Sólo un día después de que el presidente de la Región de Murcia, Alberto Garre, proclamara la necesidad de transparencia de la política frente a los ciudadanos, y de que vaticinara la dificultad que supondría consensuar la Ley de Transparencia con las demás fuerzas políticas en un periodo cercano a las elecciones autonómicas, su mismo partido ha decidido dar por terminados los trabajos de la ponencia que se encargaba de recoger y debatir los pormenores de la futura ley. Tras afirmar en boca de su diputado Gregorio Morales que la voluntad del PP siempre ha sido la de “trabajar para tener una ley consensuada”, el Grupo Popular en la Asamblea Regional ha explicado que su partido “lamentablemente se ha visto obligado” a suspender y dar por terminados los trabajos de la ponencia, justo un año después de su creación, ante la actitud “totalmente pasiva” de los diputados socialistas.
El PP no estaba de acuerdo con la condición que los diputados socialistas Begoña García Retegui y Rafael González Tovar habían señalado como indispensable: que no hubiera cargos electos imputados en la Comunidad Autónoma. En opinión de los ‘populares’, el hecho de imponer una condición es la muestra de que el PSRM no estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el Partido Popular ha afirmado que el fin de la ponencia no significa que no se vaya a sacar adelante la Ley de Transparencia, cuya aprobación señalan como inminente, pero sí que se hará según decida el PP, que tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Regional.
El PSOE ha calificado la decisión del PP como una descortesía hacia el resto de partidos y como una burla al trabajo de los diputados. El socialista Francisco Oñate señala como hecho “curioso” el que el PP decida disolver la ponencia justo cuando se iba a tratar el asunto de la ética y la corrupción política: “Esta maniobra podría deberse más bien a que el PP ha tratado de evitar abordar el capítulo de ética y buen gobierno, para no tener que hablar de imputados y de corrupción”. El miedo del Partido Popular, en opinión de Oñate, vendría dado “porque saben que el PSOE va a poner un listón complicado para ellos, que conviven con dos imputados en el Gobierno regional, con un imputado en la Delegación del Gobierno, con alcaldes de ciudades importantes también imputados…”. Para el diputado socialista, “el PP no está limpio para afrontar un debate transparente sobre la ética del buen gobierno, y antes de que llegue ese momento han decidido romper con la ponencia”.
En la misma línea se ha expresado el líder de IU – Verdes en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, para quien la decisión del PP de romper la ponencia de la Ley de Transparencia está en consonancia con que el partido del Gobierno evite la comparecencia del expresidente Valcárcel en la Asamblea, o no acepte crear comisiones de investigación sobre el caso Novo Carthago –por el que se mantienen como imputados el actual consejero de medio ambiente, Antonio Cerdá, el exconsejero de medio ambiente y exdelegado del Gobierno, Francisco Marqués, y el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana-, y sobre la relación del PP con Hefame.
El mismo consenso que se reclamaba para la elaboración de la Ley de Transparencia, es el que hoy mismo se ha pedido en la posible reforma de la Ley Electoral, dentro de la reunión de la Comisión que se creó para tal fin y que ha tenido lugar en la Asamblea Regional, después de un año y medio de inactividad. A ese respecto, la diputada socialista Begoña García Retegui ha declarado que al PP “le entró el pánico tras los resultados de las Elecciones Europeas”, y de ahí que lanzara su propuesta de “pucherazo electoral”. Retegui cree que el PP está buscando una excusa para decir que no puede llevar a cabo la reforma electoral, “al sopesar el desgaste que le va a suponer políticamente y la mala acogida que ha tenido su propuesta entre la ciudadanía”. La diputada socialista ha concluido que su grupo sólo participará de la reforma si se lleva a cabo de manera consensuada.
