Un juez anula la cesión de la recaudación de impuestos de Diputación a Imelsa
El juzgado de lo Contencioso número 5 de Valencia ha declarado nula la encomienda que, en abril de 2012, realizó la Diputación de Valencia a la mercantil Imelsa, a la que atribuyó un amplio abanico de competencias tributarias. Imelsa es una empresa pública, cuyo capital está 100% en manos de la corporación provincial.
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, da la razón a CCOO, que desde el primer momento se opuso a esta decisión. El sindicato consideró este hecho como una huida del derecho administrativo y un “mal parche” a la situación del Servicio de Gestión Tributaria, que tiene como origen la admisión de más delegaciones sin planificar la dotación de medios.
Gestión Tributaria es un servicio estratégico “porque se ha convertido en la tabla de salvación de las arcas municipales, ya que los adelantos a cuenta de la recaudación de tributos locales por parte de la corporación provincial han dotado de liquidez a muchos ayuntamientos”. Este sistema se ha visto reforzado por la reciente modificación de la Ley de Régimen Local, que amplía las competencias de las diputaciones en materia fiscal.
CCOO considera que ampliar competencias sin permitir la dotación de más medios personales aboca a muchas administraciones a callejones sin salida, aunque ello “no puede ser excusa para privatizar servicios públicos, privatizaciones que conllevan menos control y costes más elevados a largo plazo”.
Un proceso lleno de “irregularidades formales”
La sentencia emitida no deja lugar a dudas sobre el proceso de externalización que califica de “vaciamiento de competencias propias de la Diputación” a través de un procedimiento “lleno de vicios”. El fallo deja claro que la encomienda de gestión era nula por su ambigüedad, llegando a afirmar el juez que “sorprende la parquedad e indefinición evidentes” en la determinación de las competencias delegadas, así como por el incumplimiento de otros requisitos “exigidos de forma expresa” por la ley.
Y es que el presidente Rus “ni siquiera se molestó en adecuar el objeto social de Imelsa a las nuevas tareas encomendadas. La sentencia termina condenando en costas a ambas instituciones denunciadas.
Conflicto laboral con Imelsa
CCOO ha iniciado otro conflicto laboral contra la empresa pública. El origen del mismo está en el anuncio del propio Alfonso Rus de crear 300 puestos de trabajo en las brigadas forestales de Imelsa. El sindicato ha exigido que estas contrataciones “se sujeten a los principios constitucionales de acceso al empleo público”.
Esta polémica ha llegado incluso al pleno de la Diputación, donde la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez ha preguntado por esta bolsa de trabajo en varias ocasiones, “sin que Rus ni su equipo hayan dado otra respuesta que el silencio”.
El último conflicto que CCOO ha denunciado es la encomienda a Imelsa de la concesión de subvenciones deportivas, “que hasta hace poco se gestionaba por funcionarios propios” y que “esta sentencia también cuestiona” por lo que el sindicato anuncia un nuevo recurso.
