiere de medidas inmediatas que puedan tener repercusiones a medio plazo y solvente la insostenibilidad del sistema.

La respuesta inmediata del gobierno ha sido elevar la edad de jubilación en dos años y aprobar la ley 23/2013 que se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. El nuevo sistema hace depender la revalorización de las pensiones del equilibrio financiero entre ingresos y gastos, lo que quiere decir que si se mantiene la actual legislación al menos hasta el 2020 las pensiones recibirán una subida del 0,25% a todos los pensionistas por igual.

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¿Tendrán el éxito las propuestas de los partidos políticos que se presentan a elección el próximo veinticuatro de mayo?

¿Hace falta algo más? ¿Es verdad que el sistema no funciona como dicen muchos ciudadanos?¿Qué determina que un país sea pobre o rico? La respuesta es democracia, el grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones, su nivel de politización determina el éxito de las propuestas políticas, por muy buenas que sean.

Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Why Nation Fail? Explican que el éxito o el fracaso en términos de bienestar de un país está en función de su nivel de democracia, del grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones. ¿Realmente rigen en nuestro país los principios básicos de Libertad, Igualdad de Oportunidades, Solidaridad, Unión? En 1995 Mouro en su trabajo Corruption and Growth demostró econométricamente la correlación positiva que existe entre el nivel eficiencia de la burocracia de un país y su estabilidad política. Encontraron que los países más pobres eran siempre eran más corruptos y políticamente más inestables. La corrupción repercute negativamente en la tasa de inversión de un país, lo que se acompaña de menor crecimiento económico, menor empleo, menores ingresos para las administraciones públicas, peores servicios, peores políticas redistributivas y en definitiva, mayor desigualdad. La corrupción me apuntilló una buena amiga hace unos días genera falta de confianza, alimenta la economía sumergida, daña la imagen exterior y reduce las inversiones.

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El Sistema de Pensiones en España necesita una reforma que garantice la Equidad y su Sostenibilidad Financiera

En España la base del sistema financiación de las pensiones se sustenta, principalmente, en la cotización a la seguridad social, un impuesto que grava exclusivamente las rentas del trabajo. Hasta hace unos años, a medida que aumentaba el número de personas ocupadas por cuenta ajena y autónomos, la productividad, y los salarios, aumentaba también la recaudación por cotizaciones a la seguridad social. Eso permitió durante muchos años financiar mejoras en las pensiones y sostener la incorporación de nuevos pensionistas al sistema. Sin embargo, la crisis económica en nuestro país se ha cebado particularmente en el mercado de trabajo, le ha dado la vuelta a ese proceso, y ha transformado el mecanismo de financiación de las pensiones en España en un sistema no sostenible financieramente.

En los últimos tres años los ingresos por cotizaciones a la seguridad social no han sido suficientes para pagar las pensiones, lo que ha obligado al gobierno a retirar más de 33.000 millones de euros del fondo de reservas de pensiones para poder hacer frente a los pagos. El saldo del fondo a final de 2013 era sólo de 53.744 millones de euros. La previsión para el 2015 es que el gasto total en pensiones contributivas será de 109.000 millones de euros.

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La toma de decisiones de políticas públicas por referéndums

Recientemente algunos gobiernos autonómicos están tratando de utilizar las consultas ciudadanas para tomar decisiones de políticas públicas. El Gobierno canario ha liderado la consulta popular acerca de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas. El Gobierno catalán, por su parte, ha liderado una consulta que pretendía que los ciudadanos actualmente residentes en Cataluña manifestaran su opinión acerca de la independencia del país. Ambas consultas tienen elementos en común: en primer lugar, ninguno de los dos gobiernos tenía capacidad ejecutiva, ni tampoco sus parlamentos capacidad legislativa sobre lo que se consultaba. La pregunta que me hago es: ¿si hubieran tenido capacidad para decidir hubieran hecho la consulta, o directamente hubieran ejecutado la política?

El segundo elemento en común es que tanto la consulta planteada por el Gobierno de Canarias como la del Gobierno de Cataluña, tienen como fin decidir sobre la ejecución de políticas públicas que tienen un impacto socioeconómico. Y eso las diferencia de las consultas de este tipo realizadas realizadas en España con anterioridad que han tenido siempre un perfil estrictamente político. En el caso de Canarias está claro. En el caso catalán podía haber tenido un trasfondo estrictamente político vinculado con la identidad, pero sus promotores argumentaron la independencia también por un motivo económico con el famoso “España nos roba”.

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