No será la panacea. Ni siquiera el motor principal. Pero la economía social, dicen los expertos, debería convertirse en un eje sobre el que articular la recuperación económica y la sociedad post crisis.
“En el momento en que estamos, el rol de la ciudadanía es imprescindible. El binomio estado-mercado ya no es suficiente; hay que incorporar lo social, el tercer sector, para tener una economía más plural y una mejor convivencia”, afirma Jordi Valls, economista y colaborador de la Coopérative de Développement Régional del Quebec.
Valls es una de los profesionales que, esta semana, aportó ideas y propuestas en el cuarto congreso del Tercer Sector Social, celebrado en Barcelona. La reunión pretendía debatir, en estos tiempos de recortes y de dificultades de financiación, sobre la necesidad de magnificar la dimensión económica del Tercer Sector Social, o lo que es lo mismo, sobre su capacidad para ofrecer no sólo servicios no cubiertos por el estado, sino también para generar puestos de trabajo y riqueza.
El Quebec ofrece para ello un ejemplo interesante. Con unas peculiaridades culturales y una población similares a las de Catalunya –en un territorio infinitamente más amplio-, la provincia francófona del Canadá genera el ocho por ciento de su PIB a través de la economía social.
Pero ¿qué es la economía social? “Es aquella economía que incorpora a los agentes del tercer sector como agentes socioeconómicos significativos, con un espacio propio al lado del sector público y privado”, explica Valls. “Y presta bienes y servicios para cubrir necesidades emergentes en sectores donde la aportación de valor social es alta y el ámbito privado tiene menos interés”, prosigue.
Es, en definitiva, la economía que generan cooperativas, asociaciones y entidades de carácter social, apenas cuantificada en términos numéricos en nuestro país. Aun así, según cifras de Ignasi Faura, coordinador del Fórum Economía Social, este tipo de economía también supone el ocho por ciento del PIB catalán. Y, en 2012, generó el 10 por ciento de los puestos de trabajo.
“Catalunya es rica en entidades, pero éstas están poco estructuradas y tienen poca influencia global en las decisiones políticas y en la sociedad”, expone Faura, ponente también de la ley de economía social.
Las estadísticas hablan de unas 6.800 entidades del Tercer Sector Social en Catalunya, que generan unos 102.000 puestos de trabajo. Y de unas 4.500 cooperativas, cada una de las cuales emplea, de media, a 7,5 personas. Esta cifra se eleva a una media de 27,8 empleados en el Quebec, que cuenta con unas 3.300 cooperativas y donde un 70 por ciento de la población es miembro de ellas. En Catalunya, sólo un 15 por ciento lo es.
“En el Quebec, 1996 fue un punto de inflexión para el despegue de este tipo de economía: la crisis era fortísima, y el paro y el déficit, enormes. El Gobierno de entonces celebró una cumbre por la economía y la ocupación a la que, por primera vez, fueron convocados también los agentes del Tercer Sector Social para participar en el proceso de concertación”, apunta Valls.
El Gobierno canadiense apostó entonces por políticas públicas expansivas y el tercer sector superó con creces el objetivo marcado: generar 20.000 puestos de trabajo en el plazo de dos años. E impulsó, además, sectores emergentes como las guarderías públicas, la atención domiciliaria y la gestión de residuos.
“Hubo una redefinición del Estado de Bienestar con una mayor implicación del Tercer Sector porque el estado no puede llegar a todo”, señala Valls. “Éste pasó a financiar total o parcialmente esos sectores, pero cediendo la gestión a las cooperativas que, por ejemplo en el caso de las guarderías, crearon una red excelente”, añade. “Así, cubre nuevas necesidades no satisfechas por el mercado, genera ocupación y combate la economía sumergida. Al tiempo, esperaba compensar la inversión pública con más recaudación fiscal y menos gasto en prestaciones como el paro”.
¿Sería posible algo similar aquí? De momento, según Valls, faltan condiciones para que algo así suceda. “De entrada, no ha habido una confluencia entre los movimientos sociales, que están en el ámbito de la protesta, con la economía social”, afirma este economista, administrador general también de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.
“Nos falta pasar a proponer de manera diferente, unión entre los actores y más transversalidad”, prosigue Valls. Los poderes públicos catalanes, conviene, tampoco se muestran demasiado abiertos a incorporar al Tercer Sector como un agente económico de primer orden. “Los norteamericanos tienen una tradición de trabajo comunitario y de procurar la concertación, y son más pragmáticos: buscan quién puede hacer mejor las cosas”.
“Aquí, el Tercer Sector tiene un peso importante en la realidad del país, pero no lo sabe ejercer”, tercia Faura. “Tenemos que democratizar la economía haciéndola más plural y transparente, aportando empresas democráticas y solidarias y también nuestros valores, para superar así las desigualdades y lograr un equilibrio entre el bien común y el lucro personal”, receta el coordinador del Fórum Economía Social.
En el Quebec, concluye Valls, también tienen sus problemas y sus luchas, pero su experiencia debería servir para inspirar iniciativas que conviertan al Tercer Sector Social catalán en un eje imprescindible para articular la nueva economía y la sociedad del nuevo milenio.
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