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Vox pide la retirada de la Ley de Igualdad LGTBI

Los diputados de la Asamblea Regional celebran la aprobación de la Ley LGTBI

Elisa Reche

Murcia —

La Ley de Igualdad Social de LGTBI se aprobó recientemente en la Asamblea Regional por unanimidad, situando a Murcia a la cabeza de los derechos de este colectivo. Pero para Vox Murcia no ha sido un avance.

El partido político sin representación en la Cámara “rechaza la sumisión del gobierno regional del PP y de toda la cámara autonómica a los postulados más radicales de la ideología de género”.

Uno de los argumentos subrayados por la agrupación es que “la sanidad murciana tiene otras prioridades de gasto mucho más acuciantes que las cirugías de cambio de sexo, teniendo en cuenta las largas listas de esperas quirúrgicas o para visitar al especialista, así como otros muchos recortes sanitarios que han afectado a los ciudadanos durante los últimos años”.

“Aún más grave nos parece la grave intromisión que se pretende hacer en la formación moral de los niños, violando el derecho de los padres a educarlos según sus propias convicciones, y de modo especial en una materia tan delicada como es la sexualidad”, señaló Vox.

Vox se postula a favor de “la defensa de los valores familiares que han construido nuestra civilización y de la libertad de educación, frente a las imposiciones de minorías extremistas”.

La formación política apeló “especialmente a la responsabilidad del partido que gobierna actualmente nuestra comunidad autónoma” para la retirada de dicha ley.

La Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista parte de una “perspectiva global e integral”, según dicho partido, a la hora de hacer frente a la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, actuando en el ámbito educativo, del empleo.

También apuesta por la igualdad de acceso a los tratamientos sanitarios o garantizando la reasignación de sexo, apoyando la visibilidad y el fomento de espacios donde la identidad de género y la orientación sexual puedan desarrollarse con libertad, al tiempo que contemple sanciones hacia los comportamientos que atenten contra una normal convivencia social.

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