La represión con multas a los Campamentos Dignidad extremeños llega al Parlament catalán
El Parlament de Cataluña ha admitido a trámite una propuesta de resolución de Inicativa por Cataluña-Verdes y la CUP, en la que piden a la Generalitat que medie ante la Junta de Extremadura para abrir una vía de negociación con los Campamentos Dignidad de la región, en pro de una vida digna para los extremeños.
La lucha de estos campamentos, iniciada en 2013 y que ahora mantienen una protesta cerca de la casa del presidente Monago en Badajoz para que varias familias desahuciadas tengan vivienda, ha encontrado cierto eco solidario en partes de la sociedad catalana, incluso con donaciones económicas para sufragar el movimiento, y que ahora llega al Parlamento de aquella Comunidad.
La propuesta la han presentado Joan Mena Arca, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Iniciativa por Cataluña Verdes - Izquierda Unida y Alternativa, y David Fernández y Ramos, portavoz de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
En el texto, tras mencionarse la difícil situación de Extremadura, con un 28% de paro y muchos desahucios, se destaca la “meritoria” lucha de los Campamentos Dignidad, y observa con “profunda preocupación y conmoción” la “ola represiva” que recae sobre los miembros de los Campamentos Dignidad, que en estos momentos asciende a 183.000 euros de multa y a represalias diversas sobre 58 ciudadanos cuya única culpa consiste según la propuesta parlamentaria en luchar por el empleo, la renta básica y una vivienda.
La propuesta de resolución, que será debatida en la comisión de justicia e interior, llama al pueblo catalán a expresar su solidaridad con el pueblo de Extremadura usando los múltiples lazos personales, familiares o de simpatía “que nos unen a ambos pueblos”, así como recoger las ayudas necesarias para hacer frente a la represión y a las multas.
Juzgado por burlarse de Extremadura
La cara opuesta del pueblo catalán es la de Lluis Suñé, concejal de un pequeño grupo político de Torredembarra (Tarragona), que será juzgado el día 17 por un presunto delito de ultraje a la nación, y para el que la Junta de Extremadura pide un año de cárcel por hacer iniciado en su blog, en 2008, la campaña ‘Apadrina un niño extremeño por 1.000 euros’.
Suñé luego pidió disculpas y dijo que simplemente trataba de criticar que el Gobierno nacional no publicara las balanzas fiscales, que en su opinión demostrarían que Cataluña aporta al resto de España más de lo que recibe.
El concejal ha anunciado este jueves que cuando todo termine –el fiscal pide su absolución— denunciará al presidente extremeño Monago por “haberme hecho la vida imposible” en estos seis años; su abogado ha propuesto que en el juicio declaren tanto Monago como Fernández Vara, que gobernaba cuando la Junta denunció a Suñé.
