La CE plantea ahora una liberalización limitada del cultivo de las viñas

La Comisión Europea (CE) planteó hoy la posibilidad de limitar la liberalización del viñedo, prevista para 2016, y pasar a un “nuevo sistema”, más eficaz y flexible que el actualmente en vigor.

La idea se presentó en la tercera y penúltima reunión del grupo de alto nivel sobre el vino, que tuvo lugar en Palermo (Italia), informaron en Bruselas fuentes comunitarias.

Es la primera vez que la CE pone sobre la mesa esa idea, ya que hasta ahora se había aferrado al compromiso, asumido por la UE en 2008 con la reforma del sector del vino, de suprimir los derechos de plantación a partir del 1 de enero de 2016, con la posibilidad en algunos casos de retrasar el inicio hasta 2018.

El objetivo de Bruselas no es mantener el régimen vigente ni prorrogar los actuales derechos de plantación, sino buscar una nueva fórmula que permita resolver los problemas existentes, según adelantó hace unas semanas el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos.

El director general de Agricultura del Ejecutivo comunitario, José Manuel Silva, dijo hoy durante la reunión del grupo de alto nivel que “no es aceptable una vuelta atrás”, ya que incluso desde el punto de vista jurídico no sería posible prolongar indefinidamente un “sistema temporal”.

La “idea esencial” es que la gestión de las plantaciones debe implicar a los profesionales, a través de un sistema moderno de gestión que no puede estar centralizado en Bruselas, explicó Silva en su discurso.

La presión ejercida por los países productores de la UE, especialmente por España, Francia, Grecia y Alemania, ha llevado a la CE a reconocer que hace falta un nuevo régimen, dotado de “un mecanismo flexible para permitir a algunas regiones aumentar la producción, sobre todo para exportar a terceros países”, explicaron fuentes comunitarias.

El sistema que estudia la CE dejaría la puerta abierta a que las organizaciones interprofesionales asumieran la gestión de la plantación para vinos con denominación de origen o con una indicación geográfica protegida.

A la vez, plantea una cláusula de salvaguarda para evitar una expansión rápida del viñedo que pueda provocar la degradación de la situación del mercado, indicó Silva.

El nuevo modelo de regulación implicaría además la aplicación a nivel de la UE de reglamentos de control y de sanciones para los países que infrinjan las reglas.

El grupo de alto nivel se creó este año para analizar las peticiones en favor del mantenimiento de los “derechos de plantación”.

La última reunión se celebrará en noviembre o diciembre y en ella se presentarán las conclusiones formales del grupo.

En los últimos años, España, Francia, Italia, Alemania, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y otros países han pedido a Bruselas que reconsidere la decisión de eliminar los derechos de plantación y que mantenga el régimen más allá de 2015.

Los países que se oponen a la liberalización de los derechos de plantación argumentan que una expansión de la superficie de viña provocará una “devaluación de los productos de calidad o con denominación de origen”, y una “industrialización excesiva” de la viticultura europea.

Además, alertan de que el riesgo de exceso de producción rebajará los precios a causa de un aumento de la oferta y perjudicará a las zonas menos productivas.