A las familias de la Corrala de Mérida les cortaron el agua corriente y ahora… apagón del alumbrado público
Pensaban que no les podía pasar nada más, tras ver cómo la empresa Aqualia les cortaba el agua corriente. Pero se equivocaban. Las 19 familias que han ocupado una vivienda propiedad del banco malo (la Sareb) en Mérida se han quedado sin la luz de las farolas. El corte del alumbrado público solo afecta al módulo de viviendas que han ocupado, y no al resto del barrio de La Calzada de Mérida.
En concreto afecta a la calle Amelia Valcarce, donde se encuentran sus viviendas. Cuando se va el sol se quedan en penumbra. Las familias conviven en oscuridad absoluta porque los cuadros eléctricos y el cableado fue expoliado en el interior de las viviendas abandonadas que ocuparon, propiedad de la Sareb (el banco malo).
Están sorprendidos. Reconocen que nunca pensaron sufrir estos cortes a tres días de unas elecciones. Culpan directamente al alcalde del PP, Pedro Acedo, y aseguran que detrás del corte de suministro de agua y luz está el gobierno municipal. Una hipótesis que el regidor ya ha desmentido en declaraciones a los medios de comunicación.
Mientras tanto, los 18 niños de las familias de la Corrala siguen alejados de sus padres. No pueden estar allí porque no tienen los servicios mínimos de habitalidad (al menos hasta que no tengan luz y agua).
Pese a los obstáculos que están encontrando en el camino, no piensan abandonar su lucha. Vuelven a poner de manifiesto que reclaman un alquiler social, y que están dispuestos a pagar tanto el recibo de cómo como el de agua. De momento no han sido escuchados.
“Estamos aquí porque queremos darle un techo a nuestros hijos, porque somos víctimas del paro y de los desahucios”, señala Jesús Oliva, uno de los habitantes de la Corrala.
Así las familias insisten en que son parados de larga duración, precarios, personas a la espera de cobrar la renta básica. Y a todo ello se une ahora que son padres de familia, con los menores realojados en casas de familiares y amigos.
“La mayoría hemos sufrido desahucios y hemos quedado fuera en los procesos de adjudicación de vivienda. No defendemos sólo nuestro derecho, sino el de las más de 400 familias solicitantes de vivienda social y el de otras muchas que sufren el abuso de los bancos, que han convertido el desahucio en una rutina”, han señalado a este diario.
