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Acabar con los privilegios para acabar con la desigualdad

Foro Económico Mundial (FEM) para Latinoamérica y el Caribe: Grandes nombres del mundo empresarial insisten en la necesidad de enfrentar la desigualdad para garantizar un crecimiento económico sostenible en la región.

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Participants at the World Economic Forum on Latin America in Riviera Maya, Mexico 2015. © World Economic Forum / Benedikt von Loebell

Participants at the World Economic Forum on Latin America in Riviera Maya, Mexico 2015. © World Economic Forum / Benedikt von Loebell

Más de 700 líderes políticos y económicos se reunieron en México hace unos días en la décima edición del Foro Económico Mundial (FEM) para Latinoamérica y el Caribe, un espacio de diálogo que –según sus organizadores- reúne a personalidades influyentes del mundo político, económico y empresarial  para compartir y proponer estrategias para el mejoramiento integral de la región.

En el FEM participaron grandes nombres del mundo empresarial como Angélica Fuentes, antiguamente conocida como “la reina mexicana del gas”;  Eduardo Leite, presidente del Comité Ejecutivo de Baker & McKenzie; Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil;  e Ignacio Sánchez Galán, presidente y director ejecutivo de Iberdrola. También asistieron los presidentes de México, Haití, Panamá y otros líderes políticos. Se sumaron también el economista Joseph Stiglitz y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcenas. Todas y todos, sobre todo estos últimos, insistieron en la necesidad de enfrentar la desigualdad para garantizar un crecimiento económico sostenible.

Menos mal, porque la desigualdad es tan extrema que aquí 32 personas acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población de América Latina y el Caribe. A pesar de los avances en la reducción de la pobreza y las brechas económicas, 167 millones de personas aún son pobres y 200 millones podrían volver a serlo debido a las políticas de austeridad que se advierten ante el escenario de decrecimiento previsto para Latinoamérica y el Caribe.   

Que los líderes empresariales reconozcan que la desigualdad es un obstáculo para el desarrollo es importante, digamos que es al menos un cambio de discurso, pero definitivamente no es suficiente

El Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales acaba de publicar “ Política Fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas”, un texto que recomiendo leer para entender cómo se construye la desigualdad tan extrema que castiga al continente. El estudio desnuda los mecanismos usados durante las últimas décadas por parte de las élites económicas del istmo para moldear las políticas fiscales en su propio beneficio: exención de impuestos para estimular actividades productivas y crear empleos, que finalmente solo benefician a unos pocos; deudas privadas del sector empresarial que acabamos pagando los ciudadanos de a pie; uso de las relaciones políticas para conseguir los contratos públicos, dinero público para financiar sus inversiones, sistemas judiciales cooptados para ajustar las normas a sus intereses.

Múltiples ejemplos que nos explican cómo las élites económicas, asociadas con las élites políticas, acaban controlando al Estado y lo ponen a funcionar a su favor. Lo secuestran para garantizar los privilegios de unos pocos y no los derechos de todos, mucho menos de todas.

Y como el mundo del negocio no es homogéneo, esos privilegios -más comunes entre la cúpula empresarial- no solo limitan los derechos de la ciudadanía sino que afectan, e incluso destruyen, a otra parte del empresariado que sí cumple con su responsabilidad social.

En general, todo lo anterior ilustra porqué las palabras y los discursos contra la desigualdad no alcanzan. El combate efectivo contra la desigualdad pasa por romper los privilegios que algunos sectores empresariales de la región han tenido por décadas, o en algunos casos, hasta por siglos.

Hablemos claro, la lucha contra la desigualdad implica necesariamente enfrentar las estructuras de poder, implica tocar privilegios y esto es aún una tarea pendiente en muchos países de la región.

Es en esa dirección en la que necesitamos que avancen las personas que deciden el rumbo político, económico y social de América Latina y el Caribe. Las que participaron en el FEM pero también, en general, las que encabezan grandes empresas, bancos y grupos financieros; las que acuden cada día a los parlamentos y las que dirigen los poderes ejecutivos y judiciales.

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