El juez del Castor prorroga la instrucción del caso otros 18 meses para estudiar el informe del MIT
El juez Javier Verdeguer, del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vinaròs (Castellón), ha aceptado la petición de la Fiscalía de ampliar otros 18 meses el plazo de instrucción del caso Castor, que investiga posibles delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en la construcción del fallido almacén de gas promovido por Escal UGS (controlada por la constructora ACS) frente a la costa de esa localidad castellonense.
En un auto fechado el pasado lunes, Verdeguer accede a la petición de la Fiscalía y amplía la instrucción del caso en “18 meses adicionales, debiendo concluir la misma en fecha 6 de diciembre de 2018, salvo que se estime convenientemente una nueva prórroga de la misma en los términos del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
El juez quiere estudiar con detenimiento el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts a través de la empresa Enagás, responsable de la hibernación del almacén, que fue presentado a principios de mayo y que confirmó la relación del Castor con los centenares de microseísmos registrados en la zona en septiembre y octubre de 2013.
El informe, que costó unos 600.000 euros, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, llevó 18 meses de trabajos y sus conclusiones son parecidas a las que arrojó otro informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) realizado en 2014, después de los terremotos. Tras recibir el informe del MIT, el Gobierno ha confirmado que no reabrirá el Castor pero no ha adelantado si lo desmantelará, como piden los alcaldes de la zona.
“Recientemente, se ha recibido el informe del Instituto Tecnológico de Massachusets, el cual se encuentra redactado en inglés, habiendo tenido acceso únicamente a las conclusiones, las cuales fueron traducidas al Castellano”, señala el juez, que quiere “efectuar un análisis más profundo” del documento.
“Sólo tras el conocimiento íntegro del informe nos encontraremos en situación de poder determinar las siguientes diligencias instructoras” que “podrían conllevar la realización de nuevas pericias que se considerarían indispensables para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los presuntos responsables”, razona el auto.
El juzgado declaró la causa “compleja” en enero de 2016, lo que permitió alargar el plazo de instrucción de 6 a 18 meses. Entre los veinte investigados en el proceso hay tres altos cargos del IGME, el organismo que realizó los informes técnicos que permitieron construir el almacén, dos directores generales del Ministerio Industria del anterior Ejecutivo del PSOE, una ex directora general de Medio Ambiente y directivos de Escal, pero ningún exministro o ex secretario de Estado. El caso ya ha pasado por tres jueces.
Con más celeridad se desarrolla el “juicio popular” a los responsables del Castor que han convocado para el próximo 17 de junio en el Centre de Cultura Contemporánea (CCCB) de Barcelona diversas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).
Los convocantes han anunciado este martes el envío por burofax de las “cédulas de citación a las partes acusadas”, entre ellos, Escal UGS, el presidente de ACS, Florentino Pérez, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, por el aval de la institución al proyecto.
Los promotores de esta iniciativa defienden que se trata “de la primera fase de una estrategia más amplia, que apunta a abrir procesos para revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que recae sobre la ciudadanía a través de la factura del gas y hacer incidencia política y mediática para exigir responsabilidades en el desastre Castor”.
