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REGIÓN DE MURCIA

El abogado Diego de Ramón pide la detención de Valcárcel y el PP abandona la Comisión de Investigación

ACS ofreció a la Comunidad que comprara la desaladora por su precio de coste o rebajar las condiciones del contrato

El PP abandona la comparecencia del abogado Diego de Ramón por "no aportar datos, solo opiniones"

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El abogado Diego de Ramón, primer denunciante en la trama de la Desaladora de Escombreras

El abogado Diego de Ramón, primer denunciante en la trama de la Desaladora de Escombreras

Los diputados del PP han abandonado la Comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras durante la intervención del abogado Diego de Ramón al considerar que el compareciente "no ha aportado datos, solo juicios de valor". El popular Juan Luis Pedreño le ha echado en cara que no participase ni en la construcción ni puesta en marcha de la infraestructura y cuestionan su participación en la comisión.

Tras el abandono de la sala por parte del PP, De Ramón ha expresado su propuesta formal contra el PP "por indefensión". Ha recordado que desde el año 2010 está siguiendo el tema de la desaladora y que ya ha depositado en los juzgados más de 15.000 folios que soportan sus acusaciones. "La fiscalía está llena de pruebas, es una falta de educación y de respecto lo que han hecho desde el PP porque me han negado el derecho del ciudadano, el derecho de contestación", ha manifestado.

Durante su comparecencia, el abogado ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad del Estado cuando tengan conocimientos de ejercicios delictivos "han de actuar". Esta afirmación la ha realizado tras exponer que el asunto de la desaladora de Escombreras parte de "una trama de Valcárcel".

En su intervención ha expuesto que la construcción de la desaladora es una trama de "recalificación masiva" en base a un órgano que "no estaba autorizado para dar esos recursos de agua". Además, ha señalado que la desaladora ha sido la "cobertura legal" que se ha adoptado para una recalificación "desorbitada" de los terrenos, de hecho, señala que este año la Comunidad Autónoma ha publicado que se han recalificado 800.000 viviendas.

Tras la comisión, el letrado ha recalcado que no tiene nada "personal" contra Valcárcel, "si tengo que rezar por que sea mejor persona, lo haré", además considera que "ha actuado mal desde un principio y tiene que responder de sus actos. Me duele que no se me quiera escuchar y que se utilicen disfraces políticos".

La única comisión que ha sido privada, por petición de los comparecientes, ha sido la de los comparecientes del Bufete Ariño y Villar, que ha sido por videoconferencia. A pesar de ser secreta, los diputados de la oposición han coincidido en que ha sido "muy interesante".

Jesús Navarro: "Los abogados del bufete Ariño y Villar desmontan las teorías del PP"

El diputado que más datos ha aportado sobre esta última comparecencia ha sido el socialista Jesús Navarro, que ha relatado cómo los abogados del bufete han "desmontado" las declaraciones de Valcárcel, Cerdá e incluso de los gerentes del EPA al afirmar que cuando les contrató el EPA "el proyecto de la desaladora estaba asignado previamente a Hydro Management" y que ellos tenían "poca capacidad" de influir en los contratos que ya estaban acordado.

No obstante, Podemos ha informado de que han solicitado a los comparecientes el reconsiderar hacer pública la comisión y que éstos les han dicho que lo van a consultar, "es probable que muy pronto se pueda consultar el contenido de la comparecencia", ha dicho el diputado de Podemos, Antonio Urbina.

Por otro lado, los grupos de la oposición se han mostrado "sorprendidos" ante la actitud del PP en la comparecencia del abogado Diego de Ramón. Califican el abandono de la sala como una "falta de respeto" y añaden que ellos también han tenido que escuchar a comparecientes que no les gustaban. "Es un error del PP que desmonta la actitud que deberían tener ante la comisión", coinciden los tres parlamentarios.

Por su parte, el PP considera que la comparecencia de este abogado es el "culmen del circo máximo en que se ha convertido la Asamblea". El portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, ha recordado que Diego de Ramón no ha participado en la construcción ni puesta en marcha de la desaladora. "Solo ha venido a acusar al PP, al presidente Valcárcel al que ha mencionado en 62 ocasiones". Martínez ha insistido en que "hay que trabajar" por que la desaladora dé el máximo rendimiento pero dice que ha sido "bochornosa" la comparecencia de este abogado que es el denunciante de los problemas que ha tenido la desaladora.

El diputado de Podemos Antonio Urbina ha destacado la "dimensión internacional" de la desaladora y ha expuesto que queda pendiente de aclarar cuánto se ha amortizado y cuánto no del crédito que concedió Banesto, así como ha mostrado sorpresa al no aceptar la Comunidad la oferta de adquirir la desaladora al precio de coste o renegociar los contratos.

Finalmente, el diputado de Ciudadanos, Miguel Sánchez ha destacado las declaraciones de Diego de Ramón en las que dice que la construcción de la desaladora estaba "dentro de una trama piramidal del Gobierno" para dar soporte a la recalificación de 180 millones de metros cuadrados para construir 800.000 viviendas. Y ha afirmado que en la comparecencia se ha dicho que el EPA se creó para " sortear la legalidad vigente y dar cobertura a estos consorcios urbanísticos".

Arnaldos: ACS ofreció flexibilizar el contrato o que la Comunidad pudiera comprar la desaladora

La Desalinizadora de Escombreras puede generar una deuda de hasta 600 millones de euros

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El grupo ACS ofreció hace unos años a la Comunidad comprar la desaladora por su precio de coste, calculado unos 114 millones. Así lo ha desvelado esta mañana durante su comparecencia en la comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la Desaladora de Escombreras el abogado Andrés Santiago Arnaldos, asesor del consejo de administración de la empresa pública Desaladora de Escombreras.

Sin embargo, la Comunidad no aceptó esa oferta ni el reducir el alquiler por la instalación y continuó con dichos contratos de arrendamiento, que supondrá que en 18 años se tengan que abonar cerca de 600 millones de euros. También se ofreció como segunda opción el rebajar las condiciones del contrato, lo que se estima que podría haber supuesto un ahorro de 200 millones de euros.

Tal y como ha explicado el abogado, tampoco se redujo el alquiler de la desaladora por el déficit de la Comunidad "porque siempre hay que tomar una decisión en otra instancia que no es la desaladora y no es fácil de asumir", ha dicho en referencia a la necesidad de tener que firmar nuevos contratos, adquirir más compromisos y a la influencia que eso supone sobre el déficit público.

"Tengo la impresión de que esa decisión no se tomó en Murcia, sino en Madrid", ha contestado el Arnaldos a una de las preguntas de los diputados. Acto seguido ha aclarado que el tema del déficit ha de pasar primero por el Gobierno nacional "e incluso por Bruselas, es probable que la decisión de Murcia haya tenido que contar primero con autorizaciones".

Además ha explicado que en la época de crisis, los contratos se podrían modificar y renegociar a la baja o incluso vender las infraestructuras a precio de coste. Él tampoco cree que la Comunidad tenga posibilidades legales de "no pagar lo que queda" por la infraestructura.

Según advierte, dicha garantía "tuvo sentido en un momento en el que Desaladora no era propiedad de la Comunidad", sin embargo, una vez la entidad es parte de la Comunidad "la garantía adicional pierde sentido porque la deuda ya es propia". Añade que en estos momentos la opción de la Comunidad es asumir dicho pago, pero establecer las condiciones de cómo se van a realizar.

Por otro lado, ha expuesto que se destinó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a pagar la deuda contraída con Tedagua y que él recomendó que al tiempo que se pagaba la deuda se archivara la denuncia, algo que no sucedió pues dicha empresa mantiene "que había más cosas por discutir a parte de las facturas como el pago de facturas futuras, intereses o costas".

No obstante, alerta de que el no haberse archivado la denuncia tiene una parte positiva y es que "los defectos que hemos localizado en las facturas como el pago de la toma de Enagás o el coste de la energía eléctrica se lo tengan que enseñar al juez, porque a lo mejor determina que esas cantidades no se nos puedan repercutir".

En cuanto a los motivos por los que la policía registró su despacho de abogados, ha afirmado desconocerlos, aunque ha dejado claro en la comisión que todos los documentos que están allí están a disposición "del juzgado y de ustedes, no tengo nada que ocultar".

Durante su comparecencia ha incidido en que su labor en la desaladora consistía en gestionar el papeleo y ha negado que tuviera mayores responsabilidades, a pesar de que la sede social de desaladora de Escombreras estuviera ubicada en la misma dirección que su despacho profesional debido a una petición del primer gerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido. Asimismo, se le encargó la defensa en los pleitos que se adquirieron con las empresas Hydro Management y Tedagua, ambas del grupo ACS.

Finalmente, ha negado que la construcción de la desaladora fuera una "cuestión personal" de Valcárcel, ya que opina que al tratarse de una decisión tomada por el Ejecutivo "no hay cuestión personal".

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