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La ley turística de las islas verdes, denunciada por más de 500 personas por "vulnerar el principio de desarrollo sostenible"

Miembros de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible explican en Madrid que esta iniciativa aprobada en el Parlamento regional permite construcciones que afectarán a espacios naturales protegidos

Para el redactor de la denuncia, Santiago Pérez, la Ley exceptúa muchos casos para poder construir en territorio rural

La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible atribuye al "caciquismo", a los propietarios y promotores del suelo, los cambios introducidos en la norma

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La plataforma Canarias por un Territorio Sostenible presenta la denuncia de 500 personas a la Ley Turística de las Islas Verdes en Bruselas.

La plataforma Canarias por un Territorio Sostenible presenta la denuncia de 500 personas a la Ley Turística de las Islas Verdes en Bruselas. Canarias Ahora

La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible ha atribuido este viernes al "caciquismo", a los propietarios y promotores del suelo, rústicos y turísticos de las islas, los cambios introducidos en la ley de las islas verdes ( La Palma, La Gomera y El Hierro) que "contraviene lo que quiere la mayoría social".

Representantes de esta plataforma han entregado 500 denuncias contra la reciente modificación de esa ley en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, de ciudadanos de esas tres islas en las que informan a las autoridades de la UE de "incumplimientos de obligaciones" relacionados con la protección del medioambiente y la tutela judicial.

En rueda de prensa cubierta por la Agencia Efe, el redactor de la denuncia y profesor de la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, ha explicado que esta norma de actividad turística para las Islas Verdes "tiene poco que ver" con la iniciativa que entró en el Parlamento, porque exceptúa más casos para poder construir en territorio rural y "vulnera el principio de desarrollo sostenible".

Ha insistido en que pretenden introducir "figuras nuevas" para poder construir y derogar leyes medioambientales" ya existentes, concediendo "discrecionalidad y arbitrariedad" a las instituciones desde las municipales, a las insulares y autonómicas.

Pérez ha dicho que la norma permite construcciones que afectarán a espacios naturales protegidos y no puede ser recurrida por los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, por lo que lo hacen ante las autoridades europeas, que deberán ahora "verificar las lesiones" a los derechos medioambientales y de tutela jurídica.

En su opinión, los tribunales españoles, en cuanto europeos, también pueden intervenir y suspender la norma por incumplimiento de varias directivas europeas.

Ha recordado que Canarias es una región ultraperiférica y que la ley contradice completamente la estrategia para el desarrollo turístico propuesto por la Comisión  Europea y la Estrategia para los territorios ultraperiféricos, en las que la competitividad del turismo está absolutamente ligada a la protección de los recursos naturales, el paisaje y la diversidad biológica.

"Se pretende autorizar una serie de grandes equipamientos, entre ellos cinco campos de golf, situados en Espacios Naturales incluidos en la Red Natura 2000, que estaban previstos en el Plan Territorial de Ordenación  Turística de La Palma, anulado por el Tribunal Supremo en 2015", subrayó el también concejal del Ayuntamiento de La Laguna.

Rubén Martínez, consejero de Sí se Puede en el Cabildo de La Gomera, ha insistido en que la ley no fue consensuada y en que puede acabar con la singularidad de estas islas y sus "espacios únicos" y masificar esos entornos.

Gustavo Santana, secretario general de UGT de Canarias, ha negado que vaya a favorecer el empleo y menos su calidad, al tiempo que ha alertado de la burbuja inmobiliaria, su pinchazo y su repercusión en la caída del empleo, frente al turismo sostenible que se desarrolla actualmente en esas islas.

Antonio Pérez, secretario de Comisiones Obreras en Gran Canaria, ha considerado que esta ley de actividad turística es un ensayo que se exportará a otras autonomías, para desregular "todas las normas que equilibran el territorio", al poner por encima "proyectos puntuales", tanto privados como públicos que se consideren de interés del municipio, de la isla o del archipiélago.

Tras constatar que se pasa la competencia de ordenación del suelo desde la comunidad autónoma al municipio, ha precisado que de esa forma se podrá ejercer "más presión" desde los promotores a los consistorios.

Julio Barea, de Greenpeace, ha dicho que la biodiversidad de Canarias está "en serio peligro" y ha recordado que más del 50 % del territorio y mar de esas islas tienen alguna figura de protección ambiental.

Javier Rodríguez, también de la Plataforma, ha denunciado "la cultura del ladrillo y del empleo precario" y ha dejado claro que no están en contra del turismo, pero sí de leyes que caminan hacia el pasado, de "más cemento y menos espacios verdes", y sí apuestan por el turista respetuoso con el entorno de las islas.

Para el redactor de la denuncia, van a desaparecer "mecanismos de legalidad" y el "único control" que se va a poder ejercer es a posteriori y por los tribunales.

Ha precisado que la ley "está patrocinada" por los poderes económicos "más agresivos" de las islas.

Gustavo Santana ha apostillado que los socios de Gobierno cambiaron de criterio desde que se presentó la iniciativa en el Parlamento y que CC "se ha rendido" a lo que pedían los empresarios de Gran Canaria, que querían derogar la moratoria turística y construir nuevos hoteles, especialmente en el litoral.

Ha recordado que, en la mayoría de los casos, los propietarios de los terrenos rústicos son también dueños de hoteles y promotores turísticos. 

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