El Arzobispado se persona como responsable civil subsidiario en caso Romanones

El Arzobispado de Granada se ha personado en calidad de responsable civil subsidiario en el conocido como caso Romanones, en el que se mantiene como único procesado al padre Román por supuestos abusos sexuales a un menor.

Esta personación a través de abogado y procurador, recogida en una providencia judicial a la que ha tenido acceso Efe, se produce después de que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada diera tres días de plazo al Arzobispado para hacerlo por su responsabilidad civil subsidiaria en la causa.

El juez Antonio Moreno, titular del juzgado instructor, notificó su decisión al arzobispo de Granada, Javier Martínez, a través de una providencia, a la que también tuvo acceso Efe, una vez practicada la declaración indagatoria al padre Román, quien negó el abuso sexual al menor y dijo que nunca se exhibió desnudo ante él.

Además de emplazar al Arzobispado para que se personara en autos con abogado y procurador, el magistrado le requería que prestara fianza como responsable civil subsidiario, con “apercibimientos legales en caso de no verificarlo”.

Por otra parte, también ha sido incorporado a la causa un informe pericial psiquiátrico, a propuesta de la defensa, que concluye que el joven denunciante no presenta ningún tipo de secuelas.

En su análisis, el médico psiquiatra indica que el joven, actualmente con 25 años, “no está traumatizado” por la relación con los sacerdotes y laicos denunciados y que la ansiedad que manifiesta es atribuible al “gran impacto mediático” del caso.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, recoge entre sus conclusiones que el joven tiene además “miedo a no ser creído” y a las consecuencias que se puedan derivar de ello.

El estudio llevado a cabo por el perito propuesto por la defensa ha incluido una revisión de la documentación del caso, una entrevista clínica con el joven, que ahora tiene 25 años, y varios test psicológicos.

Entre otros aspectos indica que, desde el cese de la convivencia en junio de 2008 y fin de los hechos denunciados, el joven ha mantenido “un funcionamiento normal”, como reconoce él mismo y queda reflejado en su trayectoria académica, social y de vida de pareja.

Según el informe pericial, sus problemas de ansiedad han surgido desde que efectuó la denuncia de los supuestos abusos en agosto de 2014, fecha a partir de la que cual se le toma declaración en sede canónica y que se acentúa cuando el caso se hace público, con “gran repercusión mediática y social” desencadenada por la intervención del papa Francisco.

El médico forense propuesto por la defensa también refiere una serie de “contradicciones” entre el relato del joven y lo recogido en el sumario y señala que la conducta documentada es “claramente contradictoria” con la que cabe esperar de una persona traumatizada por abusos sexuales en la adolescencia.

El perito añade además que, para justificar sus contradicciones, el denunciante recurre a conceptos psicológicos como disonancia cognitiva, grupo carismático o dependencia emocional, mecanismos que en su opinión “no inhiben” la respuesta de gran ansiedad, hiperalerta y re-experimentación que sufren las personas con traumas por abusos sexuales.

La declaración indagatoria al padre Román fue practicada después de que el juez instructor emitiera un auto de procesamiento contra este sacerdote ante los “indicios racionales” de delitos cometidos supuestamente contra el joven, que lo denunció en 2014 por hechos ocurridos cuando éste era menor.

Aunque la causa, sobre la que llegó a pronunciarse el papa Francisco, ha llegado a contar con doce imputados, diez curas y dos laicos, de los que cuatro fueron detenidos, la Audiencia decidió declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos, por lo que actualmente en el proceso sólo continúa el padre Román.