La juez decana de Barcelona advierte de que las cláusulas suelo colapsarán los juzgados

La juez decana de Barcelona, Mercè Caso, ha advertido del riesgo de “colapso” si el Ministerio de Justicia refuerza los juzgados para atender las “miles” de demandas previstas por las cláusulas suelo, lo que podría duplicar el tiempo de resolución de los asuntos civiles.

En una entrevista con Efe, Caso ha explicado que a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrían presentarse un millón y medio de demandas en toda España -“demandas latentes”-, que se sumarán al cerca de millón de asuntos civiles que anualmente asumen los juzgados españoles.

Ese “alud” de demandas que pueden ser interpuestas en los próximos meses por usuarios que no alcancen acuerdos extrajudiciales con las entidades bancarias amenaza con “colapsar” la jurisdicción civil, ya de por sí “saturada”, sostiene la decana de los juzgados de Barcelona.

Para Mercè Caso, es “imposible” que los juzgados civiles de Barcelona sean capaces de absorber una “entrada masiva” de asuntos como la derivada de la sentencia europea que anula las cláusulas suelo, si las administraciones no se comprometen a financiar los planes de refuerzo necesarios.

Esa saturación, ha alertado la jueza decana, se traduciría en un retraso “importante” en la resolución de todos los asuntos de las jurisdicción civil: si ahora el plazo de celebración del juicio es de entre siete u ocho meses, en un escenario de colapso por las demanda de cláusulas suelo este se podría situar entre los doce y los catorce meses.

El Consejo General del Poder de Judicial (CGPJ), ha explicado Caso, ha aprobado un plan de refuerzo que prevé que un juzgado de cada capital de provincia asuma los asuntos vinculados a cláusulas abusivas, con el apoyo de una estructura de “jueces de adscripción” que disponga de una oficina de refuerzo.

“¿Pero esto quién lo paga?”, se ha preguntado la jueza decana, que precisa que esos refuerzos judiciales requerirían en el caso de Barcelona un grupo de entre 15 o 16 jueces de adscripción con una oficina de entre 30 o 40 personas, con lo que ello supone en gasto de personal, medios tecnológicos y espacios, dado que las dependencias de la Ciutat de la Justícia serían insuficientes para albergarlos.

Según Caso, el problema para negociar esas partidas presupuestarias empeora en el caso de las comunidades, como Cataluña, que tienen trasferidas competencias en justicia, ya que los salarios de jueces y secretarios van a cargo del Ministerio, pero el resto de personal y recursos materiales son costeados por el gobierno autonómico.

La juez decana ha avanzado que se “opondrá” a cualquier intento de “desmontar otros planes de refuerzo” de los juzgados de Barcelona para dar cobertura al incremento de trabajo derivado de las demandas por las cláusulas suelo. “No podemos desnudar a un santo para vestir a otro”, ha proclamado.

En opinión de la decana, “no se puede aceptar que se haga a costa de otras medidas de refuerzo”, como las que tienen en Cataluña los juzgados barceloneses de familia de Badalona, Terrassa o Sabadell.

La Junta de jueces de Barcelona, según Caso, ha diseñado un plan alternativo propio “más ambicioso” para hacer frente al aumento de demandas, que, a diferencia del CGPJ, propone que cinco juzgados de la ciudad asuman en exclusiva los asuntos sobre cláusulas abusivas de toda la provincia, con cinco juzgados nuevos que se encarguen del resto de procedimientos.

Ese plan, que fue aprobado por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), topa con el mismo problema de falta de financiación por parte de las administraciones, un presupuesto que es imprescindible para pagar los salarios de un “grupo numeroso” de agentes judiciales.

En opinión de Mercè Caso, la anulación de las cláusulas suelo puede tener repercusiones sobre miles de familias en España, por lo que cree que corresponde a los políticos establecer las “prioridades” económicas necesarias para hacer frente a la situación.

“Voluntad estoy convencida de que la tendrían, pero no sé si tienen capacidad económica para hacer esa aportación extraordinaria”, ha lamentado.