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El Canal se considera "sujeto pasivo perjudicado económicamente" y no descarta futuros riesgos financieros

El Canal de Isabel II Gestión S.A. se considera "sujeto pasivo perjudicado económicamente" por las supuestas irregularidades que se investigan en la Operación Lezo y no descarta que en un futuro, según avancen las pesquisas judiciales, se encuentre con riesgos financieros u operativos.

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El Canal se considera "sujeto pasivo perjudicado económicamente" y no descarta futuros riesgos financieros

Así se desprende del Informe Anual de Gobierno corporativo del ejercicio 2016 que ha remitido el Canal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde la compañía indica los riesgos relacionados con su actividad que se han materializado durante el pasado año.

De este modo, admite los riesgos pero asegura que "ninguno de ellos ha tenido impacto relevante" sobre el negocio del Canal de Isabel II, ya que "han funcionado adecuadamente las medidas de prevención y/o mitigación de los mismos".

Aunque la 'Operación Lezo' como tal se ha destapado hace una semana, lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigan viene de meses atrás. De hecho, el propio Canal realizó un informe para remitir a la Fiscalía y aclarar la compra de Emissao en 2013.

Por eso, la sociedad entiende necesario hacer referencia en este informe a los "eventuales riesgos que se podría derivar" de la tramitación de las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre el asunto de posible corrupción en la que se habrían visto implicados varios directivos del Canal.

"De la limitada información a la que esta sociedad, hasta el momento de elaboración de este informe, ha podido tener acceso, no parece deducirse un especial riesgo de que la sociedad pueda ser objeto de responsabilidad penal en virtud del artículo 31 bis del Código Penal", recoge.

Y ello, añade, porque de esa "limitada información se deduce en principio que la sociedad no ha sido beneficiaria económica de las supuestas actividades ilícitas, sino más bien sujeto pasivo perjudicado económicamente, habiéndose acordado, en este sentido, la personación de la sociedad como parte acusadora en las mencionadas diligencias".

En este último sentido, sí que reconocen que "razonablemente no se puede descartar que, a medida que vayan avanzando" las referidas investigaciones judiciales, "aparezcan contingencias que impliquen nuevos riesgos operativos y financieros".

Esto, según subraya, "eventualmente podría repercutir en la imagen patrimonial de la sociedad que se refleja en las cuentas anuales y en la memoria, de lo que en tal caso se dejará inmediata constancia en los documentos contables correspondientes".

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