El Gobierno denuncia en la Fiscalía la desaparición de 18 millones de dinero público en Ecomasa

El Gobierno de Cantabria ha acordado este jueves presentar ante la Fiscalía una denuncia por la desaparición de los 18 millones de euros invertidos por el anterior Ejecutivo del PP en la empresa Ecomasa. La auditoría encargada por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan) ha constatado que el dinero público no fue a parar a la fábrica de estufas de Maliaño sino que fue desviado hacia un entramado societario creado por Jesús Lavín y Andrés de León, promotores del proyecto.

Ecomasa -que comercializaba sus productos bajo el nombre comercial de Nestor Martin- inició su actividad en la comunidad en febrero de 2013 de la mano del Gobierno de Ignacio Diego (PP), acogiendo a casi un centenar de los 171 trabajadores que meses antes habían sido despedidos de Teka como consecuencia del proceso de deslocalización de la compañía.

A cambio de recolocar a 88 empleados, el Ejecutivo cántabro inyectó en la sociedad 18 millones de euros, 12 a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y 6 más desde Sodercan. Además, los despedidos en Teka aportaron otros 3,2 millones de euros, la cantidad equivalente a las indemnizaciones. Por su parte, Jesús Lavín y Andrés de León crearon la empresa con 3.000 euros de capital social y llegaron a invertir hasta 226.000 euros.

Tras apenas tres años de actividad, en los que se aprobaron dos Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), Ecomasa entró el pasado mes de abril en preconcurso de acreedores. Ante estos hechos, el comité de empresa aprobó iniciar acciones penales contra los administradores por apropiación indebida, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos, tal y como adelantó este diario.

Esta demanda, que se encuentra en fase de instrucción, se ve reforzada tras la auditoría elaborada por Ernst&Young, que aprecia hechos que pueden ser constitutivos de delito. El informe ha sido dado a conocer, en rueda de prensa, por la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, quien ha detallado que “en las próximas horas” el departamento jurídico de Sodercan presentará una denuncia ante la Fiscalía.

Según ha explicado Díaz Tezanos, los auditores han confirmado el desvío de fondos previstos para la actividad de Ecomasa hacia un entramado de empresas creado por Lavín y León, aunque no han podido conocer con exactitud el destino de los fondos, ya que estas dos personas han impedido el acceso a todos los datos.

A este respecto, la vicepresidenta ha detallado que Lavín y León enviaron “varios burofaxes” a Hub Advisory -el administrador único de Ecomasa nombrado por el Gobierno del PP en febrero de 2015, cuando los problemas económicos eran cada vez más acuciantes- para que no proporcionara información sobre la empresa ni ninguna otra sociedad del grupo.

Entre los movimientos que sí han podido detectar figuran la salida de fondos para la adquisición de maquinaria a otra empresa propiedad de Lavín por valor de algo más de 2 millones de euros; la compra de participaciones de Chimeneas Barcelona por 898.000 euros; la participación en la ampliación de capital de una empresa de Chile o la compra por importe de 1,8 millones de la marca Somen Fire, que “había sido creada a comienzos de 2014” y que resultó “ruinosa”.

Con estas operaciones se produjo una descapitalización progresiva y se perdió la esencia de la actividad de Ecomasa, puesto que “se priorizó la financiación de otras empresas del grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto”, ha resaltado la vicepresidenta.

Así, el Ejecutivo pedirá la apertura de diligencias con la intención de que la justicia abra una investigación que ayude a esclarecer el destino de los 21,2 millones de euros aportados por la Administración pública y por los exempleados de Teka y, en su caso, que se inicie un procedimiento judicial para depurar las responsabilidades oportunas.

Igualmente, la también líder de los socialistas cántabros ha abogado por determinar las responsabilidades políticas y, en este sentido, ha dicho que espera las explicaciones del “principal valedor e impulsor del proyecto, Ignacio Diego”.

Copar el mercado

Otro de los datos que arroja el informe es el sorprendente y ambicioso plan empresarial presentado por Lavín y León al Gobierno popular para que aprobara la inversión de capital público. Según sus datos, en su primer año de actividad, Nestor Martín, que partía de una producción inexistente, no tenía marca comercial ni cartera de clientes, coparía el 60% del mercado de estufas de pellets en España y el 20% del mercado europeo.

“Si el ICAF o Sodercan hubieran analizado el proyecto, se hubieran dado cuenta de que era totalmente inviable”, ha sentenciado Díaz Tezanos.

Finalmente, a preguntas de los medios, ha apuntado que el Gobierno PRC-PSOE aguardará a que la Fiscalía se pronuncie para decidir si abre o no una investigación parlamentaria.