La CE estudia el borrador del real decreto sobre cierres de plantas de carbón

La Comisión Europea (CE) estudia el borrador del real decreto sobre las condiciones cierre de centrales de carbón que prepara el Gobierno para “anticipar” escenarios, pero Bruselas aún no ha tomado posición, declaró hoy el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

“La Comisión Europea analiza toda la normativa del sector energético en España y en todos los Estados miembros para ver su conformidad con la legislación comunitaria. Estamos hablando en este momento de un borrador, no estamos hablando de un real decreto que tengamos que ver su conformidad”, declaró el comisario.

No obstante, Arias Cañete reconoció en rueda de prensa que ayer se produjo una conversación entre el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, y el secretario de Estado español de Energía, Daniel Navia, en la que “se abordó esta cuestión”.

“Tuvieron un intercambio preliminar de posiciones que va a continuar en el tiempo”, señaló el eurocomisario, quien indicó que en esa conversación también se trató sobre “la independencia del regulador español”.

“La Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender qué está ocurriendo en los Estados miembros”, agregó.

Arias Cañete explicó que mantiene “con todas las empresas europeas y gobiernos europeos contactos regulares” y recordó que el próximo 18 de diciembre coincidirá con el ministro español de Energía, Álvaro Nadal, con ocasión del consejo de ministros del ramo de la UE.

El comisario añadió que “seguirá el análisis técnico” del decreto que prepara el Gobierno “y cuando la CE tenga una postura se la trasladaremos al Gobierno español”.

“Y esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión (...) y si tengo que intervenir a nivel político, esa intervención se producirá. Pero de momento está trabajando el director general con todo su equipo porque estas cuestiones tienen un enorme componente técnico”, concluyó.

El mencionado borrador del real decreto amplía las causas por las que el Gobierno puede denegar el cierre de una central de generación eléctrica.