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La CE ofrece ayuda a Rumanía para atajar la corrupción y mejorar las cárceles

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La CE ofrece ayuda a Rumanía para atajar la corrupción y mejorar las cárceles

La CE ofrece ayuda a Rumanía para atajar la corrupción y mejorar las cárceles

La Comisión Europea (CE) ofreció hoy su apoyo al Gobierno de Rumanía para luchar contra la corrupción y mejorar la situación de las prisiones, después de que el Ejecutivo haya retirado el decreto para despenalizar ciertos casos de corrupción que había provocado protestas masivas en el país.

"El Gobierno de Rumanía necesita cambiar la legislación para hacerla acorde a la regulación de la Unión Europea y ofrecemos nuestra experiencia, si es necesario, para garantizar que esto sucede", dijo en rueda de prensa el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, después de reunirse en Bruselas con el primer ministro rumano, Sorin Grindeanu.

Tras un encuentro que calificó de "muy constructivo", Timmermans destacó el compromiso de Bucarest y Bruselas para "luchar con toda la fuerza contra la corrupción en Rumanía", así como para que el país continúe implementando las recomendaciones dentro del llamado Mecanismo de Vigilancia y Cooperación, por el que la Comisión vigila desde 2001 las reformas en materia judicial y anticorrupción.

En este sentido, Grindeanu indicó que ha pedido a la Comisión que "formule más clara y precisamente" algunas de las exigencias de este mecanismo y reiteró su voluntad de avanzar a la "velocidad adecuada" hacia el cumplimiento de los requisitos de Bruselas.

Por otra parte, el vicepresidente comunitario afirmó que en el encuentro se abordó el problema de la superpoblación y las malas condiciones en las prisiones rumanas y afirmó que la Comisión ha ofrecido al Ejecutivo de Bucarest "la oportunidad de trabajar juntos con urgencia en proyectos para mejorar las condiciones" en estos centros.

En concreto, Timmermans manifestó que se podrían utilizar fondos estructurales y de inversión para la renovación de los edificios u otras mejoras.

El primer ministro rumano, por su parte, aseguró que su Gobierno "está decidido a aceptar la oferta de la CE" y a "sacar adelante" los proyectos de mejora de las prisiones.

La superpoblación de los centros penitenciarios fue una de las justificaciones aportadas por el Gobierno socialdemócrata rumano para presentar el decreto que preveía solo castigos administrativos por los casos de abuso de poder con daños inferiores a los 44.000 euros, una medida que sacó a la calle a miles de rumanos en las mayores protestas desde la caída del comunismo, en 1989.

Grindeanu insistió en que su Gobierno está decidido a luchar contra la corrupción y subrayó que el Ejecutivo prevé además abrir el debate sobre las modificaciones en su código penal, exigidas por su Tribunal Constitucional, no solo al Parlamento nacional, sino también a "todas las instituciones y ONG".

"Si el proceso se hace con completa transparencia y plena participación de las ONG, la CE confía en que produzca los resultados que estamos buscando", resaltó Timmermans.

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