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La Fiscalía pide incrementar el control del Tribunal de Cuentas a municipios

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La Fiscalía General del Estado considera que es necesario incrementar el control del Tribunal de Cuentas sobre los ayuntamientos tras recibir "numerosas denuncias" relativas a irregularidades en la gestión económica-financiera de las corporaciones locales.

Así figura en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, del año 2016, que hoy se presenta durante el acto de apertura del año judicial, en la que se destaca que la sociedad española se encuentra "conmovida" por los sucesos de corrupción "con el daño que eso produce a las instituciones afectadas".

Por eso, la Fiscalía considera "conveniente" incrementar el esfuerzo fiscalizador del Tribunal de Cuentas a fin de incluir en sus programas anuales de fiscalización a aquellos ayuntamientos o sociedades municipales que lo soliciten.

El objetivo es conseguir "un mayor control y transparencia" e incluso contemplar la posibilidad de auditar diferentes aspectos de la gestión de estas entidades a instancia de sus nuevos alcaldes, presidentes o gerentes, con la correspondiente exigencia de responsabilidades, tanto administrativas como penales.

A juicio de la Fiscalía "cuando al propio responsable de una entidad pública le interesa que sea fiscalizada su institución, debe colegirse que tiene poderosas razones para ello".

Además, aunque reconoce que el Tribunal no tiene entre sus cometidos directos la lucha contra la corrupción, puede colaborar con otros órganos que tienen esta competencia, al poner en sus informes de manifiesto "todas las irregularidades, formales y materiales" de las entidades del sector público que fiscaliza.

El Tribunal de Cuentas aprobó la semana pasada el Informe de Fiscalización del Sector Público Local de 2015, en el que se refleja que el endeudamiento de las entidades locales se redujo un 6 % con respecto al ejercicio anterior.

Pero el 22 % de los ayuntamientos, uno de cada cinco, no habían presentado sus cuentas al Tribunal dos meses y medio después del plazo legalmente establecido.

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