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La lucha por la municipalización del agua toma las calles de Terrassa

Un centenar de entidades y partidos de distintos colores participado en la marcha que ha recorrido las calles de Terrasa tras la pancarta "Se escribe agua y se lee democracia" 

Terrassa, la cuarta ciudad catalana en población, se ha convertido en el nuevo frente de la guerra por la municipalización de este servicio 

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Cabecera de la manifestación en Terrassa por la municipalización del agua / Taula de l'Aigua de Terrassa

Cabecera de la manifestación en Terrassa por la municipalización del agua / Taula de l'Aigua de Terrassa

Nuevo episodio en la batalla por la gestión del agua en Catalunya. Esta vez, en forma de movilización ciudadana. Una multitud –incluidos un centenar de entidades, sindicatos y partidos políticos– ha tomado las calles de Terrassa para reclamar la municipalización de este servicio. Tras el lema  Se escribe agua y se lee democracia ha avanzado una marcha que ha servido sobre todo para dar apoyo al ayuntamiento de la ciudad –la cuarta catalana en población–, que trata de recuperar, con los tribunales de por medio, la gestión del agua en manos de la empresa Mina Pública d'Aigües Terrassa desde hace 75 años

La protesta ha recurrido el tramo que separa la Estación Nord del Ayuntamiento, y ha hecho parada frente a la sede de la empresa Mina, donde se ha leído el manifiesto. La marcha la han convodado la entidad Aigua és Vida y la Mesa del Agua de Terrassa, y ha contado con la participación de líderes políticos como Joan Tardà (ERC), Xavier Domènech (En Comú Podem), Núria Parlon (PSC) o Anna Gabriel (CUP), que han arropado al consistorio egarense, encabezado por el socialista Jordi Ballart, que denunció en su día haber recibido amenazas por querer municipalizar el agua

Más allá de Terrassa, el conflicto por la gestión del agua en Catalunya tiene dos grandes frentes abiertos a nivel autonómico y metropolitano, ambos judicializados y pendientes de sentencia del Tribunal Supremo. Uno afecta a Aigües Ter Llobregat (ATLL), de la que dependen más de cuatro millones de catalanes, cuya privatización impulsado por el Govern de CiU fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por irregularidades en el proceso. El otro es el de la empresa mixta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), cuya concesión a Agbar también censuró el Alto Tribunal catalán. 

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