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Un informe municipal certifica la "falta de mantenimiento" de los cementerios de Madrid

Un estudio encargado por el Ayuntamiento cifra en 23,8 millones las inversiones necesarias para rehabilitar las instalaciones y advierte de que sólo el 16,8% de los edificios están en condiciones aceptables

De las inversiones totales, 15,9 millones corresponden a La Almudena, que ofrece una "clara posibilidad de retorno económico"

La aseguradora Mapfre quiere una compensación por la remunicipalización de la funeraria madrileña, tras haberse embolsado la concesionaria 64 millones desde la venta del 49% a precio de saldo en 1992

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Nichos en el cementerio de La Almudena, en septiembre de 2013. Foto: cc Jaime Lissavetzky vía Flickr

Nichos en el cementerio de La Almudena, en septiembre de 2013. Foto: cc Jaime Lissavetzky vía Flickr

El Ayuntamiento de Madrid acumula munición contra Funespaña ante la próxima remunicipalización, a partir del próximo 16 de septiembre, del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM) que actualmente está en manos de esa empresa privada. Un informe externo encargado por el Ayuntamiento certifica la "falta de mantenimiento" de los cementerios madrileños por parte de la concesionaria, perteneciente a la aseguradora Mapfre. Funespaña pretende lograr una compensación del Consistorio por la próxima extinción de la concesión tras haberse embolsado, según el Ayuntamiento, cerca de 64 millones de euros en beneficios desde la polémica privatización de la EMSFM en 1922.

El informe, fechado en diciembre y encargado a la empresa de ingeniería Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (Cemosa) para evaluar el estado actual de los cementerios madrileños e identificar "propuestas de actuación", abona la idea de que Funespaña ha incumplido sus compromisos de inversión en los últimos años mientras se lucraba con la gestión de la EMSFM.

Según Cemosa, el total de inversiones a realizar para rehabilitar los cementerios madrileños asciende a 23,8 millones de euros, de los que 15,9 millones corresponden al de La Almudena. "El estado actual de cada uno de ellos obedece principalmente a un bajo criterio de mantenimiento, que como es lógico, implica el aceleramiento de las patologías o lesiones propias de materiales y sistemas constructivos debidas a su antigüedad", dice el informe.

De esos 23,8 millones, buena parte (10,4 millones) correspondería a obras de urbanización interior (aceras, asfaltado, accesos, muros interiores, secciones de nichos...). La "mayor inversión" correspondería a La Almudena, con 15,9 millones.

"Prácticamente derruidas"

Este cementerio, uno de los mayores de Europa, ofrece una "clara posibilidad de retorno económico", según el informe, ya que "posee zonas de nichos prácticamente derruidas y que tras las intervenciones de reparación y rehabilitación podrán ser utilizadas de nuevo". "El posible retorno económico una vez rehabilitadas las mesetas del cementerio de Nuestra Señora de La Almudena asciende a 13.480.838,72 €", según estimaciones que recomienda asumir "con cierta prudencia".

En el caso de los edificios, Cemosa ha inspeccionado "un total de 113 edificaciones de diferente tipología y usos, de los cuales 19 dan como resultado un Acta Favorable de Inspección Técnica". En otras palabras, sólo el 16,8% está en condiciones aceptables. El otro, requiere "diversas intervenciones para devolver a las mismas las condiciones de seguridad o habitabilidad que requieren para su correcto funcionamiento". La inversión estimada en este apartado es de más de 2 millones de euros.

La EMFSM fue privatizada parcialmente en 1992 en lo que se conoció como 'caso Funeraria', el mayor escándalo de la época del alcalde del PP José María Álvarez del Manzano. Funespaña se quedó por 100 pesetas (0,6 euros) con la mitad de una empresa que dos años después, con la deuda condonada por el Ayuntamiento de Manzano, ganaba 6 millones de euros. El caso acabó empantanado en los tribunales, y 17 años después, Luis María Huete, uno de los tres concejales que aprobaron la operación, fue el único condenado por el Tribunal Supremo (por prevaricación).

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