Parece evidente que el juez de El Vendrell que investiga el llamado caso del 3% ha topado con otra investigación judicial abierta hace unos años sobre irregularidades en el Puerto de Barcelona. En concreto, en el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona. Tan evidente como que Sixte Cambra no tiene nada a ver con ello, puesto que la denuncia que da pie a este otro sumario, presentada por el mismo Puerto de Barcelona contra las constructoras del Dique Este, data de 2010, cuando el presidente de la autoridad portuaria era el socialista Jordi Valls, y los hechos supuestamente irregulares se remontan a una obra adjudicada en 2001, cuando el presidente era el convergente Joaquim Tosas Mir.
Sinteticemos. En septiembre de 2001 la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) adjudica las obras de alargamiento del Dique Este (el famoso rompeolas dónde varias generaciones habían aparcado el coche para disfrutar de la intimidad de la noche) a una UTE formada por FCC Construcciones, Construcciones Rubau, Ferrovial-Agroman y Copisa (las empresas registradas en la operación del día 2) por un importe de 197 millones de euros. Eran unas obras complejas y costosas pero absolutamente imprescindibles para abrigar la ulterior ampliación del recinto portuario. Ahora en el rompeolas ya no hay intimidad que valga, sino miles de cruceristas embarcando y desembarcando a diario.
Las obras del dique se alargan hasta el 2008, y en algún momento de este proceso, seguramente hacia el final, la autoridad portuaria descubre que ha estado pagando por unos costes que sólo se han producido en la ficción documental, puesto que la UTE ha hecho ver que había puesto 865.000 toneladas de piedra más de las reales, además de haber usado materiales de calidad muy inferior al facturado. Dependiendo de las informaciones publicadas cuando estalla el caso y el puerto presenta la denuncia, se estima que la presunta estafa oscila entre 7 y 9 millones de euros, que es algo más del 3% del presupuesto total de la obra. El sumario todavía está pendiente de juicio y lo último que se publicó (no hace mucho, a finales de noviembre de 2016) es que el fiscal pide siete años de prisión para nueve directivos de estas constructoras.
Si ahora resulta que esto no es sólo una presunta estafa sino que, de la documentación aparecida a raíz de las indagaciones del sumario de El Vendrell, se deduce que también podría ser un caso de presunta financiación ilegal de partido político, vía comisiones ilegales, entiendo que tiene lógica que el juez de El Vendrell intente cuando menos revisar la manera como se resolvió aquel concurso de obras, puesto que este extremo no ha sido objeto de la investigación judicial llevada a cabo por el juzgado de Barcelona. Al fin y al cabo, el caso del 3% va precisamente de eso, de adjudicaciones a cambio de comisiones. Y si esto es así se tiene que viajar en el tiempo hasta 2001 y ver quién y cómo tomó aquella decisión.
Los presidentes de los puertos los nombra el Gobierno central a propuesta del autonómico. Las autoridades portuarias son grandes empresas públicas de titularidad estatal, pero controladas por un consejo de administración con mayoría de los poderes políticos locales. Y esto es así gracias al Pacto del Majestic. La misma coyuntura que permitió a Carles Vilarrubí sentarse en el consejo de administración de Telefónica o a Rafael Español en el de Endesa (ambos designados por el dedo mayestático de Jordi Pujol) hizo posible que Joaquim Tosas fuera el primer presidente de la APB nombrado a propuesta de la Generalitat y no de la administración del Estado. Lo fue entre el 1996 y 2004, es decir, coincidiendo con las dos legislaturas de Aznar, aunque su adiós no fue consecuencia de la derrota del PP en marzo de 2004 sino del Pacto del Tinell que dio pie al primer tripartito unos meses antes.
O sea que en todo caso es Tosas, y no Cambra, quien tiene que responder por las presuntas irregularidades de las obras de alargamiento del Dique Este, aunque es natural que, en un registro a las oficinas del puerto, la Guardia Civil requiera la presencia del actual presidente y no del de hace 16 años.
¿Debería de estar Tosas intranquilo? Probablemente no. A lo largo de su dilatada trayectoria en el ámbito público ha sido de aquellos hombres que han mandado mucho desde la sombra, que pocas veces se han ensuciado y que siempre han caído de pie. Le ha acompañado siempre la fama de buen gestor, y en cambio en el mismo puerto el Tribunal de Cuentas detectó en 2007 desvíos millonarios en los presupuestos de varias obras licitadas en el periodo 2000-2004, es decir, durante su mandato. Sobre eso Tosas nunca se tuvo que molestar en dar ninguna explicación a nadie.
Tosas es hoy un feliz (supongo) abuelo jubilado, patrón (y durante algunos años presidente) de la Fundación Catalunya Oberta, ideada e impulsada por Lluís Prenafeta como think tank del catalanismo neoliberal. Un servidor del país, un nombre inmaculado que no obstante despierta en mi hipocampo cerebral el caso de Joan Moll y la injusticia nunca reparada que cometieron con él.
¿No les suena Joan Moll? En la época que el rompeolas era aún el sexódromo al aire libre favorito de los barceloneses fue casi famoso. No debe de haber ningún periodista de más de 50 con plaza en la ciudad, y que se hubiera dedicado mínimamente a la investigación, que en un momento u otro no tuviera tratos con el ingeniero Moll. Fue el primer redactor del mini-trasvase de agua del Ebro al campo de Tarragona, el primer gran proyecto de infraestructura hidráulica promovida por el pujolismo. Y también fue el primero (o uno de los primeros) en airear la existencia de comisiones ilegales en la contratación pública.
El caso Moll es demasiado largo y enmarañado para explicarlo en cuatro párrafos, y más todavía fiándose de la memoria, pero para hacerlo muy resumidamente la cuestión es que fue despedido porque quería situar la toma de agua en algún punto del Ebro anterior a la zona de Flix y de Ascó, donde hay una central química (Ercros) y dos nucleares, ante los informes sanitarios que advertían de la contaminación del agua, mientras que sus superiores querían que la captación de aguas no se hiciera directamente del río sino de los canales de riego que hay en el Ebro a partir de Xerta, es decir río abajo, que es lo que reclamaban las comunidades de regantes (agricultores) del Ebro. La solución Moll era más segura, más próxima y posiblemente por eso más barata, pero se optó por la otra. Y a Moll le apartaron del proyecto.
Entonces Moll divulgó el conflicto y llegó a decir que se había negado a firmar certificaciones de obras falsas cuya finalidad era desviar dinero al partido del Gobierno, es decir, a Convergència. Era una acusación creíble (la otra gran infraestructura pujoliana de los ochenta, la autopista Terrassa-Manresa, también estuvo salpicada de sospechas de comisiones ilegales, en este caso a Ferrovial) pero faltada de pruebas. Y obviamente irritó supinamente a sus superiores. De este enfrentamiento abierto derivó la separación de servicio de Moll a perpetuidad, propuesta por el también ingeniero Joaquim Tosas como secretario general de su departamento y, según Moll, basada en acusaciones falsas como que faltaba al trabajo y cosas así. En los ochenta Tosas fue sucesivamente director general de Transportes, secretario general del departamento de Política Territorial y Obras Públicas, y secretario general del departamento de Sanidad.
O sea que Tosas no sólo despidió a Moll, sino que le negó la posibilidad de optar a ninguna plaza más de funcionario, y por eso durante muchos años se presentó a todas las oposiciones (incluso a la de cocinera de la residencia oficial del presidente) y al no ser aceptado las impugnó todas. Hoy sería una estrella mediática, pero en aquellos tiempos había pocos medios y eran fácilmente controlables. Moll se querelló contra Tosas, y perdió, pero su consuelo es que le cortó una carrera fulgurante que apuntaba a titular de la consejería de Obras Públicas. Tosas dejó la administración y tuvo que buscar refugio en el sector privado. Durante algo más de dos años trabajó en Construcciones y Contratas, una de las empresas que más adelante formaría parte de la UTE que construiría el Dique Este en el puerto que él presidía.
El consejero Joaquim Molins se bebió solemnemente un vaso de agua del Ebro en el Parlament de Catalunya para demostrar a los terrícolas que no había ningún riesgo para su salud. Cuando muchos años después se descubrió que bajo las aguas de la planta de Ercros en Flix se había ido acumulando una montaña de sedimentos tóxicos, el tripartito tuvo algún gesto con Moll, alguna tímida frase de reconocimiento, pero nunca se anuló aquella orden de separación de servicio, que es lo que Moll más deseaba. Los sedimentos se han retirado, y eso ha costado un dineral, y nadie ha pagado nunca por el que seguramente ha sido lo peor atentado ecológico que se ha registrado jamás en Catalunya. Ni los responsables de la empresa contaminante (el actual presidente de Ercros es Antoni Zabalza, exalto cargo del PSOE, y el anterior Josep Piqué, que lo fue desde finales de los 80 hasta llegar a ministro en 1996) ni tampoco ninguno de los sucesivos responsables de la o las administraciones competentes.
Y tampoco nadie se ha disculpado con Moll, que hoy es también un feliz (espero) abuelo jubilado.
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