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Ecologistas lamentan pérdida de credibilidad del CSN y su obediencia a un lobby nuclear

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El CSN concede a Garoña nuevo plazo para poder pedir prórroga de vida útil

El CSN concede a Garoña nuevo plazo para poder pedir prórroga de vida útil

Las principales organizaciones ecologistas han lamentado hoy "la pérdida de credibilidad" del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) después de conceder a la central de Garoña un año más para evaluar la prórroga de su vida útil, y han opinado que se ha plegado al lobby nuclear.

En declaraciones a EFE, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha denunciado que el Ministerio de Industria se ha plegado a las presiones del lobby nuclear y ha puesto "en un brete a sus propios técnicos, obligados a emitir un informe en cinco días laborables".

El pasado día 16, Industria solicitó al CSN un informe sobre la petición de Nuclenor (propietaria de Garoña) de un nuevo plazo para poder evaluar si alarga el funcionamiento de la planta, que expira el próximo 6 de julio.

Según Castejón, "la imagen que proyecta el CSN a nivel nacional e internacional no puede ser más nefasta; teníamos a media Europa mirando a nuestro regulador y nos lo hemos cargado".

Ha destacado además las medidas de seguridad que hay que adoptar aunque Garoña esté en parada fría (Nuclenor no pretende producir electricidad durante el año prorrogado).

En el mismo sentido, Carlos Bravo, portavoz de la asociación Salvia, ha explicado a EFE que no hay "precedentes" de una nuclear que pida parar voluntariamente y sin producir. Es una situación anómala".

Después de calificar de "tomadura de pelo" lo ocurrido, Bravo ha considerado poco serio que se exija a las direcciones técnicas del CSN la emisión de un informe en un plazo tan breve, cuando en 2012 el Consejo de Seguridad Nuclear dijo necesitar nueve meses.

En 2012, el Ejecutivo estableció la posibilidad de ampliar la vida útil de Garoña, pero sus propietarios la rechazaron entonces.

Greenpeace también ha lamentado la pérdida de credibilidad del CSN, "obligado a una decisión política en materia de seguridad nuclear".

Ello "afecta negativamente al rigor y a la profundidad necesarios para realizar las inspecciones, y a la evaluación de las modificaciones tanto del plan de cese de la explotación; como del nuevo proceso inédito abierto; como del plan de acción relativo a las pruebas de resistencia que tienen aprobado y en ejecución".

A su juicio, han prevalecido los intereses económicos de Nuclenor sobre la protección de la población y el medio ambiente.

"Si el ministro de Industria rectifica sus leyes al dictado de Iberdrola y Endesa, Greenpeace lo va a denunciar en los tribunales", ha declarado Mario Rodríguez, director Ejecutivo de Greenpeace.

"El CSN ha sido obligado por el PP para que el Gobierno tenga una coartada: les han obligado a renunciar a la independencia en la defensa de la seguridad nuclear".

El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, ha explicado a EFE que la decisión adoptada tiene una lectura "muy negativa, en el sentido de que el CSN no ha tomado una decisión basada en criterios" técnicos sino ideológicos.

Garoña ya ha cumplido su utilidad porque estaba diseñada para 40 años y "ahora su potencia es innecesaria en el sistema eléctrico", ha añadido García Breva, quien ha indicado "sobra el 60 % de la potencia eléctrica instalada, con lo cual Garoña prácticamente es prescindible".

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