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Birmania rechaza la comisión de la ONU sobre la persecución a los rohinyá
El Gobierno de Birmania (Myanmar) ha rechazado la comisión aprobada por la ONU para investigar la persecución continuada de la minoría musulmana rohinyá en el estado Rakhine, en el oeste del país, informó hoy la prensa estatal.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió ayer enviar “urgentemente” una misión para aclarar las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra civiles rohinyá y que, según el organismo, podrían constituir crímenes contra la Humanidad.
El Ministerio de Exteriores birmano, encabezado por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, advirtió que esta misión “hará más por inflamar que por resolver los problemas”, según un comunicado reproducido por el diario Global New Light of Myanmar.
La decisión de la ONU “no responde a la situación sobre el terreno y las circunstancias nacionales”, sostuvo el Ministerio, que, tras reiterar el compromiso del Gobierno para alcanzar una solución duradera, anunció su decisión de separarse de la resolución.
El Gobierno birmano ha creado una comisión encabezada por el vicepresidente, Myint Swe, pero el Consejo de la ONU decidió que las presuntas violaciones requieren la implicación de la comunidad internacional ante la duda sobre la independencia de ese órgano.
La misión de la ONU se centrará en las denuncias de ejecuciones, violaciones, desplazamientos forzosos y destrucción de casas cometidos en la campaña de castigo iniciada tras el asalto armado del 9 de octubre contra tres puestos de la Policía fronteriza.
Al menos 74.000 rohinyá se encuentran en campos de refugiados en Bangladesh y otros 20.000 se han desplazado en Rakhine a causa de esa operación militar.
La relatora de la ONU para Birmania, Yanghee Lee, pidió este mes una comisión para investigar las políticas de “discriminación sistemática” que sufre esta minoría, cuya situación en Rakhine empeoró tras el estallido de violencia sectaria de 2012.
El de los rohinyá es un asunto sensible en la política birmana, condicionada por grupos radicales budistas que llevaron al anterior Ejecutivo a adoptar múltiples medidas discriminatorias contra ese colectivo, incluida la privación de movimientos.
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