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LA COMISIÓN JUNCKER: UN COLOR POLÍTICO BIEN DEFINIDO

Josep M. Vallès,

Catedrático de Ciencia Política de la UAB y miembro del Consejo Asesor de la FCE —

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Los comentarios previos a la formación de la futura Comisión Europea han manifestado sobre todo preocupaciones nacionalistas y de género: qué país se vería beneficiado por qué cartera y qué relación hombres-mujeres estaría presente alrededor de la mesa de la Comisión. Pero apenas se ha hablado de su orientación política. Hecho sorprendente tratándose de un organismo que tiene iniciativas normativas y ejecuta políticas de clarísima densidad política. En cambio es menos sorprendente si se tiene en cuenta que hay tendencia a considerar la Comisión como un colectivo de tecnócratas, como un grupo de expertos sin etiqueta política, encargados de aplicar recetas político-económicas que según ellos son indiscutibles y sin alternativa. Como, por ejemplo, ha sido la política “austericida” de la última Comisión, con la imposición de “reformas estructurales” que han reducido derechos sociales y han conducido al estancamiento de la economía de la UE.

La visibilidad del Consejo Europeo integrado por jefes de estados y primeros ministros o las reuniones de los ministros de los países miembros parece cargar con toda la densidad partidista de las decisiones de la UE y liberar la Comisión de esta carga, convirtiéndola en mero ejecutor subordinado y técnico. Pero el papel y la influencia de la Comisión tiene mucho más color político del que deja ver esta cobertura. Basta con examinar el origen partidista de sus miembros, todos ellos hombres y mujeres con trayectoria previa bien conocida en la política de sus respectivos países. Por ello, parece necesario examinar cuál es su biografía política y a qué partido pertenecen.

Este examen da un retrato muy bien perfilado de la Comisión. La Comisión propuesta por Juncker tiene una composición claramente conservadora. O de centro-derecha, si lo preferís. Esto se revela en que un 73 por ciento de los futuros comisarios pertenecen a partidos conservadores y liberales, mientras que el otro 27 por ciento pertenece a partidos socialdemócratas. No hay comisarios que pertenezcan a los partidos de izquierda, verdes o euroescépticos que no han apoyado al presidente Juncker. Esta composición no será inocua en cuanto a las políticas diseñadas desde la futura Comisión, como no lo ha sido la composición de la Comisión saliente presidida por el conservador Barroso cuando ha aplicado las suyas con el resultado que todos conocemos.

Una anomalía del sistema institucional de la UE es este desajuste entre la definición política de la Comisión y la composición del Parlamento europeo elegido en mayo pasado. Ya sabemos que el sistema político de la UE no es un sistema parlamentario y que se trata de un híbrido de difícil catalogación entre las categorías de los sistemas políticos conocidos. Pero se habían presentado las elecciones de este año como una nueva oportunidad para recuperar una cierta legitimidad democrática para unas instituciones bastante desacreditadas, mal comprendidas por la ciudadanía y con pérdida de su confianza como resultado de las políticas económicas dictadas desde aquellas instituciones o avaladas por ellas.

El resultado de las elecciones del mes de mayo había dado unos resultados que no se corresponden con la composición de la Comisión propuesta por Juncker. El 47 por ciento aproximadamente de los diputados europeos pertenecen a partidos conservadores y liberales, los mismos partidos que cuentan con casi el 75 por ciento de los comisarios. En cuanto a socialdemócratas y afines, la relación es más ajustada pero también ventajosa para los representantes del centro-izquierda: 23 por ciento de los diputados y 25 por ciento de los comisarios. Repito que el sistema político de la UE no se corresponde con ninguno de los catalogados entre los tipos estatales y, por tanto, esta “anomalía” puede ser justificada con argumentos legales. Pero nos encontramos ante una anomalía perturbadora y negativa en un momento en que las instituciones europeas sufren un fuerte déficit de legitimidad democrática.

Atención, pues, al carácter claramente político -no tecnocrático- de la nueva Comisión, a la orientación de las políticas que proponga o que avale y a su interacción con la oposición parlamentaria donde se han reforzado mucho las posturas críticas. De lo que ocurra en estos próximos años dependerá si la UE sigue perdiendo apoyo popular. O, si por el contrario, neutraliza esta dinámica y la corrige. Los indicios no son alentadores, pero es necesario no perder toda esperanza.

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