Bruselas pide “información adicional” a diez autonomías españolas para desembolsar fondos de I+D
Diez comunidades autónomas españolas tienen problemas para acceder a parte de los fondos de cohesión que entrega la Comisión Europea tras una evaluación previa. Se trata del denominado programa RIS3, un plan que utiliza recursos ya disponibles con los que promueve la “especialización inteligente” para relanzar la inversión en I+D en los diversos territorios de la Unión. A estas diez regiones les falta aportar “información adicional” a la Comisión Europea y tienen menos de un mes para hacerlo.
Así se desprende de la respuesta que la comisaria de Política Regional, la rumana Corina Creţu, dio a la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López el pasado 28 de abril. Según la contestación por escrito de Creţu, “en la actualidad se ha solicitado información adicional similar a varias comunidades autónomas españolas con el fin de realizar una evaluación satisfactoria de sus propuestas de RIS3”. La comisaria cita diez regiones: Madrid, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia.
Dentro de los fondos de cohesión europeos, un cajón de sastre con más de 60.000 millones de presupuesto para el horizonte 2014-2020, las “estrategias nacionales y regionales para la especialización inteligente” que abarca el programa RIS3 suponen un buen pellizco para algunos territorios. Tal es así que algunos dirigentes autonómicos incluyen la partida de forma natural en su programa electoral aunque los fondos no estén concedidos. En el caso del PP de Castilla y León, el presidente y candidato Juan Vicente Herrera ha aireado durante la campaña que RIS3 “pretende movilizar recursos públicos y privados por importe de 9.150 millones de euros hasta 2020” en la región.
La respuesta de la comisaria Creţu a la eurodiputada española de la bancada de la izquierda europea alerta sobre el peligroso retraso que amenaza a las comunidades autónomas. “La Comisión tiene previsto finalizar su evaluación de las RIS3 presentadas por las distintas comunidades españolas en mayo de 2015 a más tardar”.
La ausencia de información a la que alude Creţu tiene diversas patas. Entre las exigencias de Bruselas, se pide a las 10 autonomías que arrojen más luz sobre sus “prioridades de inversión”, así como “la manera en que ha tenido lugar el proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales”; además, la Comisión reclama la creación de “un mecanismo de seguimiento” para saber adónde van los fondos de cohesión. Esto último inquieta igualmente a la eurodiputada de IU.
Dice Paloma López que “muchas CCAA tienen notables retrasos en la definición de su estrategia”, pero que esta demora no es el único problema. “Nos preocupa también que en lugar de desarrollar una estrategia integral para mejorar el nivel tecnológico de nuestra estructura productiva, la mayoría acabe financiando iniciativas cuya coherencia o continuidad no esté asegurada”, señala López a este medio.
Peligran los fondos Feder
Otra respuesta de la comisaria de Política Regional a la europarlamentaria de IU el pasado 3 de febrero revela una problemática de alcance mayor: sin desarrollar la estrategia RIS3, las regiones podrían ver peligrar su acceso a los importantísimos fondos estructurales Feder. Como recuerda la Comisión, “la existencia de una estrategia nacional o regional de especialización inteligente (RIS3) constituye una condicionalidad temática ex ante para acceder a la financiación Feder”.
En esa contestación del 3 de febrero, las instituciones comunitarias ya aludían a la falta de información en el caso de la Comunidad de Madrid. “Según las autoridades españolas, la RIS3 para Madrid (tal como se describe en el programa regional del Feder) cumple todos los criterios necesarios”, arrancaba la respuesta antes de soltar una de arena: “La Comisión ha solicitado información adicional y aún no ha concluido su evaluación del programa presentado por Madrid”.
Tres meses después, esta comunidad está en la misma situación. “La Comisión anima a los Estados miembros a utilizar indicadores sólidos y fiables, validados estadística y analíticamente y conformes a las normas internacionales”, insistía en febrero Corina Creţu a sus interlocutores españoles.
