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Catalá destaca las políticas contra la corrupción y el blanqueo de capitales y aplaude la labor del SEPBLAC

El Ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha destacado este jueves la puesta en marcha de de políticas judiciales contra la corrupción y el blanqueo de capitales durante la legislatura de Mariano Rajoy y ha aplaudido la labor del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC) como unidad de investigación y prevención de la delincuencia.

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Así lo ha expresado durante la entrega de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort al director del SEPBLAC, Juan Manuel Vega, y al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que ha destacado las reformas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la modificación de la normativa relativa a la financiación de los partidos y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras.

Según Catalá, la función del SEPBLAC como unidad de inteligencia financiera, que se encarga de la investigación y prevención de distintas formas de delincuencia, permite que se optimicen "los frutos" del decomiso para poder indemnizar a las víctimas en el marco del proceso penal,tal y como establece la nueva regulación y la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

Asimismo, ha señalado que el sobrante de todo lo recaudado se destinará a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.

Por otro lado, el responsable de Justicia ha hecho hincapié en que la nueva Ley de Sociedades de Capital permitirá "la mejora del gobierno corporativo en aras de obtener un mayor control interno" en la administración de empresas.

Y, ha recordado que con las modificaciones en el nuevo Código Penal se ha incorporado el castigo por el pago de sobornos a cambio de ventajas competitivas, la revisión en materia de delitos patrimoniales y la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas.

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