La pandemia agrava la inseguridad económica de las víctimas de violencia machista y reduce sus opciones de huir del agresor

Una de las lecciones que ha arrojado la pandemia provocada por la COVID-19 es la importancia del cuidado. Esta tarea ha estado históricamente feminizada e invisibilizada, pero desde que el coronavirus revolucionó la rutina de toda la población del planeta, resulta innegable que es una labor esencial para que la economía y la sociedad continúen funcionando. A pesar de que las mujeres han cargado el sistema sobre sus hombros desde que comenzó esta crisis sanitaria, han sido las más afectadas por el impacto de la pandemia. En especial, aquellas que son víctimas de violencia machista.

Durante la COVID-19, ''esta mano de obra invisible se ha vuelto cada vez más visible'', pero esta alta feminización de los sectores altamente perjudicados por la crisis sitúa a las mujeres en un alto riesgo de desempleo. Así se desprende del informe técnico jurídico Impacto de género de la crisis de la COVID-19, presentado este miércoles por el consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos.

La legislación española dictada durante 2020 para enfrentar el impacto de la crisis sanitaria ha suavizado las consecuencias negativas de la pandemia sobre las mujeres, que según Julio Pérez “forman parte de las personas más vulnerables en épocas de desventura”. El estudio valora de forma positiva las medidas para evitar los despidos masivos como consecuencia del cierre de las empresas, para favorecer la conciliación laboral o las herramientas habilitadas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género durante el confinamiento.

Sin embargo, después de analizar esta normativa y su aplicación, el informe concluye que las responsabilidades de cuidado que está generando esta crisis pueden provocar que las mujeres se vean obligadas a reducir las horas de trabajo o a perder sus empleos. Con la consecuente pérdida de ingresos y el riesgo de inseguridad económica y pobreza para algunas familias.

Los riesgos del teletrabajo

La investigación realizada por el Instituto de Estudios de las Mujeres concluye que el teletrabajo tiene mayores riesgos para las mujeres, ya que su histórico rol de cuidadoras dificulta la delimitación de los tiempos de trabajo. “Puede producirse un conflicto al no delimitar convenientemente los espacios laborales, personales o familiares, así como que no exista una correcta separación de los tiempos de trabajo y los dedicados a la familia”, subrayó Margarita Ramos.

Asimismo, según Ramos, no extender el cuidado también a los hombres puede perpetuar los roles de género y hacer que el teletrabajo quede reservado solo para las mujeres y ''masculinizar el trabajo presencial“. ”Esto, unido al peligro de perder el trabajo, puede hacer que se reproduzcan estereotipos del pasado, recluyendo a las mujeres en la casa y dedicadas al trabajo no remunerado de familiares y dejando a los hombres el trabajo presencial''.

Violencia machista

Desde que se decretó el confinamiento para frenar la propagación de la COVID-19, la principal preocupación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género fueron las mujeres y niñas que tenían que quedarse en casa con sus agresores. Tal y como ha explicado este miércoles Victoria Rosell, 48 horas después de la declaración del estado de alarma se implantó un Plan de Contingencia para las víctimas de violencia machista, con el fin de que los servicios creados para su protección continuaran funcionando con todas las garantías.

Según los datos de la delegada, durante la pandemia aumentaron un 457% las consultas online y un 57,9% las llamadas al 016. También aumentaron las llamadas a los recursos que no requieren una llamada en voz alta. “La seguridad de los hogares que predicamos no es así para muchas mujeres y para sus hijos e hijas”, advirtió Rosell.

El estudio presentado concluye que la violencia sobre las mujeres dentro de los hogares está siendo un “enorme motivo de preocupación” durante la pandemia y resulta “muy difícil de medir y cuantificar”. “Las medidas de confinamiento también han limitado la capacidad de las mujeres para denunciar la violencia”, reza el documento. “Los gobiernos en sus distintos niveles deben reducir los riesgos para las mujeres en sus propios hogares. Se precisan más y mejores mecanismos para denunciar la violencia”.

Mujeres migrantes

“Si las mujeres en general están e una posición de desventaja, las mujeres migrantes están en situación precaria”, señaló Margarita Ramos. Aquellas mujeres y niñas que atraviesan un proceso migratorio están, según la investigadora, expuestas de manera desproporcionada a actos de violencia de todo tipo.

Así, Ramos ha solicitado a los distintos gobiernos que no abandonen a las mujeres migrantes a su suerte, ya que requieren un tratamiento especial ante el riesgo además de caer en redes de trata con fines de explotación sexual. “Son proyectos de vida, proyectos de trabajo. La gente quiere desplazarse como se desplaza todo en este mundo global”.

La directora del Instituto de Estudios de las Mujeres ha apelado a procesos de regularización puntuales, como el de las mujeres migrantes en el sector agrario en la Península. “Se hizo porque era preciso recoger cosechas, recolectar frutos por temporada para el suministro básico de alimentos a la población. Se les permitió renovar la residencia para que pudieran continuar”, especifica Ramos. Según el informe, el principio de igualdad de trato y el trabajo en condiciones de equidad aún no ha quedado plenamente satisfecho en relación con las mujeres migrantes.