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El Gobierno de Rajoy sigue sin plazo fijo para evaluar el impacto ambiental del silo nuclear

El Gobierno central ha incluido en su recopilación de estudios el último informe de Castilla-La Mancha, que señala varias carencias y riesgo radiactivo

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El Ministerio de Medio Ambiente no tiene un plazo estimado para finalizar la Declaración de Impacto Ambiental

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente todavía no ve posible en estos momentos estimar un plazo para finalizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado y su centro tecnológico asociado (CTA) que se prevé construir en Villar de Cañas (Cuenca).

Según han informado fuentes ministeriales a Europa Press, para concluir la declaración de impacto ambiental se han recopilado un conjunto de informes, entre ellos el de Castilla-La Mancha y ahora, todos ellos se someterán a un adecuado estudio para la elaboración de la DIA correspondiente pero dada su complejidad no es posible estimar un plazo para su finalización. Sin embargo, señalan que aún faltan informes de otras partes por recibir.

Respecto a la documentación remitida por Castilla-La Mancha, que se opone y pide una DIA desfavorable a la construcción del silo que albergará los residuos de alta actividad y el combustible gastado del parque nuclear español, el Ministerio relata que el 16 de marzo pasado recibió el informe de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el estudio de afecciones de la Zona de Espacial Protección para las Aves (ZEPA) que el Ministerio solicitó en el marco del procedimiento de evaluación ambiental.

Además, recuerda que como consecuencia del análisis del informe citado, se solicitó información adicional al promotor, con fecha 8 de mayo de 2017. Con fecha 20 de mayo de 2017 se recibió la nueva documentación del promotor. En total, 2.275 páginas de nueva información, que se estuvo analizando hasta el 12 de junio.

Con toda esta información, el 16 de junio se procedió a distribución de la información a las partes interesadas para que emitieran informe. Todavía no se han recibido la totalidad de los informes, si bien con fecha de 31 de agosto se ha recibido el de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por ello, una vez estén en el Ministerio todos los documentos se elaborará la correspondiente DIA sin que por el momento y dada la complejidad de la documentación a analizar, el MAPAMA no ve posible en estos momentos estimar un plazo para su finalización.

Ofensiva de Castilla-La Mancha contra el basurero nuclear

El Ministerio se pronuncia de esta forma después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha siga intentando paralizar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Ahora lo hace poniendo en duda la evaluación ambiental del proyecto que, en su opinión, se basa en un estudio "deficiente técnica y científicamente". La Junta pide otra evaluación y un nuevo procedimiento de información pública o bien que se emita una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "inviable".

La documentación que la Junta remitió el pasado 25 de agosto al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de cara a la tramitación de la   DIA del emplazamiento que debe expedir el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente critica, según el informe al que ha tenido acceso   eldiarioclm.es, "las carencias" del estudio de impacto ambiental, que el Gobierno de Emiliano García Page considera incompleto.

Otra de las carencias detectadas en el estudio de impacto ambiental es que no analiza los riesgos de radiactividad asociados al transporte del combustible gastado desde las centrales nucleares de todo el país hasta el ATC. Castilla-La Mancha considera que este aspecto "fundamental e inherente al proyecto" debe ser "valorado por órganos especializados en riesgos radiológicos".  

Este argumento ya lo puso Greenpeace sobre la mesa en septiembre de 2015. En Villar de Cañas habrá 6.700 toneladas de residuos nucleares que para llegar hasta allí pasarán previamente por 216 municipios –según la ruta diseñada por Enresa– en los que viven más de seis millones de personas.

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