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GALICIA

Cuando el PP veía en las impugnaciones de votos un "aferramiento patológico al poder"

La dirección provincial del PP en A Coruña ordena que sus representantes en la capital de la provincia, en Santiago y en Ferrol pidan el recuento de todos los votos nulos y reclamen para sí sufragios anulados.

Tras las elecciones de 2011 los conservadores cargaron con dureza contra PSdeG y BNG por impugnar y recurrir resultados de mesas electorales en Compostela.

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Feijóo, con Gerardo Conde Roa tras ser investido como alcalde de Santiago / Ana Varela

Feijóo, con Gerardo Conde Roa tras ser investido como alcalde de Santiago / Ana Varela

Tras vencer en las elecciones municipales de 2011 Gerardo Conde Roa no tomó posesión como alcalde de Santiago el 11 de junio, como la práctica totalidad de los regidores y regidoras elegidos en esos comicios. No lo hizo hasta el 1 de julio a causa de las impugnaciones y recursos formulados por PSdeG y BNG, formaciones a las que la mayoría absoluta conservadora desbancaba del gobierno de la capital de Galicia, que sustentaban en coalición. Tanto la Junta Electoral como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimaron los argumentos de socialistas y nacionalistas y Conde Roa asumió la alcaldía. Pero de por medio hubo toda una riada de argumentos de los populares cargando contra los demás partidos por dudar de los recuentos o promover impugnaciones que interpretaban como un intento de "aferrarse al poder". Cuatro años más tarde esas impugnaciones ya no son tan mal vistas en la formación conservadora.

En A Coruña, provincia en la que hace cuatro años los populares habían triunfado con el 41% de los votos y mayorías absolutas en las tres ciudades, es donde se concentran ahora las impugnaciones. Así, por ejemplo, el PP de Santiago admitía este miércoles, en el marco de la celebración del recuento definitivo de los votos, que la dirección provincial del partido había adoptado la "decisión" de pedir un nuevo recuento de votos nulos en A Coruña, Ferrol y Santiago, urbes en las que serán desplazados de las alcaldías. La petición, subrayan, "se hace en el marco de la legislación vigente" y responde a la "más absoluta normalidad democrática". Mientras, en la ciudad de A Coruña, el PP pedirá que se le sumen 56 votos anulados en un contexto en el que la Marea Atlántica es la fuerza más votada del Ayuntamiento por 5 votos de diferencia.

Efectivamente, este tipo de reclamaciones no solo responden a la legalidad, sino que son habituales tras los comicios, especialmente en resultados ajustados. Pero, ¿qué decían los populares hace cuatro años? Uno de los más beligerantes contra las impugnaciones fue el presidente de la Xunta y del partido, Alberto Núñez Feijóo. Mientras se resolvían las impugnaciones y recursos formulados por PSdeG en Santiago Feijóo consideraba que "los vecinos" compostelanos "no se merecían" dirigentes políticos que mientras se "despedían" de sus cargos públicos, "recurrían" el resultado electoral, que indicaba una "victoria nítida y limpia". Para Feijóo esta manera de proceder era "muy poco responsable" y, decía, solo servía para "ampliar el período del gobierno en funciones".

Todavía más duro se mostraba quien finalmente fue alcalde. En rueda de prensa con Carlos Negreira en la capital de Galicia Gerardo Conde Roa atribuía las reclamaciones al "aferramiento patológico al poder" que, a su juicio, padecían PSdeG y BNG, formaciones que, auguraba, iban "a terminar ahogándose y desapareciendo". "Terminarán los dos hundiéndose en su resultado electoral", aseguraba, mientras consideraba que la única voluntad de los recursos e impugnaciones era "entorpecer el acceso" al poder del nuevo gobierno.

Para el que sería primero de los tres alcaldes populares del mandato aquellas actuaciones de los socios del gobierno saliente servían para "anunciar lo que van a ser los próximos cuatro años de legislatura". Los grupos que iban a pasar a la oposición, reprochaba, solo estaban mostrando "afán de prolongar una situación que está perjudicando al Ayuntamiento de Santiago". En esta línea, no ocultaba sus "sospechas" sobre la posibilidad que los recursos estuvieran ligados a un intento de PSdeG y BNG por condicionar adjudicaciones pendientes como las de la ORA y la grúa y por "exprimir al máximo" las cuentas del Ayuntamiento para "dejar endeudado" al nuevo gabinete.

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