Ombudsman y jesuitas salvadoreños piden que Estado siga administrando el agua

La ombudsman salvadoreña, Raquel Caballero, y la Compañía de Jesús pidieron hoy al Congreso que deseche la propuesta de la oposición de crear un ente rector del agua en el que participe la empresa privada, porque a su criterio el recurso debe seguir bajo administración estatal.

Caballero dijo a la prensa en la presentación de una nueva iniciativa que el “ente rector debe ser público” y que las empresas privadas deben figurar solamente como asesores sobre el manejo del recurso.

La defensora y los religiosos propusieron al Congreso la creación de la Autoridad Nacional de Aguas (ANA), un ente completamente estatal que tendrá a su cargo la “aplicación de las políticas, planes, programas y prácticas relacionados al sector hídrico”, y el Consejo Nacional de Aguas (CNA).

Este último sería un “ente asesor de amplia representación y participación sectorial con el propósito de apoyar en el análisis, deliberación y toma de decisiones del ANA”.

La iniciativa de la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de los jesuitas responde a una propuesta hecha la semana anterior por cuatro partidos opositores con representación en el Congreso.

Unas 30 organizaciones sociales, aglomeradas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), rechazaron dicho anteproyecto de ley de agua porque entienden que “busca privatizar el recurso hídrico y beneficiar solamente a la empresa privada”.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, también desestimó la iniciativa de los partidos de derecha, porque pone en “manos de privados” las decisiones del manejo del recurso, actualmente bajo gestión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

“Esta (propuesta de) ley que se ha presentado es decepcionante”, porque las decisiones sobre “un recurso tan importante como el agua no pueden estar en menos privadas”, dijo Pohl durante una entrevista televisiva.

El 14 de abril de 2015, el Gobierno de El Salvador decretó una emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central del país, por una prolongada sequía a causa del cambio climático.

Un estudio de la PDDH, dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.