La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a Rato y otras 31 personas por el caso Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto juicio oral este viernes contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otras 31 personas por los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 en el marco de la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad.

El magistrado sienta en el banquillo igualmente a Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo previo al debut bursátil del banco. La fiscalía había pedido no procesar a Bankia.

Recuerda en su auto que a lo largo de los cinco años de instrucción de la causa se han recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban y que no reflejaban la verdadera situación de la misma.

Entre los acusados, además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas por parte de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente-, figuran el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, -dos años y siete meses-.

Sobre el papel de Deloitte, el juez recuerda que si bien en el auto del pasado mayo no figuraba entre los procesados, la sala acordó reincorporarla a la causa al no poder ni deber “descartar la participación por cooperación necesaria, de las auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas o balances falseados”.

Una responsabilidad castigada por el Código Penal español y que se debe a que “por cuanto su función, procedió a analizar,verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia (...) siendo indudable que sin dicha revisión las autoridades no hubieran permitido que operara en el parqué”.

El magistrado rechaza además sobreseer la causa penal contra BFA y Bankia, como solicitaba el fiscal, que valoraba la actitud colaboradora que ha mantenido tanto la entidad como su matriz durante la instrucción de la causa.

Al respecto, señala Andreu que dicha colaboración podrá entenderse como una “posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional”.

Si bien Anticorrupción no solicita cargos para ningún otro miembro del Consejo de Administración de la época, sí lo hacen el resto de acusaciones, entre ellos la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pide hasta doce años y medio de cárcel y multas de más de un millón de euros por falseamiento continuado de cuentas, estafa a inversores y administración desleal.

El magistrado extiende además el procedimiento penal al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, que revisó los estados contables presuntamente falseados que sirvieron al banco para debutar en el parqué madrileño.

En la lista de acusados figuran también el exministro del Interior Ángel Acebes, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín.

La decisión se conoce poco tiempo después de que la sección tercera de la sala de lo Penal rechazara el último de los recursos contra el auto de procesamiento, en concreto el de la acusación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que instaba al tribunal a incluir en la causa a los antiguos responsables del Banco de España, entre ellos su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De la treintena de exconsejeros de Bankia, catorce de ellos ya fueron condenados por el caso de las tarjetas “black” de Caja Madrid, si bien el Tribunal Supremo debe aún dilucidar su futuro y dictar una sentencia firme en los próximos meses.

Aún no se ha fijado fecha para el juicio, que previsiblemente se celebrará a partir de 2018.