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Cifuentes pide a Carmena por burofax que retire de los autobuses carteles que le acusan de congelar el presupuesto de la EMT

La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. / Efe

Andrés Gil

Por carta y burofax. Así ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la retirada de autobuses y marquesinas de carteles que criticaban la deciesión del Gobierno regional de no participar en la compra de autobuses de la EMT y a no contribuir al 50% en los gastos de mantenimiento del servicio.

La alcaldesa de Madrid ha afirmado que se iban a retirar: “Como quitamos todos los demás papeles: busco trabajo, reparo ordenadores, etc”, explican fuentes municipales, “y se han retirado”.

En su carta, fechada el 3 de noviembre, Cifuentes afirma: “La Comunidad de Madrid ha tenido conocimiento de la colocación de carteles en autobuses y marquesindas de la EMT donde se realizan afirmaciones [...] que no se ajustan a la realidad. [...] Me veo obligada a instar a su inmediata retirada. [...] Sin perjuicio, en todo caso, de que por parte de la Comunidad de Madrid se proceda al estudio de las medidas oportunas, conforme a derecho”.

El Consorcio de Transportes, en el que el Gobierno regional tiene mayoría, aprobó hace una semana sus presupuestos para 2016, que incluyen un aumento para todos los modos de transporte salvo para los autobuses de la capital, que gestiona el Ayuntamiento.

Los recursos para el Metro, que depende de la Comunidad de Madrid, aumentan en un 9% (70 millones más). Los de los autobuses interurbanos y las líneas ferroviarias se incrementan respectivamente en un 2,8% y un 1,3%, según datos proporcionados por el Consistorio. Sin embargo, los de la EMT (Empresa Municipal de Transportes, que gestiona los autobuses de la capital) quedan congelados.

Según ha explicado el equipo de Manuela Carmena en un comunicado, la decisión se aprobó con 9 votos a favor: los de los representantes del Gobierno regional, el Estado y asociaciones de empresarios. En contra hubo 6 votos: los correspondientes al Ayuntamiento, los sindicatos CCOO y UGT y uno de los representantes del resto de municipios de la región.

“Para el Ayuntamiento de Madrid, el presupuesto es inadmisible y pone en riesgo no solo la viabilidad de la EMT como empresa, sino la cobertura de sus principales servicios”, ha lamentado la concejala de Movilidad, Inés Sabanés. Ha añadido que “estos presupuestos suponen un ataque frontal al transporte público”. Su equipo acusa al Consorcio y a la Comunidad de tener una “intencionalidad premeditada de llevar a la EMT a la quiebra y obligar al Ayuntamiento a hacerse cargo de las inversiones necesarias”.

Fuentes del Gobierno regional han explicado a eldiario.es que el aumento presupuestario para el Metro está justificado por las mejoras que tienen previstas para el servicio, como la contratación de 360 nuevos conductores, “que permitirá recuperar las frecuencias de paso previas a la crisis”. Según estas fuentes, el Ayuntamiento no ha planteado mejoras de ese tipo para el servicio de autobuses urbanos, por lo que no hay motivos para un incremento presupuestario.

El equipo de Cristina Cifuentes ha defendido en un comunicado que su aportación al Consorcio de Transportes se incrementa en un 19% (176 millones más), mientras que la del Ayuntamiento solo crece un 4% (4 millones adicionales). Se queja de que el Consistorio “pretende que con la mayor aportación del Gobierno regional se financien sus propuestas”.

El equipo municipal ha afirmado que estas cuentas obligarán a “empeorar la frecuencia de líneas de la EMT y disminuir líneas de autobuses, a pesar que el propio Consorcio reconoce una previsión de aumento de la demanda del 3%”. También ha lamentado que no se destine ningún presupuesto a la compra de autobuses, algo que ya ocurrió en los tres últimos años.

Según cifras aportadas por la Comunidad, esta aporta el 78% del presupuesto administrativo del Consorcio de Transportes, mientras que el Ayuntamiento pone el 10%. El Estado contribuye con el 11% y el resto de corporaciones locales y comunidades autónomas, con el 1%.

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