El Govern pone en marcha la compra de 8.000 urnas para el referéndum sobre la independencia
El Govern tiene a punto la licitación de un concurso público para abastecerse de 8.000 urnas, que utilizará para el referéndum sobre la independencia prometido para el próximo otoño. Según han avanzado varios medios, entre ellos la televisión pública catalana, Nació Digital o la agencia ACN, finalmente será el departamento de Governació, dirigido por Meritxell Borràs, el que ponga en marcha el concurso.
Con la compra de este material el Ejecutivo catalán dará el pistoletazo de salida a los preparativos del referéndum, después de las fricciones generadas en el seno del Govern entre el PDECat y ERC por la responsabilidad de la compra. Según trascendió entonces, Borràs había reclamado al vicepresident Junqueras, encargado de los preparativos, que le ordenara la compra de este material por escrito. La crisis se cerró con la firma de un texto de compromiso con el referéndum por altos cargos del Govern.
La compra del material se llevará a cabo mediante la salida a concurso de un acuerdo marco, al que las empresas suministradoras podrán presentar ofertas durante 15 días desde que se publique oficialmente. Las urnas compradas obrarán en poder de la Generalitat que, como hacen otras comunidades, podría utilizarlas para otros procesos electorales. Según las fuentes citadas, en este caso se trataría de 8.000, un número algo mayor a las 6.695 urnas utilizadas en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.
El Govern ha mostrado su intención de activar a principios de verano la vía del referéndum sin acuerdo con el Estado, una vez acabe la campaña por el referéndum pactado que lleva a cabo el Pacte Nacional pel Referèndum. Sin embargo, también ha prometido que el referéndum se llevará a cabo “como muy tarde” el próximo septiembre, por lo que la compra de material debe comenzar ya para cumplir con los periodos legales de contratación pública.
La compra de material, en tanto que preparación del referéndum, podría conllevar inhabilitaciones de cargos públicos, si el Tribunal Constitucional lo entiende como una violación de las órdenes con las que ha suspendido diferentes mociones del Parlament para la celebración del referéndum. Sin embargo, el Govern afirma que lo hará en el marco de sus actuales competencias, entre las que se encuentran la organización de procesos electorales.
