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José Luis Gómez-Ocaña, elegido coordinador nacional en Defensa de la Ley de Dependencia

La comisión de coordinación de la COES-LAPAD tendrá representantes de cada una de las Plataformas territoriales.

El colectivo se ha manifestado en contra de los efectos que califican como “devastadores” en relación a la atención a los dependientes.

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Foto: La Sexta

La última reunión de todas las Asociaciones de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español ha renovado sus órganos ejecutivos, eligiendo al Presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha José Luis Gómez-Ocaña como nuevo coordinador nacional. En esta nueva labor lo acompañarán también, como miembros de la comisión de coordinación, un representante de cada una de las Plataformas territoriales.

El encuentro trató también la “gravísima” situación por la que pasan más de un millón de personas en situación de dependencias, tal como señalan en nota de prensa. En este sentido, el colectivo ha achacado la situación a los efectos de la reforma del Ejecutivo nacional a la Ley de Promoción de la Autonomía y atención a personas en situación de dependencia, pero también a las normativas que los Gobiernos Autonómicos han desarrollado. Estas políticas han supuesto para el colectivo un “cruel y evidente” recorte de derechos, que finalmente ha degradado “gravemente” la calidad de vida de estas personas.

Las consecuencias, enumeran, son múltiples. El colectivo señala, por ejemplo, que las prestaciones económicas a las personas dependientes se han visto reducidas a “cantidades ridículas”, mientras que es cada vez más difícil y caro acceder a la atención en residencias. También afirman que el servicio de ayuda a domicilio se ha reducido, a la vez que se suprime la seguridad social a los cuidadores familiares, y que también la situación de los trabajadores y trabajadoras sociales se ha “precarizado”.

La coordinadora calcula el recorte de la financiación de las prestaciones y servicios ha llegado a los 4.000 millones de euros, en contra de los acuerdos. Así, demandan que esta financiación se recupere y poder así volver a establecer las prestaciones y servicios recortados. De igual modo, señalan que es necesario el desarrollo de una normativa de ámbito estatal, para que asegure que todos los dependientes accedan a los mismos derechos, sin importar su Comunidad Autónoma. Finalmente exigen también que se derogue, inmediatamente, el Real Decreto 20 del 13 de julio de 2012, “el origen de toda la sangría a la que se está sometiendo a las personas dependientes”.

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