Los derechos humanos serán universales o no serán
Corren tiempos en los que declaraciones y hechos políticos tienden a avanzar por caminos opuestos. Mientras Rajoy declara que el “Estado de bienestar es un logro irrenunciable en España”, los enormes recortes aplicados a las políticas públicas lo derriban y causan graves impactos en los derechos de las personas. La semana pasada, el propio Consejo de Europa dio la voz de alerta al denunciar que los recortes del Gobierno degradan los derechos humanos.
Seguramente, en un día como este martes proliferen las declaraciones sobre la pertinencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el compromiso político con su contenido. Ahora bien, ¿cuánto de real implicarán tales declaraciones?, ¿dónde queda la relación entre la teoría y la práctica?
Los hombres y mujeres que en 1948 construyeron la Declaración Universal de Derechos Humanos lo tuvieron muy claro: la garantía de los derechos humanos universales corresponde a todos y cada uno de los Estados que se unen a esa declaración; la protección y garantía de los derechos ha de ser global y amparar a toda la “familia humana”. Cabe preguntarse si hoy en día esa universalidad está tan clara en la práctica como aparece reflejada en la declaración.
El empobrecimiento y la creciente desigualdad a la que se ven sometidas las personas son, ante todo, una gravísima violación de los derechos humanos a nivel mundial. De igual manera que en España asistimos al empobrecimiento progresivo de la ciudadanía, en algunos lugares del mundo la miseria se ha instalado en las sociedades violando sistemáticamente los derechos de millones de personas. Las causas de una y otra situación son las mismas, como también lo son sus consecuencias. No podemos hablar de una pobreza de aquí y de allá. Porque observarlo así deriva en enfoques profundamente limitados e impropios de Estados que pretenden ser actores globales responsables.
Hechos, no sólo palabras
En su reciente visita a las Naciones Unidas, con el fin de presentar la candidatura de España a un asiento en el Consejo de Seguridad, Rajoy alardeó de su compromiso con la cooperación. De nuevo las palabras contrastan con los hechos: con un recorte acumulado del 70% desde 2011, esta política pública se encuentra al borde del desmantelamiento. Ese mismo día, Rajoy aseguró que, en el momento en el que se produjera una recuperación de la economía del país, se retomaría la senda hacia el 0,7%. Sin embargo, los PGE para 2014, presentados por el Gobierno como los “presupuestos de la recuperación”, sitúan a la cooperación en un 0,17% de la RNB, es decir, en niveles de 1990.
A la contundencia de las cifras se une la orientación política. Si “la defensa y promoción de los Derechos Humanos es uno de los grandes pilares de la acción de España en Naciones Unidas” –tal como se recoge en el folleto de presentación de la candidatura de España al asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU–, no se entiende que la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado ponga el foco en la defensa de los intereses comerciales y estratégicos dejando en un segundo plano a la cooperación al desarrollo y, con ella, a las personas y sus derechos.
Defensores de derechos humanos globales
Las violaciones de derechos humanos a las que nos enfrentamos en el siglo XXI responden a múltiples y complejas causas que están globalmente interconectadas. Los altos niveles de pobreza, las limitaciones de acceso a la salud, a la educación, a la movilidad, a la igualdad de oportunidades, a la libertad de expresión… exigen enfoques globales ligados a la defensa universal de los derechos humanos, a la equidad, al desarrollo sostenible y al respeto por los bienes comunes. Exigen, además, actores responsables que cumplan con su deber humano de respetar, proteger y garantizar firmemente los derechos de las personas en cualquier lugar del mundo.
Hace ya 65 años que la comunidad internacional dejó claro que los derechos serán universales o no serán. La cooperación al desarrollo, sus valores y propuestas, son determinantes en este sentido. Recortar en cooperación significa recortar en derechos humanos universales. Esperamos que el Gobierno del Sr. Rajoy lo tenga presente no sólo en sus discursos, sino también en sus decisiones políticas.
