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"Los jueces no somos insensibles" a los desahucios

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha suscrito un convenio con el Gobierno regional y ofrecerá información sobre las Oficinas de Intermediación Hipotecaria

Su presidente, Vicente Rouco, reconoce el "drama social" y aboga por "fórmulas para que el derecho sea más humano"

El Alto Tribunal colaborará con el Gobierno regional en la confección de un registro informático que permita el estudio estadístico de los casos

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El Gobierno central dispone de algo más de dos meses para decidir si recurre la ley aragonesa que veta los desahucios.

EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) se ha incorporado al Programa de Intermediación Hipotecaria que la Junta de Comunidades iniciaba en octubre del año pasado con la participación de los Colegios de Abogados de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo y el Colegio regional de Trabajadores Sociales y que ha servido para evitar el desahucio directo de 38 familias cuyos procesos habían llegado a término en sede judicial además de proporcionar asesoramiento o intermediación a más de 1.200 personas con problemas para hacer frente a las cuotas de sus hipotecas.

La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, y el presidente del TSJCLM, Vicente Rouco, han comunicado hoy públicamente la firma de un convenio por el que el Alto Tribunal castellano-manchego se ha adherido formalmente al programa. Firmado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y por su homólogo del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el convenio reconoce la necesidad mutua de actuar cuando se produce un incumplimiento sobrevenido de las obligaciones derivadas de préstamos o créditos hipotecarios que puedan culminar en procesos de ejecución que supongan la pérdida de la vivienda habitual.

El convenio reconoce que el riesgo de exclusión también puede afectar a los supuestos de procesos de desahucio abiertos por impago de rentas de arrendamiento. En ambos casos se establece un protocolo de actuación conjunto siempre que se observe una situación de especial vulnerabilidad de los afectados. Esta circunstancia permitirá una rápida comunicación del problema a los profesionales de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) en las primeras etapas del procedimiento judicial, ya sea a través del propio juez, el letrado de la administración de Justicia o de cualquiera de las unidades que componen cada tribunal y siempre que así lo deseen las personas o familias afectadas.

"Cerrar el círculo" con el TSJCLM

Según ha explicado Elena de la Cruz, al trabajo que la Consejería ha efectuado durante el último año en la implicación de los distintos organismos que pueden contribuir a paralizar un desahucio, le faltaba “una parte importante”, que arranca “cuando el procedimiento judicial ya se ha iniciado. Ahora podemos atender en cualquier estadio de este proceso”. De la Cruz ha agradecido la disposición del presidente del TSJCM desde que le fue propuesta la participación de los órganos judiciales a finales del pasado año. La consejera ha destacado también las posibilidades de control estadístico que permite la inclusión de los juzgados en el programa.

“Teníamos que saber la incidencia real que estos procedimientos tienen en vivienda y en primera vivienda”, ha afirmado, ya que muchas de las ejecuciones abiertas en los juzgados afectan a otro tipo de bienes inmobiliarios que no son objeto del programa de intermediación. Para Elena de la Cruz, el compromiso del Alto Tribunal regional permite “cerrar un círculo” en cuanto a las entidades que participan en el programa.

"Un drama social"

Vicente Rouco ha indicado que “los jueces no somos insensibles” al “drama social” de los desahucios. El presidente del TSJCM ha abogado por que “dentro del respeto a la ley” se puedan arbitrar “fórmulas para que el derecho sea más humano”. Rouco ha reconocido que desde el inicio de la crisis los procedimientos de desahucio han sido muy numerosos, aunque es un problema que en la actualidad “está disminuyendo”.

El presidente del Tribunal Superior ha confirmado que "desde el primer momento" en que el Gobierno regional creó las OIH “nos pusimos manos a la obra buscando la fórmula de cómo colaborar”. Rouco ha hecho hincapié en la necesidad de identificar correctamente a las personas que realmente necesiten de los recursos que se activan a través de las OIH para “favorecer a personas en una situación de mayor vulnerabilidad”, aspecto al que considera que contribuirá el intercambio de información que se producirá a partir de ahora entre los órganos judiciales y el Programa de Intermediación del Gobierno regional.

El Tribunal Superior de Justicia se compromete mediante el protocolo a llevar a cabo actividades formativas, informativas y de divulgación del propio convenio, así como a favorecer la máxima colaboración de abogados o procuradores en la consecución de los objetivos. También colaborará con el Gobierno regional a la confección de un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones llevadas a cabo mediante el convenio, cuyo seguimiento, vigilancia y control corresponderá a una comisión mixta (Junta de Comunidades y Consejo General del Poder Judicial) que se reunirá de forma ordinaria cada seis meses. La vigencia del acuerdo es de un año prorrogable automáticamente por iguales periodos siempre que haya acuerdo entre ambas partes.

Durante las últimas semanas, la Consejería de Fomento ha incorporado al Programa a diferentes entidades bancarias, que se comprometen a que las OIH de la Junta se conviertan en el órgano prioritario de intermediación cuando detecten en sus clientes problemas para el pago de las hipotecas. Además, la Consejería de Sanidad incorporaba a la red de puntos de atención a las 87 Oficinas de Atención al Consumidor que posee por la geografía regional, en la que ya colaboran también 279 ayuntamientos de toda Castilla-La Mancha adheridos al Programa.

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