200.000 extremeños con más de 65: La Junta pide un fondo de cohesión demográfica en la financiación autonómica
El 20 por ciento de la población extremeña tiene más de 65 años. O lo que es lo mismo, la región se encuentra entre las ocho comunidades autónomas más envejecidas.
Extremadura acudirá al recién creado grupo de trabajo de las comunidades que abordará el reto demográfico con el propósito de que el sistema de financiación autonómica incorpore indicadores demográficos, pero también cuestiones como la densidad de población y la dispersión.
Fernando Blanco, secretario general de Presidencia de la Junta y representante del grupo por parte de Extremadura, defenderá que se trata de elementos fundamentales que deben medirse en el sistema.
En declaraciones a Canal Extremadura Radio, apunta a la necesidad de crear un fondo de cohesión demográfica a nivel nacional dentro del debate de la financiación. El objetivo, definir un catálogo con el coste del envejecimiento poblacional que tiene que atender cada comunidad autónoma, así como el coste de las políticas de apoyo a la natalidad o las políticas de repoblación.
Extremadura comparte problemas demográficos con otras regiones, con las que tiene que establecer alianzas dentro de los grupos de debate abiertos. Pero además presenta sus propias peculiaridades, si se tiene en cuenta por ejemplo que la comunidad tiene una densidad de población de 26 habitantes por kilómetro cuadrado (la media es de 92 habitantes).
Esto ha supuesto según explica Fernando Blanco una variante más de la despoblación, “y un elemento más para el encarecimiento de los servicios, que tendrá que tener una repercusión en el modelo de financiación autonómica”.
También desde Europa
En cuanto a las políticas europeas, Extremadura defiende que las políticas de cohesión también deben atender los retos demográficos. Apunta que la Comisión Europea tendría que recoger el ‘guante’ que el Parlamento le lanzó en diciembre de 2015, a la hora de elaborar una estrategia europea de desafío demográfico.
La Política Agraria Común, en su segundo pilar (el de desarrollo rural) debe apostar a su juicio por una articulación de servicios e infraestructuras que permita la inclusión social y aminorar los deterioros socioeconómicos que genera la demografía y la despoblación rural.
Defiende un marco financiero plurianual, con medidas y partidas concretas, así con instrumentos financieros concretos. Es algo que tiene ya el Comité de las Regiones asumido y declarado en su dictamen, y que será algo que se tendrá que trabajar según dice.
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
Incide en que hay que valorar el trabajo que se ha hecho hasta ahora con los fondos estructurales y la política de cohesión, ya que en Extremadura por ejemplo no se ha cerrado ningún pueblo, como sí ha ocurrido en otras comunidades.
Aunque existe un problema en Extremadura, advierte que cabe preguntarse qué hubiera pasado en la región si no se hubiera actuado desde las distintas administraciones en la ejecución de los fondos europeos, incorporando el enfoque Leader (de abajo arriba). O qué hubiera pasado si las diputaciones no hubieran articulado el territorio de la manera que lo han hecho.
“Evidentemente hay una 'aminoración' de la población, tenemos una sangría y un envejecimiento, pero partimos de una base de ese envejecimiento y de esa despoblación como consecuencia de las migraciones de los 50 y la no incorporación a las revoluciones industriales en su momento”.
“Si en este barco no está Europa, el Gobierno central y Extremadura juntos con otras comunidades, desde luego que con un solo gobierno autonómico no se pueden tomar medidas que por sí solas puedan solucionar el problema demográfico”.
