El expresidente de CAM debe aclarar hoy al juez las dietas que percibió

El exdirector general de CAM Roberto López Abad y el expresidente Modesto Crespo deben declarar hoy como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez por las dietas que este último cobró con carácter retroactivo por estar al frente de una participada de la caja.

El magistrado decidió imputarles a instancias de la Fiscalía, que también promovió los interrogatorios de los 19 consejeros de la extinta caja alicantina que avalaron el nombramiento de Crespo como presidente de Tinser Cartera y con ello a que recibiera retroactivamente 300.000 euros.

Sin embargo, los consejeros coincidieron durante sus declaraciones que en la reunión del 27 de noviembre de 2009 dieron su visto bueno a la designación de Crespo, pero no al asunto de estas retribuciones, que en ningún momento fueron mencionadas durante el Consejo.

Para Anticorrupción, la dieta anual de 300.000 euros que percibió el expresidente de CAM “no se corresponde con ninguna actividad que conlleve dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad”, pero considera que “no se puede afirmar que la autoría de los hechos recaiga exclusivamente” sobre él, ya que la propuesta, que partió de López Abad, fue aceptada por unanimidad por los consejeros.

Gómez Bermúdez investiga estos hechos en una pieza separada de la causa principal de CAM en la que Crespo y López Abad también están imputados por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas junto a la exdirectora general María Dolores Amorós y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.

Fue otra de las piezas separadas del caso la que llevó a López Abad a la cárcel hace justo un año, en la que permaneció seis días tras pagar los 1,5 millones que le impuso el juez por haber desviado 247 millones de CAM que destinó a la compra de hoteles en el Caribe a través la participada Valfensal.

Asimismo, en otra de ellas, la Fiscalía ya ha reclamado cuatro años de prisión para él y dos y medio para el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de créditos de 17 millones al último, penas que el FROB elevó a 6 y 10 años, respectivamente.