La responsabilidad por las cuotas de la CAM protagoniza el final del juicio

Banco Sabadell y Fundación Caja Mediterráneo se han achacado hoy mutuamente la responsabilidad civil por la comercialización de las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en la última sesión del juicio contra la antigua cúpula de la entidad por falsedad contable y estafa.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la ex directora general María Dolores Amorós, para quien la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel, ha defendido, durante la última palabra, que “siempre creyó en la CAM, en su solvencia y potencial”, y que si bien pudo tomar “decisiones equivocadas” nunca pensó en poder incurrir en un delito pues se esforzó por cumplir con lo indicado por “el consejo y el Banco de España”.

Por su parte, el representante de la Fundación ha asegurado que “ni un sólo euro” de las cuotas recayó en la obra social sino que fue segregado al Banco CAM, posteriormente adquirido por el Banco Sabadell en 2012 al precio simbólico de un euro.

El letrado, que ya informó el pasado lunes en calidad de acusación, ha insistido en que la entidad catalana “se benefició” de todo el negocio financiero, “incluidas las plusvalías no cobradas, el crédito fiscal de 9.000 millones de euros” y de un dinero, el de los cuotapartícipes, que “no es etéreo” sino que está en el banco.

Del mismo modo, se ha referido a la sentencia conocida ayer en la que el Tribunal Supremo consideraba primer responsable civil en los contratos nulos suscritos con clientes minoristas al Sabadell, en tanto que fijaba que la Fundación hiciera frente a estos reintegros de forma subsidiaria al ser su titular formal.

Al respecto, también ha hecho alusión la representación del banco, que ha matizado que dicho veredicto no es aplicable a la totalidad de los casos sino que sólo en aquellos en los que la comercialización se produjo en clientes con escasos conocimientos financieros.

La abogada ha insistido en que el sucesor de la CAM es la Fundación, que continúa siendo titular de unas cuotas que no se traspasaron porque la entidad “no se extinguió al existir aún la obra social”, de ahí que “conserve las obligaciones para hacer frente al supuesto falseamiento de las cuentas”.

Asimismo, ha relatado que la precaria situación de liquidez a la que hacía frente la caja ya era conocida en los primeros meses de 2011 a través de las publicaciones de los medios de comunicación, por lo que considera que no ha quedado probado que la publicidad de esas cuentas supuestamente falsas ocasionaran un perjuicio a los inversores que adquirieron cuotas en ese periodo.

En concreto, la presente pieza principal del caso CAM incluye, además de peticiones de hasta 16 años de cárcel para siete exdirectivos de la entidad por supuestas irregularidades contables por medio de rehabilitaciones de créditos y titulizaciones sospechosas, la indemnización a los cuotapartícipes que compraron entre el 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese mismo año, fecha de la intervención del Banco de España.

Después de casi dos horas de sesión, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha cedido el turno de palabra a los acusados, de los cuales sólo Amorós ha accedido a emplear durante apenas dos minutos, tras lo cual la magistrada ha dejado visto para sentencia un proceso iniciado hace más de cinco años.