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REGIÓN DE MURCIA

La PAH y una ayuda pública por violencia de género paralizan el desahucio de una madre y sus tres hijos en Murcia

Mónica, de 38 años de edad, madre de tres hijos y divorciada, ha logrado un acuerdo con la entidad financiera para pagar un alquiler social y mantener su vivienda

Había solicitado la Renta Activa de Inserción por malos tratos en el Servicio Público de Empleo Estatal tan sólo tres días antes de la notificación de desahucio

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Los miembros de la PAH de Molina de Segura durante la ocupación de la oficina de Cajamar en Jabalí Nuevo

Los miembros de la PAH de Molina de Segura durante la ocupación de la oficina de Cajamar en Javalí Nuevo

La vida de Mónica, marcada en el pasado por el martirio de la violencia, añadió hace una semana la heladora posibilidad de verse en la calle con sus tres hijos. Un aviso de desahucio con tan sólo doce días de antelación la ha llevado al límite: “Se me salía el corazón”, reconoce a este medio entre resoplidos. La ayuda de un funcionario del SEPE, la concesión ‘in extremis’ de la Renta Activa de Inserción por malos tratos –de 426 euros al mes- y la mediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Molina de Segura le han devuelto la sonrisa, aunque aún tardará un poco en recuperarse del susto.

Con 38 años de edad, divorciada desde hace cinco y sin haber tenido nunca la oportunidad de trabajar ni de estudiar, Mónica relata las dificultades a las que ha hecho frente para ganarse el sustento: “El padre de mis hijos se quedó sin trabajo y yo no había trabajado nunca, porque había tenido dos hijos seguidos y no había salido nunca de mi casa, así que en estos cinco años he buscado trabajo pero no lo he encontrado, salvo alguna casa que he podido limpiar… Pero no me ha dado ni para comer”. “Si hemos podido comer”, prosigue, “ha sido porque el padre de mi expareja me ha estado pasando la manutención, y de hecho, me he tenido que poner a estudiar”.

Al haber sido víctima de malos tratos, el lunes de la semana pasada decidió solicitar una ayuda en el SEPE -antiguo INEM-, la llamada Renta Activa de Inserción por violencia de género. Y casualmente, tres días después recibió la sorpresa: “El jueves por la tarde fue cuando me llegó la notificación del juzgado, avisándome de que se había fijado mi desahucio para el próximo lunes, 23 de febrero. Es decir, que me avisaron con doce días de antelación, y supuestamente debía irme antes de ese día”.

Con el pánico en el cuerpo, al día siguiente Mónica fue al banco y les explicó su situación, y les dijo que había pedido la ayuda. La respuesta no fue muy entusiasta: “Me dijeron que no podían hacer nada hasta que se supiera si me la habían concedido. Un empleado me dijo que tenía que dejarles las llaves antes del día 23, porque el desahucio costaba dinero, y me dijeron también que si al final me concedían la ayuda, que entonces verían qué es lo que podían hacer. Me dijeron que si quería un alquiler social, antes tendría que probar que iba a recibir esa ayuda”, nos cuenta Mónica.

Nada más salir del banco, se dirigió al SEPE: “Allí me dijeron que sí, que me habían concedido la prestación, y entonces el funcionario me dijo que cómo me iba a ir yo a la calle, que eso no podía ser”. Sin embargo, había un problema azuzado por la presión del tiempo: “Por una cuestión técnica, hasta el lunes no podían entregarme la certificación, pero el mismo funcionario envió un correo electrónico al banco para decirles que en efecto, me habían concedido la ayuda, y que el sistema informático se actualizaba de noche y que no podían certificarlo hasta el lunes siguiente”.

Allí mismo fue cuando Mónica decidió ponerse en contacto con la PAH de Molina de Segura, aunque en un principio ni siquiera se lo había planteado: “No pensaba hablar con la PAH, pensaba que tendría que irme, pero como en ese momento ya tenía la posibilidad de pagar un alquiler social porque me habían concedido la prestación en el SEPE, pensé que ya no me quería ir”. Por eso recurrió al asesoramiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acordó ocupar la oficina de la entidad financiera en Javalí Nuevo hasta arrancarles un compromiso en firme que anulara el desahucio.

 

Cuando me llegó el aviso de desahucio, me pregunté, ¿adónde voy yo con tres hijos y en la calle?

 

“Después de ir al SEPE no volví al banco porque tuve que ir a solicitar el abogado de oficio”, prosigue Mónica, en cuyo tono de voz se adivina el cansancio y la alegría al mismo tiempo. “Estuve desde las ocho de la mañana hasta las dos y pico de la tarde para tener un abogado y solicitar al juzgado que pararan el desahucio”, explica, aunque todo se habría de solucionar este martes por la mañana.

Mónica nos cuenta ahora la ocupación de la oficina de Cajamar, en la localidad de Javalí Nuevo: “Entramos pacíficos y tranquilos, y allí todo el mundo se puso pálido cuando nos vieron entrar, tanto el director como los empleados”, explica con tono jocoso. “El director nos dijo que se había quedado alucinado, que en 15 años que lleva en su cargo, jamás le había pasado esto. Entramos a hablar con él mi madre, los de la PAH y yo, y el director me dijo que él no se había negado en ningún momento…”. Sin embargo, Mónica matiza; “En realidad, el viernes pasado no me habían dicho ni que sí ni que no a la propuesta de pagar un alquiler social”.

“Me dijeron que tenían que estudiarlo, pero yo no tenía mucho tiempo para estudiarlo porque el desahucio era el lunes próximo”, justifica después de contar la reacción del director de la sucursal. Por eso, Mónica, su familia y los miembros de la PAH se quedaron allí hasta que lograron que se plasmara el acuerdo por escrito, y hasta que vieron con sus propios ojos cómo el director se comprometió a paralizar el desahucio.

“El préstamo que sacamos para la casa eran 114 mil euros, y luego mi pareja lo amplió en otros 15 mil euros más. Lo he tenido que buscar en los papeles porque ya ni me acordaba…”, cuenta Mónica, y añade: “Al final voy a pagar un alquiler social de menos de 100 euros al mes, gracias a la ayuda de 426 euros al mes de la Renta Activa de Inserción por malos tratos; me la han concedido por 11 meses, prorrogables dos veces más”.

Ahora que acaba de terminar su pesadilla, aconseja a todos los que se encuentren en su situación que acudan a una PAH, porque “hacen presión e intentan buscar una solución”. “Cuando me llegó el aviso de desahucio, me pregunté, ¿adónde voy yo con tres hijos y en la calle? ¿Cómo voy a desmantelar una casa entera en menos de doce días?”, vuelve a recordar Mónica, y luego termina sonriendo: “Cuando salimos del banco, y empezó la gente a aplaudir, mi hermana se echó a llorar, mi madre se echó a llorar, mi hijo se echó a llorar…”.

"Todos tenemos derecho a empezar de nuevo"

José Coy, conocido activista antidesahucios y portavoz de la PAH de Molina de Segura, habla con eldiario.es Región de Murcia sobre el caso de Mónica. Un caso que, afortunadamente, ha tenido un final feliz: "A pesar de que los desahucios han aumentado durante el último año, la mayor parte de las personas que acuden a una Plataforma de Afectados por las Hipotecas logra solucionar el problema". Allí se les asesora legalmente, se les acompaña y se les apoya también moralmente, para que no se sientan culpables; para que las personas que tienen frente a sí la amenaza de un desahucio, no sientan que han fracasado.

"Cuando se presiona, se consiguen soluciones y al menos se abre un proceso de negociación", argumenta Coy. Y prosigue: "Cada vez se habla más de quitas y de condonación de deudas, y por eso nuestro objetivo es que haya una amnistía hipotecaria. Si hay amnistías fiscales para los defraudadores, ¿por qué no va a haberla para las personas que por sus circunstancias, han perdido sus casas?".

José Coy, que habla del asunto con el mismo convencimiento del médico experto que diagnostica una enfermedad y plantea un remedio, termina con una afirmación: "Todos tenemos derecho a empezar de nuevo".

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