El juez del caso Lezo rechaza dar documentos del sumario a la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dictado en un auto con fecha 29 de enero de 2018, al que ha tenido acceso eldiario.es, que “no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación sobre la corrupción política” relativa a la operación que instruye. Señala que un juzgado no puede ceder “a terceros” documentos como intervenciones telefónicas, registros o datos tributarios.
El pronunciamiento del magistrado es una respuesta a una consulta del consejero de Presidencia remitida al juzgado vía Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como figura en el auto, y anunciada por el Gobierno tras el levantamiento del secreto de sumario del caso Lezo en diciembre. Entonces, el Ejecutivo llevaba seis meses negando actas públicas de los consejos de administración del Canal de Isabel II a la oposición. No obstante, en el auto no se recoge el contenido de dicha consulta ni los documentos concretos sobre los que versa.
El magistrado afirma que no está facultado para hacer entrega de documentación a la Asamblea “sobre procedimientos que se están conociendo por los jueces y tribunales”. “La facultad de recabar información y documentación que se concede a los integrantes de cualquier comisión de investigación que se constituya en la Asamblea de Madrid se circunscribe a la que precise del Gobierno y de la Administración, sin que en ningún momento se les faculte para recabar información o documentación al Poder Judicial”, sostiene.
Una parte importante de esos documentos que el juzgado se niega a entregar ya están en manos de los diputados de la Asamblea. El Ejecutivo de Cifuentes los empezó a pasar hace unas semanas, después de publicar eldiario.es que una providencia procedente del mismo juzgado pero firmada por el magistrado Andreu (sustituto de García Castellón en vacaciones) resolvía que la justicia no puede “dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de proporcionarla” porque la petición de información “se rige por disposiciones administrativas”.
Los diputados no pidieron documentos al juez
En este caso concreto, los diputados no se han dirigido al juez a solicitarle información, sino que han acudido únicamente a la administración a solicitar unos documentos que son de libre acceso para los parlamentarios.
Es un caso distinto al de la Comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, donde los jueces de Gürtel también se han negado a entregar documentos, en este caso informes policiales que solo consta en el sumario. Los diputados sí que hicieron la petición específica al Poder Judicial, que la rechazó.
“La consecuencia de lo anteriormente expuesto no puede ser otra que la de entender que no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren en la fase de instrucción”, añade el juez del caso Lezo, que apoya su decisión en el “derecho a la presunción de inocencia de los acusados”.
El juez pone ejemplos de algunos documentos que se incorporan a un sumario a medida que se desarrolla una investigación: entradas y registros, intervenciones telefónicas, comisiones rogatorias o información tributaria. En este punto, señala que los datos fiscales, por ejemplo, “no pueden ser cedidos por el órgano judicial a terceros, lo que no obsta a que la propia Comisión de Investigación solicite a la AEAT -Agencia Tributaria- los que precise en el marco legalmente establecido”.
La primera providencia del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, “traspapelada” por el Ejecutivo, respondía a una primera consulta de la Comunidad de Madrid sobre si podía o no entregar la información a la oposición, pese a que las actas son públicas y los diputados tienen derecho a conocerlas. Entonces, Andreu le dio vía libre para hacerlo. El segundo auto, firmado por García Castellón, es la respuesta a una segunda consulta emitida a principios de enero.
