La Defensora del Pueblo de la UE pide a Draghi dejar el grupo privado de banqueros G30

La Defensora del Pueblo de la Unión Europea (UE), Emily O'Reilly, pidió hoy al presidente del BCE, Mario Draghi, que deje un exclusivo grupo privado de banqueros denominado Grupo de los Treinta (G30) para no comprometer la imagen de independencia del banco.

El Banco Central Europeo (BCE) “toma decisiones que afectan a millones de ciudadanos (...) Es importante demostrar al público que hay una clara separación entre el BCE como supervisor y la industria financiera que se ve afectada por sus decisiones”, dijo O'Reilly en una carta publicada hoy.

El G30 es un club privado de banqueros al que se accede mediante invitación y del que son miembros los gobernadores del Banco Central de Inglaterra, Japón o China; altos cargos de entidades privadas como UBS, Crédit Suisse o JP Morgan, y académicos como Paul Krugman.

La Defensora del Pueblo señala que entre ellos se encuentran representantes de algunos de los bancos europeos supervisados directamente por el BCE.

O'Reilly considera que el BCE puede tomar parte en actividades públicas del G30 pero, en aras del interés público, su participación debería ser gestionada de modo que, entre otras cosas, se publiquen las agendas y resúmenes de sus reuniones.

“El BCE puede por supuesto interactuar con el G30 para mejorar su toma de decisiones. Sin embargo, las interacciones deben ser lo más transparentes posibles y no basarse en la membresía”, dice la Defensora, quien argumenta que la “estrecha relación implícita” en esta participación minaría los “pasos positivos” que ha dado la institución en materia de transparencia.

Para O'Reilly, el BCE no ha logrado demostrar el interés público de su pertenencia al G30, por lo que pide a Draghi que asista únicamente a algunas reuniones, tal y como hace la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Jellen, al tiempo que recomienda que ningún futuro jefe del BCE forme parte del grupo.

La Defensora del Pueblo de la UE abrió una investigación el pasado 20 de enero de 2017 para esclarecer los vínculos entre el BCE y el G30 a raíz de una queja presentada por la organización no gubernamental Corporate Europe Observatory, quién ha celebrado la decisión de O'Reilly.

“La decisión de la Defensora del Pueblo es muy positiva. Desde que el BCE ampliara en 2016 sus competencias en materia de control financiero, las estrechas relaciones entre Draghi y el grupo de banqueros han sido inaceptables”, dijo Kenneth Haar, responsable de política financiera de la ONG.

Haar añadió que espera que el BCE siga “sin dudar” la decisión de la Defensora del Pueblo y que además reforme sus grupos asesores que, consideró, “están dominados por la industria financiera”.

Al margen de las recomendaciones relativas al G30, la Defensora del Pueblo también propuso que los directivos del BCE vayan acompañados por personal del mismo a todas sus reuniones y que el consejo de supervisión del banco adopte un nuevo código ético.